El abogado de Puigdemont sale al paso de las presiones al expresident tras el fallo del TJUE: "Que siga de vacaciones"

El abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha respondido a las presiones para que el expresidente de la Generalitat regrese inmediatamente a España tras el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la Ley de Amnistía. Frente a quienes reclaman un movimiento inmediato del líder de Junts, el letrado apuesta por la cautela y asegura que le ha recomendado que no altere sus planes: “Continuar de vacaciones”.

Boye sostiene que las resoluciones dictadas por Luxemburgo dejan establecido el criterio que deben seguir los tribunales españoles y considera que ya no existe “margen interpretativo” para resistirse a la aplicación de la norma. En una entrevista concedida a El País, el abogado afirma que el TJUE ha tratado de cerrar definitivamente el debate europeo sobre la amnistía y ha fijado con claridad las obligaciones de los órganos judiciales nacionales.

Su posición contrasta con el mensaje trasladado por el ministro de Transportes, Óscar Puente, que este viernes instó a Puigdemont a regresar incluso si su entrada en España pudiera desembocar en una detención. El dirigente socialista defendió que ese movimiento supondría un gesto de liderazgo político y permitiría evidenciar la contradicción entre el respaldo europeo a la ley y la negativa del Tribunal Supremo a aplicársela por el delito de malversación.

El equipo jurídico de Puigdemont, sin embargo, no considera que deba asumir ahora ese riesgo. Boye entiende que es el Supremo o, en su defecto, el Tribunal Constitucional quien tiene que mover ficha antes de plantear un regreso. Hasta entonces, sostiene que las prisas no corresponden al expresident, sino a unas instituciones judiciales cuya imagen puede deteriorarse si continúan demorando una solución.

“El tiempo va en contra de la imagen de la Justicia”

El abogado ha recordado que el Constitucional acumula ya alrededor de un año y medio de retraso en la resolución de los recursos relacionados con la aplicación de la amnistía. En el caso del Supremo, considera que el reloj ha comenzado a correr de nuevo después de que el TJUE haya introducido un criterio europeo que debe ser incorporado a sus decisiones.

“Nosotros no tenemos por qué correr. El tiempo va en contra de la imagen de la justicia, no en contra nuestra”, ha resumido Boye. El letrado confía en que los tribunales actúen de oficio y apliquen las conclusiones de Luxemburgo sin necesidad de que la defensa presente nuevos recursos para forzar una revisión.

Boye admite que en anteriores ocasiones ha cuestionado duramente el comportamiento de una parte de la judicatura española, pero considera que la contundencia de la resolución europea hace difícil imaginar que los magistrados puedan seguir “arrastrando los pies”. A su juicio, el sentido común jurídico obliga ahora a acatar el fallo y trasladarlo a los procedimientos pendientes.

También ha rechazado los argumentos del Partido Popular, que insiste en señalar que el TJUE no ha entrado a valorar ni la constitucionalidad de la ley ni su oportunidad política. Boye califica esa crítica de “absurdo jurídico”, puesto que Luxemburgo no tiene competencias para examinar la constitucionalidad de una norma española, una cuestión sobre la que ya se pronunció el Tribunal Constitucional.

Las sentencias europeas respondieron a las dudas planteadas por el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional respecto a la posible afectación de los intereses financieros de la Unión Europea y a la compatibilidad de la amnistía con la normativa comunitaria en materia de terrorismo. El TJUE concluyó que el derecho europeo no se opone a los aspectos centrales de la ley analizados en ambos procedimientos.

El regreso dependerá también de la política

La estrategia de la defensa pasa por esperar a que se pronuncie el Supremo o el Constitucional. Boye ha introducido, además, otro elemento de presión sobre ambos órganos: el Tribunal Europeo de Derechos Humanos podría resolver antes alguno de los asuntos que mantiene pendientes y provocar una segunda censura europea sobre la actuación de la justicia española.

En todo caso, el abogado reconoce que el eventual regreso de Puigdemont no dependerá únicamente del calendario judicial. El expresidente también deberá valorar factores políticos y personales antes de elegir el momento. Boye recuerda que su cliente ya asumió un riesgo elevado cuando apareció en Barcelona en agosto de 2024, coincidiendo con la investidura de Salvador Illa, pero subraya que entonces existía una urgencia política concreta.