Este lunes el presidente de Vox, Santiago Abascal, está citado para declarar ante el Juzgado de Primera Instancia número 44 de Madrid para responder por la presunta disolución ilegal del Comité Ejecutivo Provincial (CEP) de la formación ultra en Barcelona, después de que varios afiliados la hayan recurrido ante la justicia denunciando una supuesta vulneración fundamental a la participación política.
El dirigente del partido de extrema derecha se sentará en el banquillo pese a todos los intentos que ha realizado Vox para que no se diera esta imagen. En primera instancia, la formación ultra pidió que Abascal declarara por escrito, asegurando que este debía acudir el mismo día (el 16 de noviembre) a un congreso en Hungria, posteriormente destacaron que el líder de Vox no asistió a la reunión del Comité Ejecutivo Nacional de Vox en la que se decidió cesar a la dirección del partido en Barcelona. Un hecho, este último, que es cierto, puesto que Abascal no estaba en Madrid, donde su celebró esa polémica reunión, sino precisamente en Barcelona, visitando un cuartel de la Guardia Civil.
Rechazadas estas soluciones, Vox propuso entonces que en lugar de Abascal, compareciera como demandado Javier Ortega Smith, secretario general del partido y líder de los ultras en Madrid. Sin embargo, este ya está citado como testigo, por lo que pidieron que declara otro miembro del Comité Ejecutivo Nacional.
Una última maniobra que la juez también ha rechazado, calificándolas de “extemporáneas” –ninguna de estas alegaciones las presentó Vox en la audiencia previa, celebrado el 28 de septiembre- y destacando que Abascal es el máximo responsable legal de todo lo que suceda en Vox.