Los 30.000 pisos gestionados por Alquiler Seguro, amenazados por una huelga de rentas

Las prácticas de Alquiler Seguro las conocen de sobra las decenas de miles de personas que han arrendado una vivienda, o lo han intentado, gestionada por esta empresa. El Ministerio de Consumo también es consciente, por ello ha ratificado este miércoles la sanción de 3,6 millones de euros a la inmobiliaria por perpetrar infracciones “muy grave”. Un proceder contrario a la ley desplegado impunemente y que ha activado al movimiento de vivienda, que ya ha acudido a los tribunales y, ahora, planea una huelga de rentas en las 30.000 viviendas a cargo de esta compañía.

Detrás de esta actuación está el Sindicato de Inquilinas, experimentado en la organización de huelgas de alquiler para contrarrestar las prácticas mafiosas de los rentistas. “No podemos esperar más. Estamos hartas de los honorarios ilegales, de la imposición de seguros y de suministros con empresas del mismo grupo, de la falta de mantenimiento y de decenas de abusos como el cobro de hasta 200 euros por visitar una vivienda”, denuncian desde la organización sindical, que no piensa esperar a que la lenta justicia resuelva.

Esta nueva campaña llega tras años de conflictos, denuncias y procesos judiciales contra Alquiler Seguro, a la que acusan de sostener prácticas “sistemáticas y estructurales” contrarias a la legalidad. El primer paso será informar y organizar al máximo número posible inquilinos de las casi 30.000 viviendas y, posteriormente, plantear la huelga a lo largo de todo el país. Ciento de familias ya están organizadas en torno al sindicato, que esperar sumar a muchas más. “Son inquilinas que nos han llamado tras años de abusos. La gente está harta y quiere pasar a la acción”, trasladan.

Una batalla prolongada en el tiempo

El origen del conflicto entre ambas partes está fechado el 1 de febrero de 2024, cuando el Sindicato de Inquilinas de Madrid presentó una demanda en los tribunales y, seguidamente, hizo lo propio ante la Dirección General de Consumo. Prácticas como “el cobro ilegal de honorarios, la imposición de cláusulas abusivas o la vulneración del derecho de desistimiento” componían el grueso de la denuncia, que termino derivando en la sanción de 3,6 millones de euros interpuesta, a la que todavía falta la resolución definitiva.

En paralelo, el sindicato mantiene una demanda judicial contra la empresa por el cobro encubierto de honorarios y la gestión irregular de depósitos. El juicio, sin embargo, no comenzará hasta febrero de 2028, lo que evidencia, según denuncian, la incapacidad de la justicia para responder a la emergencia habitacional actual, “La justicia es demasiado lenta para frenar abusos que sufrimos cada día. Por eso hemos decidido tomar la iniciativa”, defienden la campaña para iniciar una huelga masiva, que deberán aprobar las distintas asambleas.

De salir adelante, Alquiler Seguro podría verse seriamente dañado debido a su modelo de negocio, basado en garantizar la renta a los caseros en caso de impagos. “No podrán hacer frente a la garantía de pago que ofrecen”, afirman desde los diferentes Sindicatos de Inquilinas, que consideran probable que la inmobiliaria deje de cumplir también con sus obligaciones hacia los caseros, del mismo modo que ya incumple sistemáticamente sus responsabilidades con las inquilinas. “Es un modelo que se sostiene sobre el abuso y la desinformación y que colapsa cuando las inquilinas se organizan”, defienden.

Con todo, la principal reivindicación es “la recuperación del dinero estafado” por Alquiler Seguro, pero la Confederación de Sindicatos extiende la lucha más allá de esta inmobiliaria, con la intención de combatir el aumento del precio de los alquileres. “Cada 5 o 7 años nos vemos obligadas a desembolsar más de 4.000€ para entrar en una vivienda de alquiler y subiendo”, claman.