El juez pretende interrogar a los supuestos implicados en una compleja red de testaferros, operadores y comisionistas de las presuntas cuentas suizas a donde, según la investigación, el duque de Palma desvió dinero público conseguido de las Administraciones, principalmente de los Gobiernos populares de Francisco Camps, en la Comunidad Valenciana, y de Jaume Matas, en Baleares. Se trata de al menos seis personas que ya fueron localizadas e investigadas por la Policía y el fiscal meses atrás, según ha podido saber El País.

Los 375.000 euros pagados por Agval
La investigación pretende aclarar quiénes son el titular real y los beneficiarios finales de las partidas de una cuenta opaca supuestamente propiedad de Urdangarin. El yerno del Rey cobró hasta 375.000 euros por un contrato de asesoramiento a la empresa valenciana Agval en materia de inversiones internacionales. Ese dinero habría sido transferido a cuentas en el extranjero a través de sociedades pantallas.

La nota incriminatoria
Una nota manuscrita de la secretaria personal de Urdangarin, Julita Cuquerella, dio la primera pista al apuntar el lugar al que había que transferir el dinero pagado por Agval. Urdangarin dijo al juez que en su primera declaración que el dinero de sus cuentas en Suiza era para pagar al empresario de origen jordano llamado Mansour Tabaa, sin embargo, la empresa Agval mantiene que los 375.000 euros eran el pago de los servicios de asesoramiento prestados por el marido de la Infanta Cristina.