En la calle Génova han puesto coto a la pasión de su secretaria general, María Dolores de Cospedal, por los exfiscales de la Audiencia Nacional para que representen al PP en los múltiples frentes judiciales que el partido de la gaviota tiene abiertos en una docena de juzgados por presunta corrupción, incluida la AN, repartidos por todo el mapa legal de España. Según fuentes conservadoras consultadas por ELPLURAL.COM, en la séptima planta de la sede madrileña han dejado de contratar a estos abogados, otrora destacados fiscales de la Audiencia Nacional, porque creen que estos letrados, además de cobrar minutas millonarias, no benefician a la larga al partido por su estrecha relación con la Fiscalía General del Estado y en no pocas ocasiones coincidencia argumental con los fiscales en activo, que como en el caso de la supuesta mordida de los 200.000 euros que Cospedal recibió de Sacyr para financiar su campaña electoral de 2007 a cambio del servicio de basuras de Toledo, los paralelismos entre defensa y acusación son de un parecido asombroso, fruto, suponemos, de la deformación profesional de ambos.

Defensa vs. Acusación

El caso es que las razones esgrimidas por el exfiscal de la Audiencia Nacional, Jesús Santos, abogado del extesorero, así como del actual gerente del PP de Castilla-La Mancha, Lamberto García Pineda y José Ángel Cañas, respectivamente, ambos imputados, pidiendo el sobreseimiento de la supuesta mordida de Cospedal de los famosos 200.000 euros, denunciada por Luis Bárcenas en sede judicial, coincide en la mayoría de sus argumentos con la petición de archivo del actual fiscal provincial de Toledo, Luis Ibáñez, como nuestros lectores pueden comprobar a través de la lectura del escrito de la defensa (consultar íntegro más abajo) y del correspondiente a la fiscalía toledana. Como se puede apreciar, ambos documentos recogen parecidas razones para pedir al titular del Juzgado de Instrucción Nº 3 el fin de las diligencias y el carpetazo del asunto, a pesar de que el plazo de instrucción no finaliza hasta junio y que quedan todavía pendientes la toma de declaración de media docena de investigados.

El exfiscal mimado de Baker & Mckenzie…

A todo esto hay que añadirle el asunto económico. Está claro que el abogado Jesús Santos Alonso no es, precisamente, un letrado de oficio. No. Todo lo contrario, se trata de uno de los juristas más prestigiosos del país y gran conocedor de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, conocimientos adquiridos, en parte, en su anterior etapa como exteniente fiscal de la Audiencia Nacional, a la que se incorporó en 1989 sustituyendo en el cargo a la fiscal Carmen Tagle, asesinada por la banda terrorista ETA. No exageramos, y ya lo contamos en su día, si señalamos a Jesús Santos como uno de los abogados mejor pagados de España, con un sueldo superior a los 300.000 euros, que no regala ni los buenos días y que cada vez que mueve ficha ante los tribunales toledanos al gerente y al extesorero del PP castellano-manchego les cuesta “un riñón”. Aunque todo el mundo da por hecho que ese “riñón” lo paga el PP de Cospedal. Porque lo que está claro es que ni Cañas ni Pineda, este último jubilado, no tienen ingresos conocidos como para sufragar los servicios del bufete de Santos, el afamado internacionalmente Baker & Mckenzie, que cada ejercicio factura en torno a los 3.000 millones de dólares y que como decimos es uno de los más caros del mundo, cuya presidencia en España la ostentó Manuel Pizarro, exnúmero dos de Rajoy en las listas electorales de 2007.

…Y los ojos y oídos de Cospedal en la Gürtel

Pero no solo eso, Jesús Santos se ha convertido en los “ojos y oídos de Cospedal en el caso Gürtel”, reconocen las mismas fuentes, gracias a que el exfiscal consiguió su personación en la causa una vez convertido en abogado defensor de José Ángel Cañas, lo que le permitió acceder a toda la instrucción y a sacar del ostracismo al PP, ya que las reiteradas negativas de la Audiencia Nacional a que el partido de Cospedal se personara como acusación particular en la Gürtel le impedía conocer de primera mano cómo iba la causa, teniendo que depender de la información recibida a través de los medios de comunicación. No es de extrañar, entonces, que el PP pague supuestamente la defensa de Cañas y Lamberto, ya que a través de éstos tiene pleno conocimiento de todo lo que se cuece en la Audiencia Nacional y en los juzgados de Toledo. Además, Santos fue el abogado que asesoró a Cospedal en el registro de la sede nacional, donde permaneció durante las 14 horas (diciembre de 2013) que duraron los trabajos de la policía en Génova 13.

“El rebelde de la AN”

Pero el gusto de María Dolores de Cospedal por los exfiscales de la Audiencia Nacional venía ya de largo, y antes que Jesús Santos otros miembros que habían trabajado en la Fiscalía de este órgano jurisdiccional, único en España con jurisdicción en todo el territorio nacional, pasaron también por la nómina de la secretaria general del PP. Tal es el caso de Ignacio Gordillo, conocido en su día como uno de los “fiscales rebeldes” de la AN e integrante del caro y exclusivo bufete de abogados Martínez Echevarría, de cuyo departamento penal era responsable en 2010 cuando Cospedal le encargó “meter en la cárcel a Juan Pedro Hernández Moltó”, expresidente de la desparecida Caja Castilla-La Mancha, señalan fuentes socialistas consultadas por este periódico. Gordillo fue el abogado que firmó la denuncia contra Moltó, por mandato de Cospedal, quien se quedó con las ganas, una vez más, de ver a un socialista castellano-manchego condenado por apropiación indebida o enriquecimiento ilícito. Moltó fue condenado a pagar una multa de 155.000 euros y 5 años de inhabilitación  por irregularidades cometidas durante su gestión al frente de la entidad de ahorro. Punto y final.