El Gobierno ha impulsado una enmienda al proyecto de Ley de Cadena Alimentaria que pondrá trabas a los análisis comparativos de alimentos, y dificultará que estudios como el que destapó el uso de carne de caballo en España no puedan darse a conocer. Las organizaciones de consumidores OCU y FACUA han calificado la normativa de “ley mordaza”.
Los fabricantes podrán dificultar que se hagan públicos los análisis
La enmienda del PP plantea que antes de publicar análisis comparativos de alimentos las organizaciones de consumidores tengan la obligación de comunicar el resultado de la prueba al fabricante o la tienda en que se vende el producto. Éstos podrán promover contraanálisis, y si hay disparidad, solicitar un tercer análisis. De esta manera, los plazos se eternizarán y los fabricantes podrán ir poniendo trabas con la intención de posponer la publicación de los resultados, según ha denunciado el director general de OCU, José María Múgica, en declaraciones a la SER.
El Gobierno cede a las presiones de la industria
En su web, OCU denuncia que el Gobierno busca favorecer “a la industria alimentaria en contra de los consumidores” y que cede a “las presiones de la industria”. La organización de consumidores denuncia que el se pretende privar a los ciudadanos del acceso a información veraz sobre las diferentes opciones que tienen en el mercado.
Ley mordaza
Por su parte, Rubén Sánchez, portavoz de FACUA, ha considerado que el Gobierno promueve “una ley mordaza”. "No tienen bastante con ocultarnos qué productos alimentarios están en redes de alerta, por fraudes o riesgo para la salud, y ahora quieren que las organizaciones de usuarios no podamos contar dónde hemos detectado irregularidades", ha añadido.
Una normativa inconstitucional
Sánchez considera que la norma es inconstitucional, porque vulnera el derecho a la salud, la obligación de las administraciones de proteger a los consumidores y el derecho a la información.
OCU rebate las alegaciones del PP
El Grupo popular en el Congreso ha justificado la enmienda "por la defensa de los principios de veracidad, rigor técnico y derecho a la contradicción en defensa de los derechos del consumidor", sin embargo, la OCU destaca que lleva trabajando décadas y nunca ha recibido ninguna sentencia judicial que haya cuestionado su rigor y veracidad.
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