La Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Galicia (APRAFOGA) acaba de interponer una nueva queja ante la Defensora del Pueblo gallego con motivo “del uso de forma irregular y consentido por parte de la Administración pública autonómica de un inmueble, conocido como la ‘Casa de Pontevea’, que pertenece a la Xunta pero que está ocupada por un particular”.

La asociación dirigió el primer escrito a la alta comisionada del Parlamento de Galicia para la supervisión de la actividad de la Administración, en el que pidieron explicaciones sobre el uso residencial particular de un lugar de trabajo que tradicionalmente utilizaban como residencia los agentes forestales que atendían los cotos y aprovechamientos de salmón en el río Ulla. Hasta 1997 estuvo ocupada por un agente forestal que la dejó libre cuando se jubiló. Posteriormente fue reformada y entregada a una persona que forma parte del cuadro de personal laboral de la Xunta de Galicia, y que consta como encargado.

Tras esto, en julio de 2018, el diputado, Davide Rodríguez Estévez, presentó una Proposición no de Ley en la que emplazaba al Parlamento de Galicia a instar al Gobierno gallego a restablecer el uso de un inmueble público, que era utilizado como vivienda por un particular, como base operativa para el personal y los medios adscritos al Servicio de Conservación de la Naturaleza de Pontevedra. La resolución fue aprobada por unanimidad y se dictaminó que “la decisión de dejar libre y proceder a entregar las llaves de la vivienda tendría como fecha improrrogable el 15 de junio de 2019”.

En declaraciones a ElPlural.com, Davide Rodriguez, ha asegurado que “los hechos se desencadenaron cuando a un funcionario, que no ha pasado ningún proceso selectivo, la Xunta le regala una casa para vivir”. Pero no solo eso, ha recalcado el político, “ya que además de hacerse mejoras en la vivienda tiene asegurados los servicios básicos de forma gratuita, junto con un vehículo nuevo del servicio, cuando los agentes tienen que utilizar coches con muchos kilómetros”. “Es un trato claro de favor hacia una persona, cuyos motivos desconocemos cuales son”, ha concluido Rodríguez. Lo cierto es que será de nuevo el parlamentario del Grupo Mixto quien interpelará a la Comisión 7 de la Cámara autonómica, sobre los motivos del incumplimiento de la resolución aprobada por unanimidad en sede parlamentaria

Asimismo desde APRAFOGA se han vuelto a dirigir a la Defensora del Pueblo para pedir información sobre “las circunstancias que motivaron el cambio de fecha improrrogable para el desalojo y los responsables de esta decisión”. Al mismo tiempo que han solicitado a la responsable de la institución que abra una investigación para que “se depuren responsabilidades de quienes permitieron el uso residencial de esa vivienda, así como de la justificación de las inversiones económicas de mantenimiento de mobiliario y de la restauración de la misma”.

El vicepresidente de la Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Galicia en la provincia de Pontevedra, Juan Carlos Requeijo, ha manifestado a este medio que “resulta chocante que a una persona, que no sabemos muy bien qué funciones realiza ni los horarios que tiene, se le consienta el aprovechamiento de un recurso público que debería estar dedicado a los trabajadores del distrito forestal”. Quiero dejar claro, ha matizado Requeijo, que no “se trata de hacer un seguimiento personal a nadie, pero sí de una situación que conlleva favoritismo y que está rodeada de sombras”, ha rematado el representante de la asociación.