Es la primera vez que se investiga y se detiene a los organizadores de un salto a las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla, y algunos de los cargos llaman la atención. Se acusa a una decena de detenidos de atentado a agentes de la autoridad, daños y pertenencia a organización criminal. La iniciativa de investigar estos hechos proviene de la Guardia Civil, cuerpo encargado de la vigilancia de las fronteras, y 22 de cuyos agentes resultaron heridos en el salto del día 26 de julio. Estas detenciones, poco después de la devolución en caliente a Marruecos de otros 116 inmigrantes que saltaron la valla por el mismo punto en agosto, pudieran indicar un endurecimiento de la política migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez, que se estrenó acogiendo al barco de refugiados Aquarius cuando el ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, rechazó acogerle, saltándose la legalidad internacional.
¿A qué se debe la inédita detención de 10 subsaharianos? Desde Interior quieren dejar claro que no se debe a la entrada en España en sí, sino a la manera de hacerlo: "Nunca se había hecho (investigar y arrestar inmigrantes que saltan la valla) porque nunca antes se había producido un salto tan violento. Nunca se había visto a un grupo que se organizase para entrar de manera agresiva. No se culpabiliza a todo el grupo, precisan, "pero sí a las 10 personas que coordinaron las acciones violentas". Desde el departamento que dirige Grande Marlaska quieren dejar claro que no es lo mismo rescatar a personas que están en el mar, como en el Aquarius, sin víveres, sin combustible y a la deriva, que cumplir "nuestra obligación como Estado de defender nuestra frontera y a los agentes que la custodian".
Fuentes de la investigación contactadas por ElPlural.com aseguran que hay datos que "confirman inequívocamente" que había personas dirigiendo las acciones violentas del salto, lo que, presuntamente, significa que las mafias abandonan su papel de guías hasta la frontera y pasan a ser coordinadores "de lo que se puede definir como un asalto violento, lo cual es un delito", puntualizan las mismas fuentes.
No hay manera legal de entrar en España
La doctora en Ciencia Política por la Universidad de Manchester, Virginia Ros, no cree que en este caso se pueda hablar de política migratoria, sino más bien de un problema de orden público dado que se trata de personas que supuestamente se ha puesto de acuerdo para agredir a agentes fronterizos. "Y no seré yo quien defienda la política migratoria del Gobierno", matiza Ros, que cree que tampoco ha habido grandes cambios con respecto a la Administración anterior. "Nunca ha habido vías legales para que estas personas puedan entrar en España; ya sean refugiados -cuyas peticiones de asilo se deniegan sin tramitar- o inmigrantes económicos".
La doctora en Ciencia Política lamenta además que España haya "externalizado su vigilancia fronteriza en Marruecos, que usan el control de fronteras como herramienta de presión y que no suele respetar los derechos de las personas que salen de sus países".
Ros es prudente acerca de la supuesta adopción de tácticas violentas por parte de las mafias que trafican con personas, pero le parece que "puede ser un paso lógico" y añade: "¿Cómo de desesperada tiene que estar la gente para ponerse en manos de estas mafias? Hay una crisis humanitaria y ni España ni Europa están asumiendo su responsabilidad".