El bloqueo del Partido Popular a la renovación del Consejo General del Poder Judicial cumple 1.000 días, mientras los miembros del órgano de gobierno están en funciones desde el pasado 4 de diciembre de 2018, fecha en la que se debió proceder al cambio. Ahora, esta obstrucción política para reformar el sistema de elección de los vocales preocupa a las asociaciones de jueces, que califican la situación de "insostenible".

Carlos Lesmes, presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, ya avisó "a los poderes públicos concernidos" en la apertura del Año Judicial en septiembre de 2020 que la no renovación representaba "una seria anomalía". Un discurso que las asociaciones esperan que se vuelva a repetir en pocos días, con el inicio del nuevo curso.

La Asociación Judicial Francisco de Vitoria va más allá y avanza que llegados a este punto, aunque se renueve, no mejorará la percepción de independencia del CGPJ, lo que lo hará ''insostenible''. Indican que mientras no se acometan las reformas que pide la Unión Europea, su legitimidad estará en entredicho: "Hay que renovarlo, pero también el sistema, las dos cosas van unidas". Por su parte, desde la asociación Juezas y Jueces para la Democracia han acusado este mismo lunes directamente a Pablo Casado de politizar la justicia y ponerla en riesgo. 

Y es que los populares siguen justificando su posición de bloqueo. Javier Maroto, portavoz del PP en el Senado, ha calificado este lunes de "moderna", "pedagógica" y "europeísta" la negativa de su partido a la renovación del CGPJ y ha insistido en vincularla al cambio de criterio en la elección de los vocales para que "los jueces elijan a los jueces".

En una entrevista en Onda Cero, Maroto ha reconocido que es su "obligación" como principal partido de la oposición que los órganos constitucionales "estén renovados" aunque ha puntualizado que no lo van a hacer "de cualquier manera". El dirigente ha pedido que "se acabe eso de que los políticos elijan a los jueces" siguiendo -dice- la "recomendación de Europa". Ha afirmado, además, que su posición ''es razonable'' y que los ciudadanos la "compartirán".

La posición de Europa

Las advertencias de Europa vienen de lejos. Ya en octubre de 2020 Marin Mrcêla, presidente del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa, se dirigió por carta al Ministerio de Justicia para advertirle de que el planteamiento del Gobierno de rebajar la mayoría suficiente para renovar a los miembros del CGPJ se apartaba de las normas europeas.

El propio comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, ha puesto de manifiesto en varias ocasiones que deben ser los jueces y magistrados los que elijan al menos a la mitad del Consejo, y que España debe hacer las reformas necesarias. Precisamente este ha acordado recientemente reunirse con la asociación de Juezas y Jueces para la Democracia para tratar esa renovación. "Le trasladaremos los problemas que genera la no renovación del órgano y la falta de consenso fruto de la negativa del PP a sentarse a negociar", dicen desde la agrupación.

La ley actual

Actualmente, la ley marca que el órgano de gobierno de los jueces debe estar integrado por el presidente del Tribunal Supremo y 20 vocales, de los cuales 12 serán jueces o magistrados en servicio activo en la carrera judicial, y ocho serán juristas de reconocida competencia.

Según el artículo 567 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, todos los vocales tienen que ser designados por las Cortes Generales atendiendo a la paridad. En concreto, cada cámara elige por mayoría de tres quintos a diez vocales: cuatro juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio y seis del turno judicial. Además, el artículo 568 recoge que la renovación debe ser cada cinco años y que los presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado deben adoptar las medidas necesarias para que esta se produzca en el plazo.