La aprobación de la ley de salud sexual y reproductiva e interrupción del embarazo en el año 2010 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero supuso un importante avance en los derechos de las mujeres. Sin embargo, desde entonces, muchas han sido las denuncias e informes que deslizan que grupos ultras organizados acosan a mujeres que recurren a las clínicas abortistas. Para atajar esta terrible problemática, el Grupo Socialista ha impulsado una Proposición de Ley para reformar el Código Penal y tipificar y endurecer las penas con el objetivo de proporcionar mayor seguridad y protección a las víctimas de estos episodios.

“El acoso a los centros sanitarios donde las mujeres interrumpen voluntariamente los embarazos es una constante” desde la aprobación de la Ley Orgánica que despenalizó el aborto en tres supuestos, lamentan los socialistas en la exposición de motivos de la nueva norma. El objetivo del articulado es “penalizar el acoso a las mujeres que acuden a clínicas de interrupción voluntaria del embarazo” ya que, según un informe elaborado en el año 2018 por la Asociación de Clínicas Acreditadas para la interrupción del embarazo (ACAI), un 89% de las mujeres que acudieron a abortar se sintieron acosadas y un 66% amenazadas. “Miles de mujeres, se han visto increpadas, insultadas, coaccionadas o amenazadas de algún modo”, recogía ACAI en su informe.

Los asaltantes son, en su mayoría, grupos organizados que abordan a las mujeres con fotografías, fetos de juguete y proclamas contra el aborto antes de que entren a la clínica. De esta manera, pretenden que modifiquen su decisión mediante el uso de la coacción, la intimidación y el hostigamiento.

Laura Berja (PSOE):  "Las mujeres tienen que poder ejercer este derecho en condiciones de seguridad, libertad e intimidad"

A la luz de los datos proyectados por el informe, ACAI ha solicitado regular el agosto que sufren las víctimas y, en la misma tónica, el Defensor del Pueblo valoró positivamente crear una suerte de “zonas seguras” para garantizar el acceso de las mujeres a las clínicas.

“El Grupo Parlamentario Socialista considera imprescindible garantizar una zona de seguridad alrededor de los centros sanitarios que facilitan la interrupción voluntaria del embarazo de forma que quede garantizada la intimidad de las mujeres, su libertad y seguridad física y moral, así como su derecho a la libre circulación y de este modo garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres”, argumentan.

Penas de prisión

La reforma planteada consta de un único artículo que se sumaría al conjunto de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Sería el 172 quarter, que recoge penas de entre tres meses y un año de prisión o trabajos a la comunidad de 38 días para la persona que “hostigue o coarte la libertad de una mujer que pretenda ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, promoviendo, favoreciendo, o participando en concentraciones en las proximidades de lugares habilitados para interrumpir embarazos”. Asimismo, el tribunal podría imponer la prohibición de acudir a determinados lugares por tiempo de seis meses a tres años.

Una reforma necesaria

En declaraciones, Laura Berja, portavoz de Igualdad del Grupo Parlamentario Socialista, ha insistido en que “las mujeres españolas tienen que poder ejercer este derecho en condiciones de seguridad, libertad e intimidad”. “Se estima que más de 8.000 mujeres han sufrido este tipo de acoso”, añade, precisando que habitualmente “estas graves acciones son impulsadas por grupos organizados que increpan a las mujeres y que también atentan contra las clínicas”.

Berja explica que la iniciativa es “fruto de colaboración que hemos mantenido desde el PSOE con entidades y sociedad civil organizada” y persigue un objetivo claro: “Que este hostigamiento sea un delito tipificado en el código penal, para acabar con la impunidad de estás acciones”.

Respaldo holgado del Congreso

El PSOE confía en que la Cámara Baja tome en consideración la iniciativa “con el máximo apoyo posible”, esgrimiendo que “no se entendería que el poder legislativo negase  a las mujeres de este país una reforma para proteger el ejercicio de un derecho que se han ganado a pulso”, dice Berja.

En este sentido, se espera que la Proposición de Ley cuente con un amplio apoyo. Unidas Podemos aún no ha hecho público el sentido de su voto, pero se augura que sea positivo. Ciudadanos también prestará su bancada. En declaraciones a este periódico, los de Inés Arrimadas expresan su repulsa más absoluta al acoso que sufren las víctimas “Nos parece aberrante que algunas mujeres que, en el uso legítimo de sus derechos, deciden abortar dentro de los casos legalmente reconocidos, sufran coacciones y hostigamientos cuando van a las clínicas reconocidas para la práctica del mismo. Bastante duro es ya, de por sí, este trance”.

Por el momento, ni PP ni Vox han manifestado el sentido de su voto.