El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, presidirá este mediodía el acto de entrega de medallas que se conceden con motivo de la festividad de La Merced, patrona de Instituciones Penitenciarias, a funcionarios destacados en su trabajo y a entidades que colaboran en las tareas de reinserción. A la cita no acudirán los sindicatos del sector, que este lunes han convocado una concentración ante la cárcel de A Lama, en Pontevedra.
Marlaska estará acompañado del secretario general de Instituciones penitenciarias, Ángel Luis Ortiz; la secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella; la subsecretaria del Ministerio del Interior, Isabel Goicoechea; el director general de la Guardia Civil, Félix Azón; el Defensor del Pueblo (e.f.), Francisco Fernández Marugán, y el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Rodríguez Uribes.
Amenazan con bloquear la cárcel de Urdangarin
Entre los asistentes, no estarán los representantes de los funcionarios de Prisiones, para evidenciar su malestar con Interior por desoír, según denuncian, sus reivindicaciones laborales. UGT, Acaip y CCOO han convocado este lunes una concentración desde primera hora de la mañana ante la cárcel de A Lama, en Pontevedra (Galicia).
Continúa la movilización sindicatos @Acaip1 @UPrisiones @CCOO_Prisiones esta mañana en A lama. #sosprisiones jornada de lucha #LaMerced2018 @RTVEGalicia @informativost5 @A3Noticias @TVGalicia @sextaNoticias @noticias_cuatro @EFEnoticias @europapress pic.twitter.com/GMl9IcI9U0
— Acaip portavoz (@acaip_comunica) 24 de septiembre de 2018
En un comunicado, estas organizaciones denuncian “el intencionado olvido y menosprecio que el Ministerio del Interior está practicando con el Colectivo de Prisiones”, y reclaman que en la reunión del próximo día 25 en Madrid, se “aporte una propuesta económica suficiente y capaz de paliar la brecha salarial entre los funcionarios de los diferentes centros penitenciarios del Estado”.
Los sindicatos advierten al Gobierno de que continuarán con protestas en otras cárceles, entre ellas la de Brieva (Ávila) donde las movilizaciones cortarán los accesos al centro el próximo sábado 29 de septiembre. En esta prisión cumple su pena el marido de la Infanta Cristina, Iñaki Urdangarin.
Ahorro a costa de precariedad laboral
Los sindicatos califican la situación de “insostenible”, porque, según afirman se ha “degradado el servicio público penitenciario y se ha orientado a su privatización, deteriorando condiciones laborales, privando de derechos al personal penitenciario y desmantelando el servicio público, dejando sin cubrir miles de plazas presupuestadas, para provocar que prisiones sea un servicio público inviable”.
Los funcionarios de Prisiones denuncian que en los Presupuestos actuales, “el Gobierno pretende ahorrarse más de 115 millones de euros, al dejar vacantes 3.393 plazas, es decir al no cubrirlas y por lo tanto no tener que pagar sus retribuciones”.
Una práctica, según explican, que se viene repitiendo en los últimos años, en los que más de 3.000 plazas han quedado vacantes, a costa de derechos laborales y económicos de los funcionarios de Prisiones.
Interior cuantifica 2.000 plazas vacantes
Instituciones Penitenciarias han replicado a las críticas de los sindicatos que "desde su llegada a la Secretaría General, Ángel Luis Ortiz ha priorizado las necesidades de los funcionarios y funcionarias de prisiones. Además de la reunión con el ministro, el secretario general también ha antepuesto reuniones con los representantes de los trabajadores en las regiones penitenciarias que ha visitado hasta la fecha: Extremadura, Levante, Madrid, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Andalucía Oriental, Asturias y Cantabria. Próximamente volverá a reunir al grupo de trabajo de los sindicatos".
Sobre la "merma de efectivos tras la crisis económica, Instituciones Penitenciarias, a preguntas de El Plural, la ha cuantificado en unos 2.000 trabajadores. Para paliar el problema, el pasado pasado 31 de julio el BOE publicó la convocatoria de más de 900 nuevas plazas, entre ellas 831 del Cuerpo de Ayudantes, que se suman a las 700 cubiertas en 2017", afirmaron las fuentes consultadas.
Instituciones Penitenciarias ha asegurado que el tema de "las reivindicaciones laborales serán abordadas en "las mesas que contempla el Texto Refundido del Estatuto Básico de la Función Pública y en los grupos de trabajo que al efecto se constituyan".
