Las semanas de trabajo que un grupo de veinte expertos han desarrollado para Sumar culminan este martes. La plataforma de la vicepresidenta en funciones y líder de Sumar, Yolanda Díaz, presenta este martes en Barcelona su propuesta para crear una futura ley de amnistía. El documento aboga porque esta medida de gracia se aplique a todas las "acciones" u "omisiones" realizadas para lograr la independencia desde el año 2013, así como las propuestas para defender el referéndum o para protestar contra las acciones policiales o judiciales que buscaban impedirlas.

También defiende que sean amnistiados los agentes de policía procesados por las cargas que se produjeron durante el referéndum del 1 de octubre de 2017, aunque deja fuera aquellos que sean acusados de delito de "torturas", "contra la integridad moral" o por "detenciones ilegales de autoridad o funcionario público".

El texto, redactado por un equipo de una veintena de prestigiosos penalistas, solo consta de dos artículos, pero va acompañado de una larga argumentación en el que se defiende la constitucionalidad de la norma y los beneficios políticos que puede tener.

Los catedráticos reconocen que en la Constitución "no existe pronunciamiento expreso" que permita la medida de gracia, pero también hacen hincapié en que no hay ningún "pronunciamiento expreso que las prohíba". Además, recuerdan que sí está incluida dentro del ordenamiento constitucional de países europeos como Italia, Portugal, Francia y Suiza. Por ello, ven "lógico" que "todo lo que no está prohibido expresamente" sea utilizable, a no ser que entre "en contradicción con los principios y preceptos constitucionales". También remarcan que los padres de la Constitución podrían haber incluido su inconstitucionalidad y no lo hicieron. También descartan que sea comparable con la prohibición del indulto generalizado, porque apuntan que se trata de un "perdón en masa, indiscriminado y huérfano de manifestación política" y más teniendo en cuenta que lo puede acordar solo el Gobierno, sin el apoyo del Congreso y que esta norma saldría de los votos del hemiciclo.

En este sentido, la propuesta de Sumar que se presentará a PSOE y Junts para negociar aseguran que la amnistía tendría como finalidad "resolver desde un punto de vista político" el conflicto catalán que lleva alargándose durante "más de una década" y sobre el que hasta ahora se había adoptado "una política criminal de penalización" del movimiento. Además, se reconoce expresamente que la aspiración de independencia de Catalunya es "legítima", en tanto que la Constitución "no funda una democracia militante" y, por lo tanto, permite su reforma total. Y añaden que, "por supuesto" la Carta Magna permite "la expresión de ideas inconstitucionales". Por otro lado, descartan que haya una posible vulneración del principio de arbitrariedad porque es potestad del Gobierno y del poder legislativo "diseñar una política criminal", siempre que "cumpla con los postulados constitucionales". Por eso, también descartan una "autorización de los tribunales" como "representantes de la soberanía popular".

La propuesta de Sumar fija como lapso de tiempo "todas las acciones u omisiones de intencionalidad política vinculadas al objetivo de lograr la autodeterminación de Catalunya" que hubieran tenido lugar "entre el 1 de enero de 2013 y el momento de entrada en vigor de la Ley". Ello incluiría, por lo tanto, la consulta que se celebró el 9 de noviembre de 2014. Se elige el 1 de enero de 2023 porque el día 23 de enero de ese año fue cuando el Parlament aprobó la Declaración de soberanía y del derecho a decidir de los catalanes.

El texto deja claro que "no cualquier comportamiento ilícito" realizado desde 2013 hasta ahora será recogido por la ley. Solo lo serán aquellos en los que hubiera "la reivindicación o el ejercicio del derecho de autodeterminación". De esta forma, se deja fuera a la presidenta de Junts, Laura Borràs, condenada por corrupción por fraccionar contratos en su gestión en la Institución de las Letras Catalanas. No obstante, no se podría excluir a ninguno de los líderes del 'procés' ni al 'expresident' Carles Puigdemont.

El texto incluye expresamente "todos los actos relacionados con la preparación, organización, convocatoria, financiación, favorecimiento, promoción, ejecución y celebración" tanto de la consulta del 9 de noviembre de 2014 como del referéndum del 1 de octubre del 2017. Además, engloba a "todo el desarrollo en la vía pública o por cualquier otro medio en defensa del referéndum o realizado como protesta contra las decisiones gubernamentales o judiciales encaminadas a impedir su celebración". Es decir, serían beneficiarios de la amnistía aquellos "contra la administración pública", "contra la administración de justicia", "contra la Constitución" o "contra el orden público". También los acusados por delitos de "lesiones, amenazas, coacciones, descubrimiento y revelación de secretos, allanamiento de domicilio de personas jurídicas, daños, falsedades documentales y usurpación de funciones públicas".

La propuesta de Sumar incluye que sean beneficiarios de la amnistía aquellos policías que actuaron "para impedir la celebración" del 9-N y el 1-O, así como también su actuación en las protestas que puedan ser calificados como delitos de lesiones en los artículos 147 y 148 del Código Penal "causadas por un uso desproporcionado de la fuerza". Sin embargo, deja fuera a los acusados de delitos de "torturas", "contra la integridad moral" o "las detenciones ilegales de autoridad o funcionario público"; para evitar que, de salir adelante ese texto, pudiera caer al chocar con la legislación internacional.

Se negociará con PSOE y ERC y Junts

El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha aclarado que el dictamen del grupo de expertos sobre la posibilidad de la amnistía no constituye una propuesta legislativa sobre la medida, algo que en todo caso saldrá de la negociación conjunta con PSOE, Junts, ERC y otras formaciones políticas.

Así lo ha trasladado en rueda de prensa este lunes para circunscribir este documento, que se presenta este martes en Barcelona, a un análisis de juristas que pueden aportar "pautas", "claves" e "ideas" con vistas al proceso de diálogo entre partidos, pero diferenciando claramente que no implica su posición con vistas a una futura iniciativa en el Congreso.

"Una cosa es el dictamen de los expertos que vamos a presentar mañana, que nos va a ayudar en la elaboración de la propuesta legislativa, y otra son las negociaciones que tenemos con el PSOE, Junts y el resto de actores sobre la propuesta legislativa que tenemos que sacar adelante", ha desgranado en rueda de prensa.

Desde Sumar han precisado que ese dictamen será una reflexión académica sobre la figura de la amnistía, que disertará sobre la jurisprudencia europea en la materia, su encaje constitucionalidad y sugerencias sobre su posible alcance, como puede ser si debe repercutir en los policías y su actuación ante las movilizaciones del 1-O.

Por tanto, fuentes de la formación recalcan que una vez presentado, Sumar podrá decidir qué aspectos está de acuerdo o declinar posibles líneas de actuación que marquen juristas. Y es que afirman que no habrá en ese texto una propuesta de articulado para una futura ley, pues esa labor corresponde a las formaciones políticas en el Congreso.

Asimismo, Urtasun ha destacado que para Sumar no es tan importante la cuestión de los plazos para aprobar una futura ley de amnistía (pues están abiertos a cualquier cronograma) ni el formato para impulsarla, dado que lo relevante para la formación es el "qué", en alusión a su contenido.

Por otro lado, el portavoz de Sumar ha demandado al PSOE que la misma "valentía" que percibe en el "carril territorial" con la amnistía la refleje también a la hora de pactar los avances sociales para la próxima legislatura.

Así, ha apuntado que el diálogo avanza pero tienen claro que no quieren una "legislatura corta", de "trámite" o de mera "gestión" de lo ya conseguido en el pasado mandato, sino que llaman al PSOE a ser "ambicioso" para acordar un futuro Gobierno de coalición y "no despistarse" en material social.

Asistirán el profesor de Derecho Constitucional y exletrado del TC, Joaquín Urias; el catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo; la catedrática de Derecho Penal de la UAB, Merche García Arán, y el catedrático de Derecho Penal Nicolás Garcia Rivas, uno de los autores del informe y el encargado de presentarlo.

En la bienvenida participarán la abogada catalana Mercè Claramunt, y la profesora de Historia Medieval de la UB e hija de Ernest Lluch, Rosa Lluch; clausurará el encuentro el exdiputado de los comuns y negociador de Sumar, Jaume Asens.