El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, una de las puntas de lanza de la extrema derecha, vetó junto a su homólogo en Polonia, Mateusz Morawiecki, el Presupuesto de la Unión Europea y el fondo de recuperación de 750.000 millones. Ambos se ganaron el reproche público de varios líderes europeos, entre los que destaca el presidente del conservador Partido Popular Europeo (PPE), Donald Tusk. Y es que, el bloqueo de Orbán es perjudicial para los países más azotados por el coronavirus. España es uno de los que figura en esa lista, pese a lo cual, Pablo Casado ha evitado a toda costa criticar a Orbán. De hecho, invierte su tiempo en denunciar las acciones de Pedro Sánchez.

"Quien esté en contra del principio del Estado de Derecho, está en contra de Europa. Espero una posición clara al respecto de todos los partidos del PPE. Los oponentes de nuestros valores fundamentales ya no deberían ser protegidos por nadie”, escribió Tusk en sus redes sociales.

Sin embargo, el PP no secundó la acometida. La delegación encabezada por Dolors Monserrat ha evitado pronunciarse y Casado no ha firmado la carta rubricada por varios eurodiputados del PPE pidiendo la expulsión de Orbán del grupo parlamentario.

Fuentes populares se han limitado a decir que "nosotros apoyamos el mecanismo de estado de derecho y su vinculación a los fondos. Es la posición que hemos expresado en diferentes ocasiones”.

El único que ha replicado a Orbán ha sido José Manuel García-Margallo, quien argumentó que su posición supone “un torpedo en la línea de flotación de una Unión como la nuestra basada en el Estado de Derecho”.

Por su parte, Pablo Casado no ha realizado crítica alguna y cuando se le ha preguntado por el asunto ha señalado a Sánchez. Y es que, resulta casi sonrojarte la fijación del líder del PP por el presidente del Gobierno, criticando más a Sánchez que al bloqueo al fondo de recuperación.

Eso sí, le faltó tiempo para denunciar la reforma propuesta por PSOE y Unidas Podemos para renovar el CGPJ; el llamado "ministerio de la verdad" al que Bruselas acabó dando el visto bueno y el estado de alarma decretado por el Gobierno .