La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha anunciado que pretende elevar al Consejo de Ministros este mes un nuevo proyecto de ley de Memoria Democrática, que reforma y amplía la norma impulsada por el anterior Ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero en el 2007, conocida como ley de Memoria Histórica.

La vicepresidenta ha explicado que pretende que el texto esté completado antes del mes de agosto, para poder pasar por Consejo de Ministros antes del parón de agosto, lo que significaría que en otoño podría comenzar su tramitación parlamentaria.

España, la única democracia con fosas comunes

Carmen Calvo espera que el Gobierno pueda disponer de públicos para las políticas de memoria, para corregir los recortes del anterior Gobierno de Mariano Rajoy. La vicepresidenta ha querido recordar al PP que España “es la única democracia importante en el mundo que tiene fosas comunes con desaparecidos y familias enteras, algunas personas muy mayores, esperando no morirse pensando que sus padres, sus abuelos, sus familiares están sin identificar y sin la dignidad que corresponde a una democracia”.

Un banco de ADN y un cambio en el Valle de los Caídos

La vicepresidencia ha anunciado fondos para reabrir fosas, un banco de ADN para las víctimas del franquismo y la "resignificación del Valle de los Caídos".

Su idea es que pueda ultimar, junto a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) “un plan de exhumación en todo el territorio muy importante, con derivación de fondos públicos para que a través de los ayuntamientos podamos exhumar y devolver a los familiares con identificación a sus familiares”. Se trabaja también, ha añadido, en un banco de ADN de las víctimas y en la “resignificación del Valle de los Caídos”, anunciada tras la exhumación del dictador, el pasado otoño, para lo que anunció una pronta reunión sobre esta cuestión.

Ilegalizar la Fundación Francisco Franco

“En dos o tres semanas”, dijo, pretende elevar al Consejo de Ministros el anteproyecto de ley. El viernes pasado, su ministerio abrió un plazo de consulta pública para que la sociedad civil pueda hacer llegar sus sugerencias al respecto.

El Gobierno de Pedro Sánchez ya había anunciado la pasada legislatura su intención de que este impulso de la ley de Memoria Histórica incluya la ilegalización de la Fundación Francisco Franco