El Partido Popular sigue teniendo dos versiones de la actualidad política. Por un lado la que dicta Génova a través de la cúpula nacional del PP y por otro el de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La líder regional ha vuelto a enmendar al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, con respecto a la Ley de Paridad que ha sido aprobada este martes por el Consejo de Ministros.
Ayuso ha sido la única líder del PP que se ha mostrado en contra de la norma agitando el debate político con unas declaraciones en contra de las personas trans. Cuando ha sido preguntada por si iba a cumplir la ley de aprobarse en el parlamento, la presidenta regional ha señalado a las últimas expresidentas de la Comunidad asegurando que preside "la comunidad autónoma que más años ha estado gobernada por mujeres". "No ha hecho falta hasta ahora nada de esto para ser el motor político y económico de España, pero si es necesario pues mañana lo que podemos hacer a través de la autodeterminación de género es irme con mi vicepresidente, que puede ser mi nueva vicepresidenta, con mi consejero de Justicia que se convertirá en mi nueva consejera. Tendremos a Enriqueta López y a Enriqueta Ossorio y a lo mejor así gestionamos mejor o solucionamos mejor la vida de los madrileños", bromeaba al respecto este lunes durante la visita a las obras de un instituto.
Este martes, las posturas entre la dirección nacional y la Puerta del Sol volvían a hacerse visibles. Mientras que Gamarra evitaba pronunciarse en contra, entre otras cosas por ser una propuesta del Partido Popular Europeo, se mostraba cauta asegurando que "todavía no se conoce el texto del anteproyecto y" señalaba a que todo "suena un poco a cortina de humo, utilizando nuevamente a las mujeres para que no se hable de los problemas que acorralan al Ejecutivo". Así, en vez de evitar mostrarse en contra como Ayuso, indicaba que lo importante es que se reduzca el número de ministerios con los criterios de paridad que reclama el PP: “Hay el mismo número de ministros que están demostrando su incapacidad como de ministras, por lo que invito al presidente a que reduzca su Ejecutivo y descienda en la paridad también a su propio gabinete, porque a lo mejor hay demasiados hombres y muy pocas mujeres".
Apenas una hora después, Ayuso acudía a unos premios pidiendo que en vez de hablar de paridad el Gobierno defendiera "la presencia del hombre y la mujer en igualdad, pero no imponerla, porque la sociedad ya sabe cómo organizarse y es libre". "No necesitamos imposiciones nuevas del gobierno contra la empresa, contra la forma de vivir, contra la forma de pensar, para intentar lavar la cara", indicaba al respecto.
"Defiendo que haya una presencia de los hombres y de las mujeres en las instituciones, en la empresa, en todas partes. Pero también que cada uno llegue lejos por lo que consigue, por lo que conquista y que juntos acabemos con las desigualdades", indicaba al respecto desmarcándose de la posición de Génova instaurada desde el sábado cuando Pedro Sánchez hizo el anuncio en un acto de partido sobre Igualdad.
El PP señala que la ley del Gobierno es una trasposición de una directiva europea
Mientras Ayuso declara la guerra al colectivo trans y los pone en el centro de la diana de los ataques, lo cierto es que el PP no ve con malos ojos la propuesta anunciada por Sánchez este sábado. De hecho, es una propuesta suya.
A pesar de que su secretaria general, Cuca Gamarra, la ha tachado de "ocurrencia" y ha indicado que el presidente del Gobierno intenta "tapar con una cortina de humo los problemas del Gobierno y del PSOE", se trata de una trasposición de obligado cumplimiento para los estados miembros de la UE y que debe estar aprobada antes de junio de 2026.
La directiva comunitaria, por su parte, obligará a las empresas a instaurar procesos de contratación transparentes, de modo que al menos el 40 % de los puestos de director no ejecutivo o el 33 % de todos los puestos de director estén ocupados por personas del género menos representado. La ley europea establece, asimismo, que la norma no se aplicará a las pymes con menos de 250 empleados. Exactamente igual que la de Sánchez.
La propuesta de la norma de la que el Gobierno se presenta como artífice fue, además, una propuesta de la luxemburguesa Viviane Reding, comisaria europea entre 1999 y 2014 y miembro del Partido Popular Europeo realizada en 2012 y que ha visto la luz en 2022.
