La Audiencia Nacional (AN) ha criticado la "deplorable utilización partidista" de información que llevó a cabo la conocida como policía patriótica del Gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy. De esta forma se ha pronunciado la Sala de lo Penal de este tribunal en una sentencia en la que hace referencia a la conversación entre el comisario José Manuel Villarejo y Francisco Martínez, entonces secretario de Estado de Seguridad y mano derecha del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. En este encuentro, celebrado en agosto de 2014, ambos hablaron de los negocios de la familia del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, -tanto de su padre como de dos tíos de Begoña Gómez-, pero la AN no ve indicios de delito en ello.
La AN, contra la 'policía patriótica'
El pasado 28 de junio, la Sala de lo Penal se ha pronunciado al respecto de la llamada policía patriótica después de que el PSOE presentara un recurso contra la negativa de Manuel García-Castellón, juez instructor de la Audiencia Nacional, de interrogar como imputados a Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior que lideraba el popular Jorge Fernández Díaz, y el comisario José Manuel Villarejo. En concreto, por la conversación que ambos mantuvieron el 22 de agosto de 2014 y en la que hablaron de los negocios del padre y dos tíos de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tal y como publica este miércoles el diario 'El País'.
Para los socialistas, esta reunión -grabada por el comisario- evidencia que se produjo una "investigación policial prospectiva prohibida" por la ley y que la información obtenida por esta policía patriótica durante el Gobierno de Mariano Rajoy se usó para "beneficio propio" y para perjudicar al adversario político. Así, insisten en que se les tenía que tomar declaración ante la "persecución" iniciada contra el dirigente socialista y su familia. Así, los jueces de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional aseguran que no encuentran "elementos" que apunten a la “comisión de un ilícito penal”, más allá del “reproche moral que puede hacerse del contenido de estas conversaciones mantenidas entre un secretario de Estado y un comisario de policía".
De esta forma, critican "la deplorable utilización partidista de informaciones sobre actividades privadas lícitas de personas vinculadas por parentesco con altos representantes políticos", pero no ven delitos. En concreto, argumentan que "no hay indicios" de que se encargara "una investigación oficial policial irregular". "Lo que descarta la concurrencia de alguna decisión administrativa arbitraria que pudiera integrar un delito de prevaricación", señalan texualmente para continuar afirmando que tampoco consta que la información que obtuvieron Martínez y Villarejo fueran "secretos o provenientes de informaciones de las que hubieran tenido conocimiento por razón de sus cargos".
Tampoco que fueran ellos quienes los filtraran a los medios de comunicación que los publicaron antes de las elecciones generales de 2015. En cuanto a la conversación, un mes después de que Sánchez fuese elegido secretario general del PSOE, el comisario fue quien sacó el "tema Pedro" y los presuntos negocios del padre y de dos tíos de Begoña Gómez, como "el tema de las saunas esas", se le oye decir a Villarejo. "Esto mataría a cualquiera que va con la bandera del rollo feminista...", añadió al respecto el secretario de Estado. Pero para la Audiencia Nacional esto "no parece responder a la información sobre el resultado de investigaciones encomendadas a algún policía, sino a la puesta en común de datos que el citado comisario parecía conocer por su relación con otros compañeros de la policía”, continúa la Sala.
En la misma línea se pronunció ya hace dos meses el polémico magistrado García-Castellón en su decisión de descartar la citación como imputados del comisario y Martínez. "No existen indicios de que la información relativa al suegro del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sea resultado de ninguna investigación en la que hubieran participado José Manuel Villarejo en su condición de comisario del Cuerpo Nacional de Policía, adscrito a la Dirección Adjunta Operativa (DAO), y Francisco Martínez, desde su puesto de secretario de Estado del Ministerio del Interior”, dijo el 16 de mayo para rechazar la petición de los socialistas.
La Operación Cataluña
Al mismo tiempo que se produce esta resolución por parte de la Audiencia Nacional, la Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado la petición de ayuda que ha solicitado un juzgado de Andorra que investiga la conocida como Operación Cataluña, una de las supuestas tramas cometidas por esta policía patriótica del Partido Popular de Fernández Díaz y Rajoy para atacar a sus adversarios políticos. Hasta lo que se ha podido conocer por el momento, esta operación estaba centrada en encontrar trapos sucios pero también fabricar pruebas contra dirigentes independentistas catalanes en plena polémica por el 1 de octubre.
Así, el citado juzgado de Andorra investiga la presunta implicación en esos hechos de Rajoy, Fernández Díaz y Martínez, pero también del exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro; el ex director general de la Policía, Ignacio Cosidó; así como el comisario Eugenio Pino, máximo responsable operativo del Cuerpo con el PP. En este contexto, esta institución había pedido auxilio a las autoridades españolas para notificar su imputación a todos ellos, pero la Audiencia de Madrid ha concluido que esa petición de ayuda debe denegarse al considerar que esta no incluye una "descripción individualizada de los hechos que se imputan a cada querellado".