El exasesor del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, Carlos Rafael Cabrera ha sido condenado a cuatro años de cárcel tras cometer irregularidades durante su mandato en el Ayuntamiento de Aldeacentenera.

Cabrera trabajó con el PP madrileño durante la época del Tamayazo y fue la mano derecha del número dos de Esperanza Aguirre, Romero de Tejada.

Periodista de profesión y con doble nacionalidad, cubano-española, llegó a España para trabajar en la agencia EFE, pero más tarde dejó el mundo informativo para ser asesor en el PP de Esperanza Aguirre.

Carlos Cabrera trabajó con el PP en la época del Tamayazo. Fue jefe de prensa en el Ayuntamiento de Alcorcón y trabajó también en el gabinete del Consistorio de Villaviciosa de Odón.

Candidato a la alcaldía de Aldeacentenera

En plena investigación, Cabrera decidió marcharse de Madrid y se fue al pueblo extremeño de donde era su pareja, Aldeacentenera, en la provincia de Cáceres, pero sus aventuras laborales no se quedarían en Madrid.

Tras conseguir trabajo como asesor gracias al alcalde socialista de la población, Juan Francisco Monterroso, Cabrera tomó la decisión de formar un nuevo partido independiente en 2015. El propio exasesor de Monterroso aseguró en Hoy que se lo había tomado mal.

"Un grupo de chavales del pueblo me pidió consejos para presentar una lista. Pero no se quedaron ahí y me solicitaron ir de número uno", explicó al medio digital el, por aquel entonces, candidato a la alcaldía por Extremeños.

Cabrera logró vencer en las elecciones de 2015 y convertirse en alcalde de Aldeacentenera, pero su mandato no llegó a completarse. A través del partido independiente, varios compañeros de su formación apoyaron una moción de censura contra él por presunta malversación de fondos en enero de 2018.

Condenado a cuatro años de cárcel

La Audiencia Provincial de Cáceres ha anunciado la condena de cuatro años de cárcel para Carlos Cabrera por haber cometido un delito continuado de malversación. La sentencia detalla que el exalcalde de Aldeacentenera deberá pagar 65.485 euros.

El documento judicial asegura que Cabrera contrató a un arquitecto de la Comunidad de Madrid para diferentes remodelaciones de varios lugares públicos, tras no continuar con el arquitecto municipal que llevaba 20 años trabajando con el Consistorio.

El exedil desoyó las recomendaciones del secretario del ayuntamiento que alertaban de la "inviabilidad económica de aquellas obras millonarias". Las labores se llevaron a cabo a pesar de que no existía contrato alguno con dicha persona.