Caja Madrid, en la que antes gobernaba casi a su antojo la Comunidad de Madrid con el apoyo del Ayuntamiento de la capital, ambos en manos del PP, tiene participaciones muy importantes en empresas privadas. De forma directa e indirecta, controla en la actualidad el 12% de IAG, compañía surgida de la fusión de Iberia y British Airways; el 10% de NH Hoteles, el 18,6% del grupo alimentario SOS, el 27,7% de la inmobiliaria Ralia, el 9% de Metrovacesa. También dispone del cien por cien del banco estadounidense City National Bank o del 50% de la empresa concesionaria de autopistas Globalvía.

Poder para invertir
Todas estas participaciones han pasado a depender de Bankia. Algunas de ellas pasaron a formar parte de una filial que Caja Madrid creó hace más de tres años (Cibeles), donde está, por ejemplo, su participación en el banco norteamericano. Pero las acciones de IAG, NH Hoteles o SOS, sin olvidar las de las inmobiliarias, siguen en poder de Bankia. Y es ahí donde podría estribar el secreto de la apuesta de Esperanza Aguirre por dotar al Canal de Isabel II de poder inversor fuera de su sector.

Todo queda en casa
Hasta ahora el Canal de Isabel II había puesto en marcha un proceso de expansión para quedarse con la mayor parte de la red de distribución de agua potable de la Comunidad de Madrid y en los últimos años ha realizado un esfuerzo inversor adicional para hacerse con la red del alcantarillado y la de depuradoras. La excusa oficial ha sido la de convertir al Canal en una empresa integral del agua, a imagen y semejanza de las grandes multinacionales del sector. Pero detrás ha habido operaciones como la firmada en 2005 por Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz Gallardón por la que la Comunidad pagaba al Ayuntamiento de Madrid 700 millones de euros por la red de cloacas de la capital, lo cual le sirvió a Gallardón para no sobrepasar el límite de deuda permitido en plena euforia de inversiones para el soterramiento de la autovía de circunvalación M-30.

Más dinero para alcantarillas
De hecho, entre lo pagado en 2011 y lo previsto para 2012, El Canal va a volver a invertir otros 130 millones de euros en quedarse con redes de alcantarillado de municipios más pequeños. Y como colofón, el Gobierno de Esperanza Aguirre ha calculado que para poder cumplir con los 2.000 millones de euros de inversión que ha previsto hasta 2020 tiene que vender parte de las acciones del Canal de Isabel II a inversores privados. Mucho no querrá sacar de la operación, o quiere cobrarse parte de lo que en su día le dio a Gallardón cuando hace escasamente siete meses ha firmado otro convenio con el Ayuntamiento madrileño por el que le dará otros 189 millones como contrapartida por el uso de la red de aguas depuradas y por otra parte le reserva una participación del 10% en la sociedad que surja de la privatización del Canal.

Las cuentas no salen
Nada de todo esto tiene aspecto de coincidencia. Según las cuentas del Canal de Isabel II de los últimos tres años y las presupuestadas para 2012, a esta empresa pública no le haría falta vender parte de su capital para financiar los 2.000 millones de inversión previstos hasta 2020, ya que tendría de sobra con la caja que genera cada año por las tarifas que cobra a sus usuarios y el beneficio que da a final de año (98 millones en 2011 y casi 94 previstos en 2012). La privatización parcial del canal, cuya posibilidad ya está aprobada por ley, se completa con la potestad de esta empresa para invertir en otras empresas de fuera de su sector que se incluye en el anteproyecto de ley de acompañamiento a los presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2012.

Cierre del círculo
Los presupuestos del Canal para 2012 no contienen ninguna partida que refleje ingresos extraordinarios por venta de parte de su capital ni tampoco prevén inversiones extraordinarias por compra de acciones de otras empresas. Sin embargo, todo ello estará expresamente permitido por leyes aprobadas por la mayoría de Esperanza Aguirre en el parlamento regional madrileño. El círculo solo tiene una forma de cerrarse: el dinero que se consiga con la venta de parte del Canal servirá para comprar participaciones en otras empresas, quizás algunas de las que antes tuvo Caja Madrid y ahora tiene Bankia. Así lograría el PP madrileño recuperar su influencia empresarial directa, no solo política, sino en los consejos de administración.