El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, y del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana José Ceres, han recibido de Hacienda y de la Policía, durante las últimas semanas, informes en los que argumentan sus acusaciones. Empresas adjudicatarias de la Administración habrían pagado actos electorales de Rajoy, Aguirre y Camps, entre 2007 y 2008, organizados por la trama Gürtel. El presidente del PP había asegurado que la dirección general del partido dejó de contratar los servicios del entramado corrupto desde el año 2004.
¿Quién puso en funcionamiento el modus operandi?
Lo que no han podido esclarecer aun es si fue la propia trama Gürtel la que exigió a los empresarios que saldaran las deudas del PP o fue el partido el que señaló que eran estos a quienes se debían cobrar esos pagos, según El País.
El PP ocultó a Hacienda 2,5 millones
Los investigadores afirman que en el año 2007 el PP valenciano ocultó a Hacienda gastos por importe de 2,5 millones de euros y que, además, hay “terceras personas” que habrían pagado, a través de la empresa de Gürtel en Valencia, Orange Market, actos electorales de esta formación.
Las empresas adjudicatarias de la Generalitat habrían conseguido cerca de 800 millones de euros en contratos del Gobierno de Camps.
Los números no cuadran
En 2008, el importe de los servicios prestados por la empresa de la trama Gürtel en Valencia, Orange Market, ascendieron a 1,7 millones de euros, pero la empresa solo cobró 612.322 euros. ¿Quién pagó el resto?
Facsa, 470.000 euros
La Policía ha constatado que una de las empresas a las que se acusa de financiar ilegalmente al PP, Facsa, pagó al partido hasta 470.000 euros, a través de las firmas Orange Market y de Easy Concept, entre 2006 y 2007.
En Madrid, Fundescam
En el caso de Madrid, la evaluación de la contabilidad de las sociedades de la trama topó con que la fundación Fundescam emitió a la red corrupta facturas de trabajos en los que “el cliente real era el Partido Popular”.
Enrique Ortiz, Sedesa,Grupo Villalba y Lubasa
La investigación señala a otros empresarios como pagadores de gastos del PP, como Enrique Ortiz, que habría aportado 300.000 euros; o la empresa Sedesa, con una aportación de 150.684 euros; el Grupo Vallalba, con 199.520 euros, y Lubasa, con 110.200 euros.
Piaf
La Policía también apunta a la firma Piaf, que habría abonado 27.000 euros para gastos del Partido Popular y posiblemente unos 600.000 euros que fueron facturados al Ayuntamiento de Vila-real por servicios que no se realizaron, según han confirmado los funcionarios responsables de los departamentos implicados. Piaf facturó, además, al Ayuntamiento de Castellón 19 millones de euros durante siete años sin que mediaran contratos públicos.
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¿Quién puso en funcionamiento el modus operandi?
Lo que no han podido esclarecer aun es si fue la propia trama Gürtel la que exigió a los empresarios que saldaran las deudas del PP o fue el partido el que señaló que eran estos a quienes se debían cobrar esos pagos, según El País.
El PP ocultó a Hacienda 2,5 millones
Los investigadores afirman que en el año 2007 el PP valenciano ocultó a Hacienda gastos por importe de 2,5 millones de euros y que, además, hay “terceras personas” que habrían pagado, a través de la empresa de Gürtel en Valencia, Orange Market, actos electorales de esta formación.
Las empresas adjudicatarias de la Generalitat habrían conseguido cerca de 800 millones de euros en contratos del Gobierno de Camps.
Los números no cuadran
En 2008, el importe de los servicios prestados por la empresa de la trama Gürtel en Valencia, Orange Market, ascendieron a 1,7 millones de euros, pero la empresa solo cobró 612.322 euros. ¿Quién pagó el resto?
Facsa, 470.000 euros
La Policía ha constatado que una de las empresas a las que se acusa de financiar ilegalmente al PP, Facsa, pagó al partido hasta 470.000 euros, a través de las firmas Orange Market y de Easy Concept, entre 2006 y 2007.
En Madrid, Fundescam
En el caso de Madrid, la evaluación de la contabilidad de las sociedades de la trama topó con que la fundación Fundescam emitió a la red corrupta facturas de trabajos en los que “el cliente real era el Partido Popular”.
Enrique Ortiz, Sedesa,Grupo Villalba y Lubasa
La investigación señala a otros empresarios como pagadores de gastos del PP, como Enrique Ortiz, que habría aportado 300.000 euros; o la empresa Sedesa, con una aportación de 150.684 euros; el Grupo Vallalba, con 199.520 euros, y Lubasa, con 110.200 euros.
Piaf
La Policía también apunta a la firma Piaf, que habría abonado 27.000 euros para gastos del Partido Popular y posiblemente unos 600.000 euros que fueron facturados al Ayuntamiento de Vila-real por servicios que no se realizaron, según han confirmado los funcionarios responsables de los departamentos implicados. Piaf facturó, además, al Ayuntamiento de Castellón 19 millones de euros durante siete años sin que mediaran contratos públicos.
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