En diciembre del año 2007, durante el gobierno progresista dirigido por Emilio Pérez Touriño, se modificó el decreto que regulaba las condiciones de habitabilidad del hábitat gallego. La nueva legislación incluía la “ especial consideración en la eliminación de la posible contaminación de las viviendas por gas radón “, ya que Galicia es la comunidad más expuesta de España y una de las máximas de Europa a la radiación que produce este gas. Para ello se requería la disposición de un forjado sanitario (espacio ventilado) obligatorio, tanto para las nuevas edificaciones como para las rehabilitaciones, que consistía en aislar la casa del suelo con un espacio mínimo de 60 cm desde el nivel inferior, para garantizar un nivel de ventilación cruzada suficiente, que minimizaría el riesgo de penetración del aire exterior contaminado en los interiores.
Con la llegada del actual presidente de la Xunta al poder, en el año 2010 este reglamento fue modificado, excluyendo las medidas necesarias para evitar la exposición a este gas. Es decir, el forjado sanitario pasaría de los 60 cm a los 20 cm actuales.
Ahora la directiva de la Comisión Europea que, después de tres décadas de alertas científicas, obliga por primera vez a los Estados a actuar contra este gas cancerígeno en territorios de riesgo como Galicia.
Feijoo benefició a constructores frente a la salud pública
María Pierres, parlamentaria del grupo socialista, explica que “ante la falta de una normativa estatal, el gobierno presidido por Pérez Touriño tuvo la suficiente sensibilidad para legislar este problema de forma transversal, obligando a establecer un forjado sanitario de 60 cm que evita la concentración del radón en las viviendas “. En el año 2010, continúa Pierres, Feijóo “eliminó la medida del articulado, ya que según se justificó, entraba en controversia con los promotores. De esta forma se antepuso el interés de los constructores a la salud de la ciudadanía gallega “. Para la socialista “esto es un hecho grave. Pasaron la problemática al gobierno del Estado, achacando que estas medidas debían de estar articuladas en una ley estatal, pero no logramos entender y de hecho lo hemos preguntado en comisión, cómo se han acometido reformas en edificios de carácter público para adaptarlos a la normativa vigente sobre exposición a las radiaciones ionizantes (el radón genera partículas que producen ionizaciones) y sin embargo no se hayan establecido medidas preventivas sobre la población en general “. Para terminar, añade la diputada del PSOE en el parlamento gallego, el incremento sobre el coste de la vivienda, de las medidas preventivas establecidas en el 2007 por Touriño “era prácticamente nulo. Quiero pensar que al eliminar esta clausula se trató de evitar la responsabilidad, derivando la problemática al gobierno central “. Nosotros, matiza María “creemos tal y como lo concebíamos en el 2007, que esto no solo se trata de un problema de vivienda e infraestructuras, sino de salud pública, lo que debe de prevalecer sobre el resto, ya que Galicia es al radón lo que California es a los movimientos sísmicos”
Galicia, la comunidad más afectada por el gas radón
Dolores Cortina, responsable del laboratorio de análisis de radiaciones del Instituto Gallego de Física de Altas Energías (IGFAE) de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), explica que el radón “es un gas radioactivo de origen natural producido por la desintegración del uranio 238. Este se encuentra presente en pequeñas cantidades en todos los suelos y a su vez también es un elemento con radiactividad”. La incidencia en Galicia es mayor que en el resto del territorio, continúa la docente “porque se juntan dos factores, por una parte la presencia de uranio 238 es un poco más elevada que en otros territorios, al mismo tiempo que el suelo gallego es geológicamente muy activo ya que está muy fracturado, con lo que el gas sale con mayor facilidad al exterior”. La concurrencia de este gas en espacios cerrados asegura Dolores, “puede representar un riesgo para la salud. En la comunidad gallega su concentración media en espacios interiores es ‘un factor 3 más elevada que en el resto de España ‘. El problema que tenemos con este tipo de radiación es que no hemos podido establecer si existe un umbral mínimo de radiación que resulte nocivo, pero sí que sabemos que las dosis altas son letales”. Sería como establecer la idea de riesgo cero, asevera Cortina, “ya que no existe. Lo que hemos fijado es un estadío de actuación que son los 300 dequerelios por metro cúbico. A partir de estos parámetros ya se supone que el riesgo es alto. Una vez que se ponga en marcha la normativa a la que obliga la Unión Europea, hemos desarrollado mecanismos para hacer mediciones adaptadas en un período muy corto de tiempo que solucionan esta problemática desde todos los puntos de vista”, termina la responsable del laboratorio de análisis de radiaciones de la USC.
Llegados a este punto, cabe subrayar la irresponsabilidad en la que incurrió el gobierno presidido por Núñez Feijóo, no solo por anular una normativa que amortiguaba un problema sino por los sobrecostes que va a provocar su mala gestión.
