Los acontecimientos acaecidos en Cataluña el 1-O han dicotomizado la sociedad: por un lado, los que alaban –e incluso, exaltan- las cargas policiales perpetradas durante el referéndum secesionista, y por otro, los que criminalizan las acciones policiales. El Partido Popular, como era de esperar, se ha situado entre los primeros. Con esta coyuntura como telón de fondo, se va a dar una imagen ciertamente paradójica. Como si de justicia poética se tratase, la Guardia Civil se personará en la sede del PP en Génova 13 para notificar a su tesorera, Carmen Navarro, que está imputada (investigada) en el marco de la Operación Taula.

El Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que investiga la presunta caja B de la formación en el grupo municipal de Valencia, ha citado como imputado a Navarro ya que, como tesorera nacional, era la responsable de fiscalizar las cuentas de los grupos municipales. El PP no ha recogido la notificación y los abogados tampoco han presentado recurso. Según publica El Mundo, Carmen Navarro no tiene pensado desplazarse hasta Valencia el 16 de octubre, por lo que el resultado será que veremos a la Guardia Civil en Génova 13 para entregar la notificación en persona a una de las pocas tesoreras del PP que quedaban sin imputar en causas de corrupción. Concretamente, se investiga el papel de Navarro en las elecciones municipales de 2011, donde el grupo popular de Valencia gastó más de dos millones de euros.

“En el año 2006, en virtud de tratos previos entre Alfonso Grau (por entonces vicealcalde del Ayuntamiento de Valencia) y Vicente Sáez Tormo, ya fallecido, ambos convinieron en utilizar el entramado empresarial de este último, y en especial la empresa Laterne, para alcanzar el objetivo de sufragar de forma irregular la adquisición de bienes y servicios de terceros desarrollados con motivo de las elecciones municipales del año 2007, velando el origen de los fondos y simulando la imputación de gasto, (...) permitiendo con ello que se superara el techo legal de gasto”, asegura el juzgado. Por este motivo, se cita como imputado al ex gerente provincial y el ex vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, jefe de las campañas de Rita Barberá.