¡¡Quién le iba a decir al gobierno Ayuso que en esta legislatura la cuestión universitaria sería una de las que mayor enfrentamiento con la sociedad madrileña les iba a provocar!! Se las prometían muy felices cuando en septiembre de 2024 ultimaban en los presupuestos un nuevo estrangulamiento insoportable para las universidades públicas, a pesar de que ya en abril los rectores habían elevado una angustiada voz de alarma, y por eso, cuando la comunidad universitaria y la ciudadanía en su conjunto se alzó contra el maltrato sistemático a la universidad, les pilló con el pie cambiado y desde entonces la batalla de los presupuestos está en su punto más álgido. Un año y poco después, la comunidad universitaria ha conseguido arrancar al gobierno Ayuso un aumento de 47 millones en 2025 y otro de 75 millones en 2026. Y decimos “arrancar” porque efectivamente cada euro que meten en universidad les produce tal esfuerzo y dolor como si les arrancáramos la piel a tiras, y es sin duda una victoria de la que debemos estar orgullosos. Por supuesto, hay que estar bien atentos, porque de los primeros 47 millones arrancados solo han llegado 11 a día de hoy. De hecho, la situación sigue siendo gravísima y la asfixia insufrible, y en un momento de bonanza económica, cuando la banca y las grandes empresas obtienen beneficios milmillonarios, las universidades públicas madrileñas soportan déficits intolerables provocados por la falta de financiación, y aun así consiguen mantener docencia e investigación de calidad, y servicios dignos. ¡¡Es admirable la eficiencia de nuestras universidades y cómo consiguen mantener un gran prestigio internacional con presupuestos ridículos!!
La otra batalla de esta guerra del gobierno Ayuso contra la universidad es la de la ley madrileña de universidad y ciencia (LESUC), una ley hecha con dos finalidades muy claras: confrontar con el gobierno central e intervenir de facto las universidades públicas por medio de un estricto control, no sobre las cuentas, que ya están muy controladas y auditadas, sino sobre el destino del gasto, es decir, sobre la estrategia docente e investigadora de cada universidad (profesorado, personal, recursos, etc.), y por medio de la represión sobre cualquier tipo de protesta o movimiento estudiantil. También en este caso la confrontación ha sido muy dura y la Consejería lleva casi dos años de tensas relaciones con las autoridades académicas (porque de negociación propiamente dicha no se puede hablar) y tratando de ningunear al resto de la comunidad universitaria, especialmente estudiantes, asociaciones de investigadores y sindicatos. Hemos perdido la cuenta de borradores que se han filtrado, a cada cual más disparatado, pero parece ser que por fin el gobierno Ayuso se ha avenido a mitigar algunos de los aspectos más dañinos de la ley, cuyo planteamiento, sin embargo, sigue siendo abiertamente contrario a una universidad autónoma, democrática y moderna. Este paso atrás, esta cesión, si se confirmase, es otra importante victoria de la comunidad universitaria, aunque sea parcial, contra un gobierno que, a pesar de su mayoría absoluta, no puede imponerles sus objetivos máximos de destrucción.
Por último, esta guerra de Ayuso contra la universidad no puede entenderse si no se sitúa en el ámbito global del ataque a la universidad llevado a cabo por la internacional reaccionaria. La acometida de Ayuso es una más de las que perpetran los Trump, Milei u Orbán contra la universidad como sede de conocimiento, ciencia, pensamiento crítico y democracia; por eso, la resistencia ante ello es absolutamente vital y hay que decir que, en general, a nivel global las universidades están resistiendo al ataque con bastante éxito. Nos jugamos nada más y nada menos que la civilización, tal y como la conocemos, y, por ello, cualquier victoria, como las que estamos consiguiendo también en Madrid, son tan fundamentales como insuficientes.
Hay que seguir apretando: hemos demostrado que el gobierno de Ayuso no es invencible y que cuando la comunidad se mantiene unida, incluyendo a las autoridades académicas, podemos obtener mejoras sustanciales. Por eso, la huelga y las manifestaciones de los próximos días van a ser jornadas cruciales para mostrar nuestra unidad, nuestro empuje y nuestra determinación, que no se contenta con migajas, sino que exige un cambio radical en la política de la Comunidad de Madrid con la universidad pública. Si seguimos juntos frente al ataque que padecemos podemos darle la vuelta a la situación y pasar en breve a la ofensiva para conseguir una universidad y una sociedad más justa, más libre y más sabia.
Juan Varela-Portas Orduña es profesor de la Universidad Complutense de Madrid y diputado de Más Madrid en la Asamblea de Madrid
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