Las imágenes del 14 de octubre en la Ciudad Universitaria de Madrid no se van a olvidar pronto. Agentes de la Unidad de Intervención Policial golpearon con porras a estudiantes y profesores frente a la Facultad de Ciencias Químicas. Llevaban una pancarta en defensa de la universidad pública con el grabado de los fusilamientos del 3 de mayo de Goya. Ninguna metáfora preparada habría salido tan certera. La jornada terminó con cinco detenidos, varios heridos entre los manifestantes y dos agentes con lesiones leves. Ese mismo día la Complutense condenó lo ocurrido y dejó claro que no había pedido ni promovido la presencia policial en su campus. La Conferencia de Rectores dijo que esas cargas "chocan frontalmente con todo lo que representa un campus universitario".
Puede que mañana nadie recuerde la Plaza de las Ciencias. Por eso hay que hablar ahora de lo que revela, que va más allá de una mañana concreta. El problema es estructural y tiene tres planos que conviene separar: el funcionamiento interno del cuerpo, el papel de los sindicatos policiales y la cadena de responsabilidad política, que está por encima de cualquier comisario.
Una policía democrática se mide en su peor día
Conviene empezar por lo obvio, porque en este debate lo obvio suele ser lo primero que se pierde. La inmensa mayoría de los agentes de la Policía Nacional hacen su trabajo con profesionalidad, muchas veces en condiciones duras y con salarios que no compensan el riesgo. Defender a la policía no exige callarse ante una mala actuación. Lo que exige es justo lo contrario. Una institución que no corrige sus errores los convierte en costumbre, y la costumbre acaba en cultura.
La primera reforma tiene que ver con la proporcionalidad, que debe pasar de ser una palabra de manual a una regla que se pueda comprobar. Las unidades antidisturbios necesitan protocolos públicos y detallados sobre cuándo se encapsula a un grupo, cuándo se carga y cuándo se dispara material antidisturbios. También necesitan registros obligatorios de cada uso de la fuerza, revisados por alguien que no pertenezca a la propia unidad. El número de identificación tiene que ser visible y legible en todo momento, también en el chaleco y en el casco. Las cámaras corporales deberían ser obligatorias en los dispositivos de orden público, con una custodia de las grabaciones que no dependa de quien las graba. Si la actuación fue correcta, las imágenes protegerán al agente. Si no lo fue, protegerán al ciudadano. En los dos casos sale ganando la verdad.
La segunda reforma es la de los controles. España sigue sin un organismo independiente que investigue las actuaciones policiales con autonomía real, como recomiendan desde hace años organismos europeos de derechos humanos. Hoy es la propia Policía la que investiga a la Policía. El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, pidió una "investigación urgente" al jefe superior. Fue un gesto necesario, pero se queda corto. Ningún sistema serio de rendición de cuentas puede descansar únicamente en la buena voluntad de la jerarquía que se investiga.
La tercera reforma es la formación. Hoy la gestión de multitudes se enseña sobre todo como una técnica de contención. Debería enseñarse también como una técnica de desescalada. Muchos países de nuestro entorno han incorporado equipos de diálogo y mediación a los dispositivos de protesta, porque una pancarta no se trata igual que un piquete violento. Distinguir entre ambos es precisamente el oficio del policía.
Sindicatos, sí; corporativismo, no
Los sindicatos policiales son una conquista democrática. Costó décadas que los agentes pudieran organizarse, reclamar mejoras laborales y denunciar abusos internos, y hay que defender ese derecho sin matices. Pero un sindicato que reacciona a cualquier crítica externa cerrando filas deja de hacer sindicalismo y empieza a funcionar como una corporación.
Tras la Complutense, algunas organizaciones policiales salieron en tromba a respaldar la intervención. Hablaron de "piquetes" que impedían el acceso a las facultades y se enfrentaron públicamente al delegado del Gobierno por haber pedido explicaciones. Algunos agentes llegaron a reprochar a la Delegación que no les hubiera dado una hoja de ruta. Es legítimo que un sindicato defienda la presunción de inocencia de sus afiliados y exija que se investigue también la violencia contra los agentes, que la hubo y que es intolerable. Lo que no puede hacer es presentar cualquier investigación como un ataque al cuerpo, ni poner en duda la autoridad civil por el mero hecho de ejercerla.
La diferencia es clara. El sindicato defiende derechos laborales. La corporación defiende la impunidad del grupo. El primero hace mejor a la policía y la segunda la aísla de la sociedad a la que sirve. Los sindicatos policiales deberían ser los primeros interesados en que haya cámaras, protocolos claros y controles independientes, porque esas herramientas protegen al buen policía frente a la sospecha general que provoca el mal policía. Cuando un sindicato rechaza la transparencia, lo que transmite es que tiene algo que esconder, aunque no sea así.
El mando político no se delega
Queda el plano más incómodo, el político. Se ha pedido el cese del mando policial responsable de la actuación. Puede que sea necesario, y si la investigación lo justifica habrá que hacerlo. Pero sería un error que todo terminara con un comisario relevado y un expediente archivado.
En una democracia, la policía no decide sola cuántas furgonetas manda a un campus, ni qué umbral de tensión justifica una carga. Esas decisiones están dentro de una cadena de mando que termina en responsables civiles: la Delegación del Gobierno y, por encima de ella, el Ministerio del Interior. El delegado del Gobierno no puede ser solo un espectador indignado ante las imágenes. La pregunta que debe responder no es únicamente por qué cargaron los agentes, sino por qué había ese despliegue esa mañana en un recinto universitario cuya rectora no lo había pedido.
La responsabilidad política no consiste en ponerse delante del mando policial cuando las cosas salen mal. Consiste en dirigirlo antes, con instrucciones claras, criterios públicos y una línea roja explícita: los campus, las aulas y las protestas pacíficas no son escenarios de guerra. Tampoco ayuda la sensación de que la vara de medir cambia según quién se manifieste. Varias voces han señalado la diferencia de trato con otras concentraciones recientes en Madrid. Esa sospecha, sea cierta o no, es corrosiva, y solo se combate con reglas iguales aplicadas a todos.
Un gobierno progresista no puede permitirse ambigüedad en esto. La izquierda lleva décadas reclamando una policía democrática, cercana y controlada. Ahora gestiona Interior y tiene la oportunidad de legislarlo: una ley de uso de la fuerza, un órgano de control independiente, la identificación visible obligatoria y la revisión de las normas que todavía permiten zonas grises. Si no lo hace, otros heredarán esa estructura y la usarán con menos escrúpulos.
La Policía Nacional merece una reforma que la proteja de sus propios excesos. Los ciudadanos merecen una garantía: quien lleva uniforme responde ante las leyes, y quien da las órdenes responde ante el Parlamento. En la Complutense falló algo más que una carga. Falló la confianza, y esa confianza solo se recupera con reformas.
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