Pasaba por ahí cuando leí que un tercio de los autónomos (en concreto, a los societarios y a familiares colaboradores) podría ver incrementada su cuota en torno a 135 euros al mes. Como tantas otras veces, la noticia parecía una más dentro del flujo constante de información económica, pero bastaron unos minutos para entender que no estábamos ante un dato aislado ni ante una simple actualización técnica. Lo que se estaba describiendo, en realidad, era la manifestación visible de algo que lleva tiempo gestándose y que ahora empieza a hacerse evidente para muchos.
Porque no estamos ante una sorpresa ni ante un error de aplicación. Tampoco estamos ante una desviación puntual del sistema. Lo que estamos viendo es el sistema funcionando con toda su lógica interna desplegada, y eso es precisamente lo que debería invitar a una reflexión más profunda. Durante años se ha defendido la cotización por rendimientos reales como un avance en términos de equidad, como una forma de ajustar mejor las aportaciones a la realidad económica de cada autónomo y como un paso necesario hacia un modelo más justo. Sobre el papel, la propuesta resultaba difícil de cuestionar, en gran medida porque se apoyaba en una idea aparentemente evidente: que quien más ingresa, más capacidad tiene para cotizar.
Sin embargo, esa premisa, que puede resultar válida en el ámbito del trabajo por cuenta ajena, se vuelve mucho más discutible cuando se traslada al mundo del autónomo. La actividad por cuenta propia no responde a una lógica lineal ni previsible. Los ingresos fluctúan, los costes varían, los periodos de bonanza se alternan con etapas de incertidumbre y, en muchos casos, la estabilidad es más una aspiración que una realidad. Reducir toda esa complejidad a una cifra anual de ingresos y, a partir de ahí, establecer una obligación de cotización fija es, en esencia, una simplificación que acaba teniendo consecuencias.
Lo verdaderamente relevante es que este desenlace no puede considerarse inesperado. Desde el momento en que se aceptó el principio de vincular directamente las cotizaciones a los rendimientos, se asumió también, de manera implícita, una determinada forma de entender la capacidad económica del autónomo. Y esa forma de entenderla es la que hoy está mostrando sus límites. No porque el sistema esté fallando, sino porque responde exactamente a la lógica con la que fue diseñado. Una lógica que permite introducir ajustes progresivos, modificar tramos o afinar estimaciones sin necesidad de grandes reformas visibles, pero que en su conjunto genera una tendencia sostenida al incremento de las cuotas.
En este punto conviene detenerse en un aspecto que rara vez se aborda con la suficiente claridad. Este tipo de decisiones no suelen derivarse únicamente de un problema técnico, sino también de una cierta distancia entre quienes diseñan las normas y la realidad de aquellos a quienes van dirigidas. Cuando se legisla sin conocer en profundidad cómo funciona el día a día de un autónomo, cuando se analiza su actividad desde una perspectiva excesivamente teórica o agregada, se corre el riesgo de construir modelos coherentes en el papel, pero difíciles de sostener en la práctica. Y eso es, en buena medida, lo que ha ocurrido.
Se ha regulado al autónomo sin comprender plenamente al autónomo. Se ha intentado ordenar su actividad desde parámetros que no siempre captan su verdadera naturaleza, ni su nivel de exposición al riesgo, ni la fragilidad que acompaña a muchas iniciativas empresariales individuales. Como consecuencia, el sistema puede parecer equilibrado desde una perspectiva normativa, pero empieza a generar tensiones cuando se traslada al terreno real, donde las decisiones tienen impacto directo sobre la viabilidad de los proyectos y sobre la continuidad de la actividad.
El autónomo medio está viendo cómo aumentan sus costes estructurales sin que su capacidad real de generar valor haya crecido en la misma proporción
Por eso, cuando ahora se habla de incrementos de 135 euros mensuales, el dato en sí mismo resulta casi secundario. Lo relevante no es la cifra concreta, sino el mecanismo que la hace posible y, sobre todo, previsible. Lo que se está poniendo de manifiesto es que el autónomo medio —ese que no está en los extremos, sino en el amplio espacio intermedio que sostiene buena parte de la economía— está viendo cómo aumentan sus costes estructurales sin que su capacidad real de generar valor haya crecido en la misma proporción. Y eso introduce un elemento de tensión que no siempre se percibe de forma inmediata, pero que acaba teniendo efectos acumulativos.
A medida que esos costes aumentan, los márgenes se reducen, las decisiones de inversión se retrasan y la asunción de riesgos se vuelve más cautelosa. Se instala, poco a poco, la idea de que cualquier mejora en los ingresos puede venir acompañada de una carga adicional, lo que altera la percepción del crecimiento y modifica el comportamiento económico. En lugar de incentivar la expansión, el sistema puede terminar favoreciendo la contención, algo que resulta especialmente problemático en un contexto en el que se necesita precisamente lo contrario.
Todo ello obliga a replantear el enfoque del debate. No se trata tanto de discutir cada subida concreta como de analizar el modelo en su conjunto y de preguntarse si realmente responde a la realidad que pretende regular. La cuestión no es si un determinado tramo es más o menos adecuado, sino si el principio sobre el que se construye el sistema refleja correctamente la naturaleza de la actividad autónoma. Y, sobre todo, si se ha tenido en cuenta la experiencia acumulada de quienes, día a día, operan dentro de ese marco.
Porque cuando ese análisis no se realiza, lo que hoy genera sorpresa termina convirtiéndose en rutina. Y cuando la rutina se instala en este tipo de procesos, lo que se pierde no es solo capacidad económica, sino también confianza en el propio sistema. Una confianza que resulta esencial para que cualquier modelo funcione de manera sostenible en el tiempo.
Por eso, quizá conviene formular la conclusión con la claridad que exige el momento. No estamos ante un problema puntual ni ante una desviación inesperada, sino ante la consecuencia lógica de una decisión que se tomó en su día sin calibrar completamente sus efectos.
El problema no es que ahora suban las cuotas. El problema es que aceptamos un sistema diseñado para que subieran.