España está creando más empleo que nunca y, además, empleo estable. El paro se sitúa en niveles que no veíamos desde hace más de una década y el número de afiliados a la Seguridad Social marca récords históricos. No es un lema partidista: son cifras oficiales que impactan directamente en la vida cotidiana de millones de personas. Detrás de cada décima que baja el desempleo hay familias que respiran, jóvenes que encuentran su primera oportunidad y trabajadores que, por fin, firman un contrato indefinido.
Y, sin embargo, ni el PP ni Vox han hecho de estos avances un motivo de reconocimiento explícito. Ni Ayuso ni Abascal han puesto el foco en la mejora de los indicadores laborales. En cambio, han preferido mirar hacia Argentina y ensalzar como referente a Javier Milei, impulsor de una agenda de desregulación profunda. Si Ayuso y Abascal apoyan recortes laborales y modelos que debilitan derechos, la pregunta no es exagerada ni demagógica: ¿por qué los votas?
Las afinidades políticas nunca son inocentes. Cuando un dirigente elogia a otro, está señalando el tipo de políticas que considera acertadas y el modelo social que desearía aplicar. En el caso argentino, el llamado “modelo Milei” ha supuesto una transformación radical del marco laboral. Entre otras medidas, se han introducido mecanismos que permiten concentrar jornadas de hasta 12 horas diarias mediante sistemas de banco de horas que diluyen la compensación por horas extra y amplían la discrecionalidad empresarial.
También se han establecido restricciones más severas al derecho de huelga, fijando servicios mínimos y condiciones que, según denuncian organizaciones sindicales, dificultan en la práctica el ejercicio efectivo de la protesta laboral. A ello se suma la modificación de los criterios de cálculo de las indemnizaciones por despido, con la exclusión de determinados conceptos salariales, lo que reduce la compensación que percibe quien pierde su empleo.
La reforma ha avanzado igualmente hacia una mayor primacía de los acuerdos individuales frente a los convenios colectivos sectoriales. Ese desplazamiento debilita la capacidad negociadora de los trabajadores, especialmente en contextos de desempleo o precariedad, donde la posición individual es claramente más frágil que la colectiva. En paralelo, se han impulsado medidas de ajuste fiscal severo, con reducción de subsidios y transferencias sociales, que han afectado al poder adquisitivo de amplias capas de la población.
No se trata aquí de hacer un juicio global sobre la política argentina, sino de entender qué significa respaldar públicamente ese enfoque. Cuando se elogia un programa que abarata el despido, restringe la huelga y reduce la protección social, se está enviando un mensaje ideológico claro: la prioridad es flexibilizar el mercado laboral incluso a costa de debilitar derechos históricos.
Frente a esa orientación, España ha recorrido en los últimos años un camino distinto. La reforma laboral acordada en 2021 bajo el Gobierno de Pedro Sánchez reforzó la negociación colectiva y limitó el abuso de la contratación temporal. El resultado ha sido una caída sustancial de la temporalidad y un aumento notable de los contratos indefinidos, incluidos los fijos discontinuos, que han cambiado la estructura real y estadística del mercado de trabajo.
Entonces, ¿por qué ese silencio incómodo desde la derecha? Si el empleo crece y la estabilidad aumenta, cabría esperar que cualquier fuerza que aspire a gobernar lo reconociera. Sin embargo, asumir ese éxito implicaría cuestionar una narrativa repetida durante años: que la única vía para crear trabajo pasa por reducir garantías y abaratar costes laborales.
El debate no es técnico, es político. Cuando se respalda un modelo que amplía jornadas sin una compensación clara, que facilita el despido y que resta poder a los sindicatos, se está tomando partido en la relación entre capital y trabajo. Se está decidiendo quién asume los costes en tiempos de dificultad. Y esa elección tiene consecuencias concretas en la vida de la gente.
Las medallas y los gestos institucionales tampoco son neutros. Cuando Ayuso distinguió a Milei, no estaba realizando un acto meramente protocolario. Estaba otorgando legitimidad simbólica a un proyecto político. Cuando Abascal lo presenta como ejemplo de valentía y coherencia, está señalando una hoja de ruta. Las declaraciones públicas importan porque anticipan prioridades.
España no es Argentina, pero las ideas no conocen fronteras. La desregulación laboral, el adelgazamiento del Estado social y la reducción del peso de la negociación colectiva forman parte de un mismo ecosistema ideológico que ha ganado espacio en distintos países. Sus defensores sostienen que la flexibilidad impulsa la inversión y el crecimiento; sus críticos advierten que, sin contrapesos, conduce a mayor desigualdad y precariedad.
La experiencia española ofrece lecciones. La reforma laboral que aprobó un Gobierno del PP facilitó el despido y amplió la capacidad empresarial para modificar condiciones de trabajo. El resultado fue una recuperación basada en salarios contenidos y elevada temporalidad. Muchos trabajadores encadenaron contratos breves y vivieron durante años en la incertidumbre permanente.
En cambio, con la reforma laboral aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez se reforzó la negociación colectiva, se limitaron los abusos en la temporalidad y se produjo un mejora cuantitativa y cualitativa del empleo. No es casualidad que hoy haya más contratos indefinidos y que la afiliación marque récords.
Por eso es razonable plantear la cuestión claramente. Si eres trabajador por cuenta ajena, si dependes de un salario para sostener a tu familia, ¿te beneficia un modelo que reduce la capacidad de negociación colectiva? ¿Te protege un esquema que abarata el despido o que facilita jornadas más largas sin garantías adicionales? ¿O, por el contrario, te ofrece mayor seguridad un marco que refuerza convenios y estabilidad laboral?
Cuando Ayuso y Abascal muestran admiración por un programa que ha provocado fuertes tensiones sociales en Argentina, están dejando entrever cuál es su prioridad. No hablan solo de eficiencia o crecimiento, sino de un rediseño profundo de las reglas del trabajo. Y ese rediseño afecta directamente a la mayoría social.
Es posible que algunos votantes compartan esa visión y consideren que la flexibilidad extrema es el camino adecuado. Pero muchos otros, trabajadores que valoran su estabilidad y la protección frente a abusos, deberían preguntarse si esa admiración encaja con sus propios intereses. Porque, al final, las políticas laborales no se quedan en los discursos: se traducen en nóminas, horarios, indemnizaciones y derechos efectivos.
España afronta retos importantes: modernizar su tejido productivo, mejorar la productividad, reducir desigualdades. Ese debate es necesario. Pero difícilmente se resolverá debilitando la posición de quienes trabajan. La competitividad sostenible no puede construirse sobre la erosión constante de derechos básicos.
Por eso la pregunta del titular no es una provocación vacía. Es una invitación a reflexionar. Si Ayuso y Abascal apoyan recortes laborales y políticas que debilitan a los trabajadores, ¿por qué los votas? La respuesta pertenece a cada ciudadano. Pero conviene formular la pregunta con todos los datos sobre la mesa y con plena conciencia de lo que está en juego: tu empleo, tu estabilidad y tu dignidad en el trabajo.