Sánchez cumple la Ley ELA y refuerza la Dependencia: la España que cuida frente a la que privatiza

Hay decisiones políticas que dicen más de un país que cualquier dato económico. La aprobación del Real Decreto-Ley 11/2025, que desarrolla la Ley ELA y refuerza el sistema de atención a la dependencia, es una de ellas. No se trata solo de una norma técnica, sino de la prueba de que el Gobierno de Pedro Sánchez entiende el poder como una herramienta de justicia social. En palabras del presidente: “Un país es más fuerte cuando cuida a los que más lo necesitan.”

Ahí está la diferencia con la derecha. Mientras el Ejecutivo actúa, en las comunidades gobernadas por el Partido Popular —Madrid, Andalucía, Extremadura, Castilla y León o la Comunidad Valenciana— se recortan servicios, se privatizan cuidados y se convierte el sufrimiento en negocio. Alberto Núñez Feijóo no ha hecho una sola propuesta para mejorar la vida de las personas dependientes. Ni cuando presidía Galicia, ni ahora desde Madrid. Al contrario, respalda los recortes de sus barones autonómicos e incluso los impulsa, con un objetivo claro: debilitar lo público para favorecer el negocio de unos pocos a costa de los más vulnerables.

El 21 de octubre de 2025 el Consejo de Ministros aprobó un decreto que moviliza 500 millones de euros para mejorar la atención a las personas con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y otras enfermedades irreversibles, y para reforzar el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Con esta medida, la financiación total del sistema alcanza los 3.729 millones de euros, la cifra más alta de su historia, a la que se suman más de 800 millones procedentes de fondos europeos destinados a modernizar los servicios sociales. No es una acción aislada, sino la respuesta al mandato de la Ley 3/2024, conocida como Ley ELA, aprobada por unanimidad en el Congreso. Por primera vez, todos los partidos se unieron para reconocer la dignidad de quienes viven con enfermedades de alta complejidad. Pero solo un Gobierno decidido ha sabido llevar esa ley a la práctica, porque los derechos no se defienden con discursos, sino con recursos.

La gran novedad del decreto es la creación del Grado III+, un nivel especial de dependencia destinado a quienes necesitan atención continuada las 24 horas del día. Para estas personas, el Estado garantiza una prestación de hasta 9.860 euros mensuales, cofinanciada al 50% entre el Gobierno y las comunidades autónomas. Nunca antes se había reconocido económicamente una necesidad tan extrema. Y no se trata de caridad, sino de justicia social. Se calcula que cada paciente requiere al menos cinco profesionales para cubrir su atención permanente, lo que supone una inversión anual de más de 118.000 euros por persona. Es el coste de cuidar, de acompañar, de sostener a las familias. Frente a quienes ponen precio al cuidado, el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido invertir en humanidad.

La Ley de Dependencia fue una de las grandes conquistas sociales del siglo XXI. Pensada para quienes necesitan ayuda para levantarse, asearse, vestirse o alimentarse —y también para quienes los cuidan, mujeres en su mayoría, invisibilizadas y sobrecargadas—, su aprobación supuso un cambio profundo: colocó los cuidados en el centro del Estado del Bienestar, al mismo nivel que la sanidad, la educación o las pensiones. Dio nombre, protección y dignidad a millones de personas. Pero el Partido Popular nunca creyó en ella. Desde el principio la rechazó. Mariano Rajoy la calificó de inviable, y su ejecutor fue Juan Manuel Moreno Bonilla, entonces secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, quien recortó 5.406 millones de euros del sistema, retrasó la entrada de los dependientes moderados, eliminó la cotización a la Seguridad Social de las cuidadoras familiares, redujo un 15 % las prestaciones económicas y recortó drásticamente las horas de ayuda a domicilio.

¿De verdad lo hemos olvidado? Bajo su mandato, miles de personas murieron en lista de espera sin recibir la ayuda que les correspondía. Porque no hablamos de cifras, sino de vidas. El PP nunca ha creído en los cuidados públicos. Los considera un gasto, no una inversión; un estorbo, no una responsabilidad colectiva. Frente a esa lógica, la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno en 2018 supuso un giro radical. En su primer año como presidente, aumentó un 59% el presupuesto de Dependencia, hasta los 2.232 millones de euros. Desde entonces, la inversión ha seguido creciendo hasta alcanzar los 3.411 millones anuales, un 151% más que en 2018. Por primera vez en años, el Estado volvió a mirar a las personas vulnerables no como una carga, sino como sujetos de derecho. Se recuperaron las cotizaciones de las cuidadoras familiares, se reforzaron los servicios públicos y se redujeron las listas de espera. Lo que el PP destruyó con tijeras, el PSOE lo reconstruye con empatía y recursos.

Hoy, con la Ley ELA y el nuevo decreto, el Gobierno da un paso más. Refuerza el sistema con una mirada humana y feminista, reconociendo que los cuidados no son un asunto privado, sino un compromiso de país. El Real Decreto-Ley 11/2025 se aprueba por vía urgente porque la ELA y otras enfermedades degenerativas no pueden esperar. Cada mes perdido es un deterioro irreversible. “No podemos perder tiempo cuando lo que está en juego es la vida de las personas”, dijo Sánchez tras su aprobación. Esa urgencia contrasta con la indolencia del PP, que mantiene colapsados los servicios sociales en Andalucía, Galicia o Madrid. Moreno Bonilla presume de gestión mientras su comunidad acumula meses de retraso; Ayuso privatiza parte de la atención domiciliaria; y Feijóo, fiel a su estilo, ni siente ni propone. Habla de moderación mientras respalda gobiernos que recortan la dependencia y abandonan a las familias cuidadoras.

El decreto aprobado modifica tres normas esenciales —la Ley 39/2006, la Ley 31/2022 y el Real Decreto 1051/2013— para consolidar un nuevo modelo de protección integral. No es solo una medida social: es una declaración de principios. Porque la dependencia es el espejo del modelo de país. Por un lado, el modelo progresista de Pedro Sánchez, que refuerza lo público, amplía derechos y reconoce la dignidad de quienes más lo necesitan. Por otro, el modelo conservador del PP, que recorta, privatiza y convierte el dolor en negocio. Mientras unos construyen un Estado que cuida, los otros lo desmantelan. Mientras el Gobierno de España aprueba una inversión récord de 500 millones de euros para las personas con ELA, Feijóo sigue sin decir una palabra sobre cómo mejorar la vida de los dependientes. Y mientras Pedro Sánchez cumple, el PP critica, bloquea o se desentiende.

La aprobación de este decreto marca un antes y un después en la historia social de nuestro país. Cumple la Ley ELA, refuerza la Ley de Dependencia y consolida un modelo de bienestar moderno, humano y equitativo. Porque cuidar no es un gasto, es una inversión en dignidad y cohesión social. Y porque un Gobierno que cuida construye un país más justo, más fuerte y más decente. Pedro Sánchez lo dijo con claridad: “Cuidar no es un lujo. Es una obligación moral y una prioridad de Estado.” El PP nunca lo entendió. Pero España sí.