Comienza el curso escolar y la vuelta a las aulas se ha transformado en un calvario financiero insostenible para miles de familias andaluzas. Al desembolso habitual en libros, licencias digitales, uniformes y material de papelería, la Junta de Andalucía acaba de sumar un asfixiante tarifazo del 36,6% en el servicio de aula matinal, encareciendo de golpe un recurso imprescindible para poder ir a trabajar.
Mientras las economías domésticas hacen malabares para cuadrar las cuentas de septiembre, el Gobierno de Moreno Bonilla demuestra una insensibilidad absoluta al subir de un plumazo este servicio de 17,51 a 23,91 euros mensuales por alumno. Resulta indignante que para los privilegios de la cúpula política, las dietas de vivienda y el aumento de altos cargos no falte dinero en San Telmo, pero para aliviar el bolsillo de la clase trabajadora andaluza solo haya revisiones al alza y abandono.
Para quien gestiona fondos públicos desde la moqueta institucional con presupuestos multimillonarios, una diferencia de 6,40 euros al mes por menor puede parecer una anécdota contable. Sin embargo, en la economía real —la de las familias que llegan con el agua al cuello a fin de mes— las cuentas se hacen con la calculadora en la mano y cada euro cuenta.
Analicemos la factura real del aula matinal tras esta decisión del Consejo de Gobierno. En un hogar con dos hijos en edad escolar que necesite utilizarlas para que los progenitores puedan cumplir sus horarios laborales, el coste mensual salta de 35,02 euros a 47,82 euros. Esto supone un sobrecoste neto de 128 euros adicionales durante los diez meses lectivos, únicamente por el hecho de dejar a los niños en el colegio a las siete y media de la mañana. Si nos vamos a una familia numerosa con tres hijos, la factura mensual se eleva a casi 72 euros, lo que se traduce en un hachazo anual de cerca de 192 euros extra.
A este incremento desmesurado hay que añadir el impacto acumulado de los servicios complementarios. El comedor escolar, que durante años ha ido encadenando subidas progresivas hasta fijarse en 5,54 euros al día por alumno —acumulando un incremento de casi el 21% desde 2021. Para un hogar con dos menores, la combinación de aula matinal y comedor escolar puede superar los 270 euros al mes. Conciliar en la educación pública andaluza ha dejado de ser un pilar de equidad social para convertirse en un artículo de lujo reservado a rentas desahogadas.
Lo más duro de esta escalada de precios no es solo el impacto directo en el bolsillo, sino la manifiesta degradación del servicio recibido. Las familias andaluzas llevan años denunciando el paulatino deterioro en los comedores escolares: catering de línea fría con comida precocinada de baja calidad, raciones insuficientes y falta de personal de supervisión. La respuesta de Moreno Bonilla a estas protestas no ha sido mejorar la calidad de los menús ni apostar por cocinas in situ en los centros, sino aumentar la tarifa cobrada a los padres
Con el aula matinal el esquema se repite. Se justifica una subida del 36,6% bajo el pretexto de “actualizar” costes y equipararlos a otros tramos educativos. Sin embargo, no hay ningún compromiso de mejora organizativa, ni de refuerzo de monitores, ni de ampliación de coberturas. Se trata, pura y simplemente, de un afán recaudatorio que descarga sobre la espalda de los usuarios el coste de la gestión indirecta otorgada a empresas privadas.
Es totalmente indefendible pedir contención y sacrificio a las familias trabajadoras mientras desde la propia administración autonómica se exhibe un derroche constante en la estructura de poder. Las prioridades de un gobierno no se miden por los discursos amables frente a los micrófonos, sino por las partidas asignadas en los presupuestos públicos y por el destino de los recursos de todos los contribuyentes.
En la Andalucía de Moreno Bonilla hay dinero para subir los sueldos del propio presidente y de sus consejeros de forma notable. Hay fondos para incrementar una macroestructura de altos cargos y personal de confianza que supera holgadamente los trescientos puestos designados a dedo. Hay partidas presupuestarias suficientes para sufragar complementos retributivos y jugosas indemnizaciones por vivienda a altos cargos que se desplazan a Sevilla. Para la fontanería política y la comodidad institucional, la caja autonómica parece no tener fondo ni conocer la austeridad.
Sin embargo, cuando se trata de aliviar la carga económica de quienes sostienen el tejido productivo de la comunidad, la respuesta institucional es la subida de tasas. Para la clase media trabajadora andaluza no existen los fondos de contingencia ni los decretos de urgencia. A la familia que no puede adaptar su jornada laboral y necesita el colegio desde primera hora de la mañana se le impone un castigo tarifario sin contemplaciones.
Esta política de precios no es un hecho aislado ni un simple error de cálculo. Responde a un modelo ideológico que entiende los servicios complementarios de la escuela pública no como derechos sociales garantes de la igualdad de oportunidades, sino como meras prestaciones asistenciales de mercado. Se penaliza la conciliación real y se arrastra a miles de mujeres —sobre quienes sigue recayendo mayoritariamente la carga del cuidado familiar— a tener que elegir entre reducir sus jornadas laborales o pagar peaje a la administración.
Mientras el discurso oficial presume de bajadas masivas de impuestos que en la práctica benefician a las rentas más altas y a los grandes patrimonios, a la mayoría social se le aplican impuestos indirectos por la vía de los precios públicos. Lo que la Junta no ingresa por el impuesto de patrimonio o de sucesiones en los tramos superiores, lo termina cobrando en la puerta de los colegios públicos a las siete y media de la mañana.
Andalucía no necesita un Gobierno como el de Moreno Bonilla, que se comporta como un gestor privado cobrando comisión por cada servicio básico. La conciliación y la educación pública no pueden ser un negocio ni una trampa financiera de inicio de curso. Exigir la revisión inmediata de este tarifazo al aula matinal no es solo una cuestión de justicia económica para miles de hogares; es una exigencia moral frente a una política que premia a los altos cargos mientras pasa la factura a las familias trabajadoras.
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