Hay niños que han vuelto al colegio este septiembre en Andalucía y se han encontrado con una realidad desoladora: aulas sin los apoyos básicos que necesitan, especialistas que deben itinerar y dividirse entre varios centros y familias exhaustas obligadas a protestar a las puertas de los colegios para reclamar lo que les corresponde por derecho.
Detrás de los discursos triunfalistas de Moreno Bonilla, el arranque del curso escolar ha vuelto a dejar al descubierto la grieta más dolorosa de la educación pública: el desamparo de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo.
Desde las primeras semanas de septiembre, las provincias de Málaga, Cádiz, Sevilla, Granada, Huelva y Jaén acumulan una marea constante de denuncias encabezadas por familias, docentes y sindicatos. La falta de Personal Técnico de Integración Social (PTIS), la escasez de especialistas en Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL), el déficit de orientadores y la lentitud en la cobertura de bajas retratan un modelo donde la atención a la diversidad crece más rápido que los recursos destinados por la Junta.
Y las cifras ayudan a entender la dimensión del desafío. En Andalucía había 152.946 alumnos y alumnas con alguna necesidad específica de apoyo educativo en el curso 2024/25, el 11,1% del alumnado. De ellos, el 56,7% correspondía a necesidades educativas especiales, el 14% a altas capacidades y el 29,3% a dificultades de aprendizaje.
Frente a la demagogia del Gobierno de Moreno Bonilla, ¿cuál es la realidad? En Sevilla, por ejemplo, el CEIP Maestro José Páez Moriana de Aguadulce comenzó el curso con una maestra de Audición y Lenguaje compartida con otro centro y una sola PTIS para todo el colegio. El problema se agravaba porque este curso se incorporaban dos alumnos con trastorno del espectro autista y más de una decena de escolares necesitaban este tipo de apoyo. La dirección reclamaba más personal para poder atenderlos adecuadamente.
En Granada, la situación adquirió una dimensión especialmente preocupante. Las familias del CEPR San Roque de Churriana de la Vega recurrieron al Defensor del Pueblo Andaluz reclamando más recursos para garantizar una educación inclusiva, entre ellos una segunda docente o un desdoble para Primero de Primaria y una PTIS a tiempo completo.
Y en la misma provincia, el comienzo del curso tuvo otra circunstancia excepcional: el Centro Específico de Educación Especial Jean Piaget de Ogíjares, que atiende aproximadamente a 130 alumnos con necesidades educativas especiales graves, no pudo iniciar las clases en la fecha prevista debido a los daños ocasionados por los terremotos y las obras de reforma necesarias.
En Cádiz, las denuncias de las familias resultan todavía más concretas. En el colegio Santa Teresa, las familias denunciaron que el centro dispone de dos PTIS cuya dedicación conjunta se había reducido respecto al curso anterior, pese a que 14 de sus 63 alumnos presentan necesidades educativas especiales. Los propios datos aportados por las familias muestran que varios menores necesitan ayuda para desplazarse, comer, asearse o utilizar el baño.
La situación llevó a la plataforma Familias NEAE Cádiz a denunciar a finales de septiembre que el comienzo de curso había sido peor que el anterior, señalando falta de PTIS, maestros de Pedagogía Terapéutica, especialistas de Audición y Lenguaje y orientadores, además de ratios elevadas.
En Málaga tampoco han faltado ejemplos. En La Cala del Moral, familias del colegio Gregorio Marañón se concentraron para reclamar más PTIS para diez alumnos con necesidades especiales. Según las informaciones publicadas, una de las profesionales tenía inicialmente una jornada que dejaba buena parte de la mañana sin cobertura, obligando a las propias familias a asumir tareas relacionadas con la movilidad, el aseo o el recreo.
En Coín, además, una profesional PTIS denunció que su jornada había pasado de 25 a 15 horas semanales respecto al curso anterior y que esa reducción dificultaba la atención al alumnado con necesidades específicas.
Pero quizá el dato más revelador de Málaga ha llegado este mismo lunes. CSIF ha señalado que el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo aumentó un 54,84% entre los cursos 2015/16 y 2024/25, mientras que los recursos lo hicieron un 26,34%. El sindicato sitúa además en 643 el número de alumnos por orientador en determinados ámbitos y reclama ratios mucho menores para los especialistas.
En Huelva, el problema tampoco se limita a una reivindicación genérica. El CEIP Al-Ándalus comenzó el curso compartiendo una especialista de Audición y Lenguaje con otro colegio y con menos horas de PTIS que el curso anterior, según denunció CCOO el 2 de octubre.
Y hubo otro caso especialmente significativo: el de un niño con autismo severo de Arroyomolinos de León que necesitaba transporte escolar adaptado para acudir al aula específica de Cañaveral de León. La Junta tuvo que activar un procedimiento de urgencia para intentar garantizar el desplazamiento.
En Jaén, las protestas han llegado directamente a las puertas de los colegios. Familias y docentes del CEIP Alcalá Venceslada de la capital se concentraron el 1 de octubre para reclamar una PTIS y la cobertura de bajas de personal. En Torredelcampo, familias reclamaron igualmente más PT, PTIS y especialistas de Audición y Lenguaje.
Y el dato provincial vuelve a poner el problema en perspectiva. CSIF calcula que el alumnado NEAE en Jaén pasó de 4.950 estudiantes en 2015/16 a 8.064 en 2024/25: un incremento del 62,91%, mientras el alumnado de régimen general descendió un 15,8%.
Lo que está ocurriendo, por tanto, no parece responder únicamente a dificultades propias del comienzo de un curso. Las denuncias se repiten con distintos nombres y en distintas provincias: profesionales compartidos entre centros, jornadas insuficientes, falta de sustituciones, aulas con ratios elevadas, problemas de transporte, especialistas que no llegan y familias obligadas a movilizarse para conseguir apoyos básicos.
USTEA advertía ya el 10 de septiembre de que especialistas de Audición y Lenguaje estaban siendo destinados a puestos que implicaban prestar servicio en más de dos centros, una situación que el sindicato considera incompatible con una atención adecuada y personalizada.
Y el 14 de septiembre la misma organización sindical reclamaba una inversión estructural en PT, AL, orientación y PTIS, precisamente para evitar que la atención a la diversidad dependa de recursos extraordinarios o de soluciones provisionales.
La inclusión educativa no consiste simplemente en que un niño esté matriculado en un colegio ordinario. Consiste en que pueda estar allí con los apoyos que necesita para aprender, desplazarse, comunicarse, comer, ir al baño, relacionarse socialmente y participar en igualdad de condiciones. Ese es el verdadero examen al que se enfrenta Moreno Bonilla.
La educación de los alumnos con necesidades especiales no puede funcionar a golpe de reclamación. Porque cuando falta un profesor de apoyo, un PTIS, un especialista de Audición y Lenguaje o un transporte adaptado, no estamos hablando simplemente de una casilla pendiente en una plantilla administrativa. Estamos hablando de un niño que espera. Y para ese niño, septiembre no puede ser otro mes de promesas. Tiene que ser el primer día de una educación verdaderamente inclusiva.
Añadir ElPlural.com como fuente preferida de Google.
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.