El Consejo de Ministros celebrado el pasado día 28 de febrero aprobó los anteproyectos de Ley para establecer las normas básicas del Estatuto de Agentes Forestales y Bomberos Forestales. Dos anteproyectos de Ley que plantean como objetivos principales asegurar unas condiciones laborales y profesionales equivalentes en todo el territorio nacional y fijar las condiciones de la prestación el servicio, funciones, clasificación profesional, en materia de formación y en prevención de riesgos laborales.

El Gobierno de España, a través del Ministerio de Reto Demográfico y Transición Ecológica que dirige la vicepresidenta Teresa Ribera, ha querido conceder especial relevancia al impulso de esta normativa por cuanto supone la regulación expresa de más de 20.000 profesionales en nuestro país que desempeñan funciones básicas y fundamentales para nuestro bienestar y el de nuestra seguridad. También porque establece el régimen jurídico básico de los bomberos forestales, y fija las condiciones de la prestación del servicio. Una normativa que, además, ha contado con la participación de las comunidades autónomas y los agentes sociales.

Además, se refuerza, a efectos legales, su condición de agentes de la autoridad, como policía administrativa especial y policía judicial, sin perjuicio del trabajo que desempeñan junto con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Porque es un colectivo que también desempeña tareas de custodia, vigilancia y apoyo a la gestión del medio ambiente o de auxilio y colaboración en emergencias y protección civil en el medio natural, por lo que necesitan unas condiciones específicas reconocidas en todo el territorio.

En Zamora, provincia a la que pertenezco y por la que soy diputado, sabemos muy bien de lo que hablamos y sabemos muy bien lo que supone este anteproyecto legislativo para que los agentes y los bomberos forestales tengan un marco jurídico que, no solo fije sus condiciones laborales y funciones básicas, también que les dé la seguridad, reconocimiento y garantías en el desempeño de su trabajo.

Los pasados meses de junio y julio de 2023 la provincia de Zamora sufrió los incendios más devastadores de su historia. Las comarcas de Aliste, Tábara, Alba, Carballeda, Valle del Tera o Sayago se vieron afectadas por terribles incendios en los que murieron tres personas y arrasaron más de 70.000 hectáreas de monte, bosques, terrenos y explotaciones agrícolas, naves ganaderas, colmenas de abejas, edificaciones y un largo etcétera de bienes materiales e inmateriales con un valor infinito e incalculable.

De manera específica la reserva de la Sierra de la Culebra se vio afectada por las llamas destruyendo su hábitat natural, arrasando con los bosques, arrasando con las múltiples especies cinegéticas que allí viven y arrasando con el pasado, el presente y el futuro de muchas generaciones. Porque será muy difícil, casi imposible, que la Sierra de la Culebra vuelva ser ese espacio natural maravilloso que era.

En las tareas de extinción de los incendios los agentes y bomberos forestales fueron determinantes. Como también lo fueron, tanto en las tareas de extinción como de protección de las personas y los bienes, los efectivos humanos de la UME, Ejército, Guardia Civil, Protección Civil, ciudadanos voluntarios y todos los servicios sanitarios y de emergencias de la Comunidad de Castilla y León y de otras que llegaron a apoyar y ayudar para combatir el fuego.

La Junta de Castilla y León a través de su consejero de Medio Ambiente, el señor Suárez Quiñones, y el propio presidente, señor Mañueco, actuaron de manera negligente e irresponsable al no haber puesto en marcha el operativo antiincendios a pesar de que las altas temperaturas y las condiciones climatológicas advertían de lo que podía ocurrir y ocurrió.

Ahora, el presidente de la Junta de Castilla y León, en un nuevo gesto despreciable de manipulación de la información, de mentir consciente y deliberadamente, replica la iniciativa del Gobierno de aprobar dos anteproyectos de ley de bomberos forestales y agentes medioambientales. Y responde como hace siempre el PP, como hace siempre Mañueco: atacando al Gobierno de España para desviar la atención sobre su incompetencia y sobre su negligencia.

Porque las competencias en materia de Medio Ambiente, incluida la conservación de los bosques y la extinción de los incendios forestales, corresponde a las comunidades autónomas y, por lo tanto, la gravedad de lo ocurrido en Zamora era responsabilidad de Mañueco y competencia de la Junta de Castilla y León que él preside. Ni Mañueco, ni Suárez Quiñones, ni el PP han asumido, ni asumirán, su negligencia y su irresponsabilidad para que se quemaran más de 70.000 hectáreas y murieran tres personas en esos incendios de la provincia de Zamora. Su única respuesta es insultar y descalificar al Gobierno.

Mientras tanto el Gobierno de España que preside Pedro Sánchez cumple, una vez más, con sus objetivos y compromisos. Con estos dos proyectos de Ley el Gobierno da un paso adelante en el reconocimiento de dos colectivos fundamentales para proteger el medio ambiente y la naturaleza, además de proteger a las personas y los bienes públicos y privados. Dos maneras distintas de gobernar, sin duda. En palabras de la propia vicepresidenta y ministra de Reto Demográfico y Transición Ecológica, Teresa Ribera, “protegemos a quienes nos protegen”.

 

Antidio Fagúndez Campo

Diputado del PSOE por Zamora