El problema de regular solo a quienes cumplen

Hay propuestas legislativas que nacen para ser aprobadas y otras que nacen para abrir una conversación. Conviene no confundirlas. Recientemente lo hemos visto con la Ley de ‘lobbies’.

La propuesta de modificación de la Ley del Juego impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, pertenece a la segunda categoría. Las posibilidades de que complete su recorrido parlamentario en esta legislatura son escasas. Lo sabe la propia Dirección General de Ordenación del Juego y también lo sabemos desde el sector.

Queremos ver la película entera y no el fotograma, ya que una ley puede no llegar al BOE y, sin embargo, servir para algo.

Abrir este melón –permítanme la expresión–, brinda al sector del juego online una oportunidad que no queremos desperdiciar y convertir en otra ‘ocasión perdida’.

Desde 2012, cuando se aprobó la actual Ley de Regulación del Juego, casi todo ha cambiado

Llevamos años preguntándonos qué regulación necesita realmente España para los próximos diez años. No para el próximo trámite parlamentario o para la próxima legislatura. Para el futuro.

Porque desde 2012, cuando se aprobó la actual Ley de Regulación del Juego, casi todo ha cambiado. Han cambiado la tecnología, los hábitos de consumo, los operadores, los territorios –un abrazo a todos nuestros operadores en Ceuta–, los canales y los riesgos. Y, naturalmente, también ha cambiado (y mucho) la regulación.

Proteger al jugador no sólo es legítimo, sino imprescindible

Durante los últimos años se ha construido un marco normativo cada vez más exigente, acompañado de nuevas medidas todavía en tramitación o pendientes de desarrollo. El pretexto es la protección del jugador, algo que no sólo es legítimo, sino imprescindible. El problema aparece cuando esta regulación solo atiende a una parte y olvida las demás.

Porque un mercado regulado debe ser seguro, sí, pero también debe ser competitivo. No nos cansamos de decirlo. Debe proteger al consumidor, sí, pero debe ser capaz de atraerlo hacia operadores legales. Imponer obligaciones, por supuesto, pero con un marco legal que no regale una ventaja competitiva precisamente a quienes operan fuera de ella. Es el problema de regular solo a quien cumple.

El crecimiento del juego ilegal en España y en Europa constituye uno de los principales desafíos para el sector. Y el juego ilegal tiene una característica incómoda para cualquier política pública basada exclusivamente en aumentar las exigencias sobre los operadores autorizados: los operadores ilegales no cumplen ninguna de ellas.

Es una realidad que hemos analizado recientemente desde Jdigital en nuestro informe sobre juego ilegal y, lamentablemente, no reviste la importancia que merece en la discusión sobre el futuro de la regulación del sector.

La regulación pública tiene una curiosa tendencia a medir de forma apriorística aquello que pretende imponer y con mucha menor frecuencia aquello que finalmente consigue.

Desde Jdigital creemos que cualquier proyecto de reforma ambiciosa o integral debería empezar precisamente ahí: analizando con rigor las normas aprobadas durante los últimos años. Saber qué funciona y qué no antes de seguir dando ventaja a quien ni cumple ni va a cumplir. 

No parece una demanda extravagante. Es, sencillamente, la diferencia entre regular por impulso y regular por evidencia.

El mercado del juego online tiene retos importantes, a saber: el funcionamiento del mercado y el fortalecimiento de la competitividad; las medidas de juego responsable y de protección del usuario, y, finalmente, una evaluación del régimen publicitario y la comercialización de nuestra actividad.

Nada de esto se resuelve cambiando apresuradamente unos cuantos artículos.

Requiere tiempo, conocimiento y diálogo. Y, especialmente, exige incorporar a la conversación a quienes han estado apartados de ella durante un tiempo y, además, conocen el funcionamiento cotidiano del mercado. No para imponer una posición concreta, sino porque una regulación eficaz no debería construirse ignorando la realidad sobre la que pretende actuar.

Por eso, desde Jdigital vamos a aprovechar el proceso iniciado por la DGOJ para presentar una propuesta desde el sector, razonada y técnicamente fundamentada. Durante los próximos meses trabajaremos en el marco asociativo en medidas concretas de mejora del marco regulatorio con el objetivo de presentar nuestras conclusiones a comienzos de 2027.

Queremos contribuir a la discusión para construir un mercado duradero que desplace al juego ilegal

Y no aspiramos a redactar una lista de enmiendas. Queremos contribuir a una discusión más importante, la de construir un mercado para los próximos 10 años que desplace al juego ilegal.

El riesgo no es que esta reforma no se apruebe. El riesgo es modificar una ley sin pensar o comprobar qué se ha conseguido hasta el momento. O constatar que regulamos el futuro con las respuestas del pasado.

Jorge Hinojosa es director general de Jdigital, la Asociación Española de Juego Digital