En la misma semana que el Gobierno de España aprobaba una nueva regularización, la séptima en democracia, el PP y Vox acordaban en Extremadura un gobierno de coalición donde resaltaba un eslogan; “prioridad nacional”. Una medida que no se escapa a su tiempo y que quiere ser una contraposición a la medida del gobierno.

La extrema derecha arrastra a la derecha azuzando la pelea del penúltimo de la fila (la clase media trabajadora cabreada por el déficit de los servicios públicos y las condiciones económicas) contra el último (el extranjero que quiere conseguir una situación de regularidad).

Un discurso que levanta bajos instintos pero que es falso. Se plantea una dicotomía que no es real, porque lo que en el fondo se pretende es impedir que cientos de miles de personas que llevan años trabajando en condiciones precarias accedan a un reconocimiento jurídico mínimo. Por eso se oponen a la regularización extraordinaria.

Porque hay quienes están muy cómodos sin la regularización; como el concejal del PP y luego de Vox que abandonó el cuerpo sin vida de un inmigrante a las puertas de un hospital o el empresario que se aprovechaba de 11 inmigrantes sin papeles y que será juzgado esta semana.

En realidad, el debate es muy simple: o regularizamos a medio millón de personas que ya están aquí, que llevan años viviendo y aportando a nuestra sociedad, o permitimos que algunos sigan aprovechándose de su marginalidad mientras alimentan el odio. Hay quienes prefieren esta segunda opción, porque les permite mantener una posición de poder sobre los trabajadores extranjeros: controlan no solo su empleo, sino también la posibilidad de que algún día puedan regularizar su situación. Por eso les molesta la medida del Gobierno.

La regularización busca dar respuesta a una realidad estructural como es la existencia de más de medio millón de personas que viven, trabajan y consumen en nuestro país sin ningún tipo de reconocimiento jurídico. Una medida, promovida por la sociedad civil; con más de 700.000 firmas, que ha sido escuchada por el Gobierno de España. Como recuerda el profesor Francisco Trillo, su objetivo es doble: reconocer derechos básicos a quienes ya forman parte de nuestra sociedad y aflorar una economía sumergida que sostiene situaciones de precariedad incompatibles con un Estado social y de Derecho.

Hemos visto una ofensiva partidista y mediática contra esta medida, pero los bulos que hablan de que en España se “regalan papeles” o la nacionalidad no resisten ni medio día de trabajo con un profesional de extranjería. La realidad es muy distinta y encaja mal con los eslóganes xenófobos: obtener un permiso de residencia puede convertirse en una auténtica odisea burocrática, que no le desearía ni a mi peor enemigo.

Pero al PP y VOX la realidad no les va a arruinar un buen eslogan. Y el de “prioridad nacional” parece que funciona. Sin embargo, si se quiere ser riguroso, la expresión más acertada que deberían utilizar es otra: “prioridad marginal”, porque lo que pretenden rechazando esta medida es perpetuar la marginalidad de la precariedad laboral y legal a más de medio millón de trabajadores y sus familias.

La regularización es una medida que va a beneficiar a muchas familias que ya trabajan y contribuyen al bienestar de España, todos ellos deben ser bienvenidos a nuestro país, pues como recordaba Machado “Un país es de aquellos que lo labran” y no de aquellos que se dedican a explotar y emponzoñarlo.

Finalizo con unas palabras del gran poeta Antonio Machado: "Sabemos que no es patria el suelo que se pisa, sino el suelo que se labra; que no basta vivir sobre él, sino para él".