La precampaña electoral ha dejado al descubierto una realidad incontestable: en el modelo del Partido Popular no hay ni una sola medida en materia de mujer formulada en positivo. Al contrario, todo son ataques a la libertad de decisión de las mujeres. Cada anuncio de Alberto Núñez Feijóo se plantea en negativo, traducido en recortes de libertades o enmiendas a los avances conquistados, teniendo como estandartes la liquidación del Ministerio de Igualdad y la reapertura del ataque a la autonomía reproductiva.
Esta involución no solo evidencia que el PP da la espalda a la mitad de la población de nuestro país, sino que explica la sangría electoral que arrastra la formación conservadora: cuanto más habla Feijóo y más se conoce su programa, más cientos de miles de votos se le están escapando. A este ritmo insostenible de desgaste, cuando queda aún un mes para la cita con las urnas, empieza a consolidarse la idea de que el Partido Popular no solo perderá las elecciones frente a Pedro Sánchez, sino que se encamina aceleradamente hacia un escenario de empate técnico con la extrema derecha de Vox.
Para el Partido Popular, avanzar en los derechos de las mujeres nunca ha sido una prioridad política ni ética. Sin embargo, la sobreactuación del líder del PP en precampaña roza a menudo la provocación conceptual. Tratar de enmascarar su falta de agenda proponiendo derogaciones masivas bajo la excusa de la moderación ha provocado un rechazo frontal en la ciudadanía y un contraataque contundente en el arco progresista. Conforme se acercan las urnas, los argumentarios del PP se desprenden de cualquier barniz moderado para abrazar sin complejos el ideario reaccionario. La hoja de ruta de Feijóo en materia de mujer carece por completo de ambición transformadora; todas sus propuestas operan en negativo. La más evidente y simbólica es el anuncio recurrente de eliminar el Ministerio de Igualdad para degradarlo a una mera sección subordinada dentro de otra cartera ministerial. Despojar a la lucha contra la discriminación de rango y presupuesto propio supone enviar un mensaje letal: la igualdad efectiva no es una prioridad del Estado.
A esta devaluación institucional se suma el retroceso en los derechos reproductivos de las mujeres. Feijóo recupera una vieja reivindicación del PP al exigir el consentimiento parental para que las jóvenes de 16 y 17 años puedan interrumpir su embarazo, una medida que el feminismo y los gobiernos socialistas llevan décadas combatiendo. Impedir que las jóvenes decidan sobre su propio cuerpo no es proteger a las familias, sino limitar su autonomía y cuestionar una regulación respaldada por el Tribunal Constitucional. Además, imponer obstáculos a la interrupción del embarazo no evita los abortos: como lleva años denunciando el movimiento feminista, solo aumenta la inseguridad, el estigma y golpea especialmente a las jóvenes en situación de mayor vulnerabilidad.
Lejos de proponer soluciones frente a la brecha salarial, la precariedad laboral o las violencias machistas, el argumentario del PP se limita a fiscalizar los derechos ya adquiridos demostrando una absoluta incapacidad para conectar con las necesidades reales de las mujeres del siglo XXI. Pero la justificación que Feijóo utiliza para sostener este discurso roza el insulto a la inteligencia. Asegura que se considera feminista porque se ha criado con más mujeres que hombres. El ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy, le ha replicado con demoledora ironía diciendo que, si criarte con mujeres te convierte en feminista… irte de vacaciones con narcotraficantes ¿en qué te convierte?. En esa misma línea, el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desenmascaraba el verdadero alcance de las promesas populares al afirmar que Feijóo es tan feminista que propone cargarse el Ministerio de Igualdad y recortar el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, dejando claro que criarte entre mujeres no te hace feminista, sino defender sus derechos.
La aceleración reaccionaria de Feijóo no es un fenómeno aislado, sino el resultado directo del cordón umbilical que le une indisociablemente a la extrema derecha. Los papeles están perfectamente repartidos: quien manda y marca la pauta ideológica es Abascal, mientras que Feijóo actúa como un dócil ejecutor que traslada al ámbito nacional la agenda ultra.
Para comprobar el impacto directo de esta sumisión no hace falta especular, basta con examinar la gestión del PP allá donde ya gobierna con Vox o depende de sus votos. En administraciones autonómicas donde los populares han pactado con la extrema derecha, como la Comunidad Valenciana o Extremadura, el PP ha cedido en borrar institucionalmente la especificidad de la violencia machista, rebautizándola como violencia intrafamiliar en un momento crítico marcado por un preocupante repunte de víctimas mortales.
Del mismo modo, el Gobierno de Moreno Bonilla en Andalucía ha recortado drásticamente la financiación y las subvenciones a las asociaciones feministas y de apoyo a las mujeres para incrementar sustancialmente las partidas a colectivos antiabortistas y de presión ultras.
En paralelo, Isabel Díaz Ayuso ha liderado en la Comunidad de Madrid el recorte en programas de prevención de la violencia machista, suprimiendo convenios municipales para talleres de igualdad en los colegios tras comprar el discurso contra lo que denominan ideología de género. La primera factura cobrada por la extrema derecha a los gobiernos del PP ha sido siempre la desaparición de las áreas con competencias exclusivas en materia de mujer, reduciendo su rango presupuestario e institucional a meras direcciones generales diluidas.
La hostilidad del PP hacia los derechos de la mitad de la población forma parte de su ADN. Todos los grandes hitos legislativos que han transformado a España en un referente internacional de paridad, derechos y libertades han llevado de forma invariable la firma de gobiernos socialistas, contando siempre con la oposición furibunda, el boicot legislativo o los recursos en el Tribunal Constitucional por parte del PP.
La Ley Integral contra la Violencia de Género de 2004, constituyó una herramienta pionera que los populares intentaron aguar en su tramitación cuestionando la naturaleza penal del machismo. La Ley del Matrimonio Igualitario de 2005 fue otro avance de dignidad civil que el PP llevó hasta las últimas consecuencias con un recurso ante el Tribunal Constitucional que tardó siete años en ser desestimado.
Lo mismo ocurrió con la Ley de Salud Sexual y Reproductiva de 2010, que consagró el modelo de plazos en el aborto y que la derecha recurrió punto por punto, tratando de erosionar la red pública sanitaria desde sus comunidades autónomas, al igual que ha sucedido con las leyes de paridad y representación equilibrada, tildadas sistemáticamente por los conservadores como imposiciones o cuotas ideológicas en lugar de reconocer la necesidad de corregir las brechas estructurales.
A un mes de las elecciones, el balance para el PP no puede ser más desolador. Un proyecto político que contempla la supresión del Ministerio de Igualdad, la tutela sobre la libertad de las mujeres y la subordinación programática a Vox no tiene encaje en una España moderna, madura y feminista. Las encuestas y la calle están enviando un mensaje claro: cada vez que Feijóo habla, el votante moderado huye y la ciudadanía recuerda lo mucho que hay en juego. El país que avanza en derechos no va a dar un paso atrás para regresar al pasado que le prometen Feijóo y Abascal, y las urnas dictarán sentencia en un mes confirmando que la mitad de España no se resigna al retroceso.
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