El CIS ha vuelto a acertar en las elecciones andaluzas y con ello ha activado todas las alertas de la derecha mediática y política española, puesto que, en ese mismo barómetro de abril, el PSOE aventaja a nivel nacional en casi 13 puntos al PP. En este escenario de nerviosismo generalizado, el Partido Popular y sus terminales han elegido un objetivo prioritario para desestabilizar al Gobierno y al PSOE: la figura de José Luis Rodríguez Zapatero.
No se trata de un ataque casual ni meramente retrospectivo, sino de una estrategia fría y calculada para intentar neutralizar al activo electoral más eficaz de los socialistas y evitar de este modo una nueva debacle de la derecha en las próximas elecciones generales.
El linchamiento político contra el expresidente responde al temor real de un bloque conservador que se sabe incapaz de sumar una mayoría alternativa sin depender de la extrema derecha de Vox, un lastre que ya les pasó factura en las últimas citas autonómicas. Al situar a Zapatero en el centro de su diana, el PP busca golpear el corazón emocional de la organización socialista y frenar de raíz la movilización de la izquierda que el propio expresidente ha demostrado liderar con enorme éxito en cada campaña. Es el miedo a una nueva remontada lo que mueve los hilos de una campaña de difamación que, lejos de desgastar al PSOE, está logrando reactivar a sus bases en un momento crucial.
La ofensiva desatada hoy contra José Luis Rodríguez Zapatero evidencia la profunda frustración acumulada por la derecha española durante más de dos décadas. El Partido Popular jamás ha perdonado al expresidente tres hitos fundamentales que destrozaron sus marcos mentales: su inesperada e incontestable victoria electoral en el año 2004 frente al relato oficial de José María Aznar; que bajo su mandato, junto a Alfredo Pérez Rubalcaba y Patxi López, se lograra la derrota definitiva del terrorismo de ETA en 2011; y, más recientemente, que se convirtiera en el gran motor de la campaña de las generales de 2023, desmontando la supuesta inevitabilidad de un Gobierno de Alberto Núñez Feijóo. Ante la incapacidad de derrotar su legado en el terreno de las ideas, el PP ha vuelto a recurrir al fango y a la mentira.
Este encono se nutre también del contraste directo entre el comportamiento de Zapatero y el de otros exmandatarios. Al abandonar la Moncloa, el líder socialista no optó por las lucrativas puertas giratorias, los consejos de administración del Ibex 35 ni el lobismo financiero. Eligió, en cambio, la discreción, la diplomacia útil y el servicio a la convivencia y a la paz. Su labor internacional, especialmente en escenarios complejos como Venezuela, donde ha mediado con éxito para la liberación de presos políticos, resulta profundamente incómoda para una derecha que prefiere el grito mediático a la resolución de conflictos. Zapatero molesta porque su sola presencia recuerda lo que significa la dignidad institucional.
En términos de gestión, el legado de Zapatero constituye el cuerpo central de los derechos sociales de la España moderna. Fue el presidente que blindó el cuarto pilar del Estado del Bienestar mediante la Ley de Dependencia, el que creó la Unidad Militar de Emergencias y el que llenó una hucha de las pensiones que posteriormente saquearía el Ejecutivo de Mariano Rajoy.
Su impronta en materia de igualdad situó a España a la vanguardia internacional a través de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y la Ley de Igualdad efectiva, normativas que el Partido Popular combatió con fiereza, recurrió ante el Tribunal Constitucional y que hoy, paradójicamente, intenta patrimonializar. Lo mismo ocurrió con el matrimonio igualitario, una conquista civil frente a la que la derecha sacó a los obispos a la calle para terminar, años después, celebrándola en sus propias filas.
La generosidad y lealtad de Zapatero con las siglas del PSOE se han manifestado con especial fuerza tras los pactos territoriales entre el PP y Vox. Sin que nadie se lo pidiera, el expresidente dio un paso al frente para recorrer el país de punta a punta, acudiendo a los platós de televisión y estudios de radio más hostiles para defender la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez.
Su hiperactividad política en las campañas autonómicas y generales ha servido para llegar allí donde las estructuras tradicionales no alcanzaban, convirtiéndose en el mejor bálsamo frente al pesimismo y demostrando que los socialistas se crecen ante las dificultades.
La diferencia en la concepción del Estado entre las dos fuerzas políticas quedó retratada históricamente cuando Zapatero, en el año 2007, no dudó en defender la legitimidad de José María Aznar frente a los insultos de Hugo Chávez. Una postura que contrasta radicalmente con la actitud actual de Alberto Núñez Feijóo, quien prefirió alinearse con el presidente argentino Javier Milei tras sus insultos al actual jefe del Ejecutivo español. Es la distancia insalvable entre un hombre de Estado guiado por el respeto institucional y una oposición que supedita el interés nacional al rédito partidista a corto plazo.
El nerviosismo en las filas populares se explica de manera nítida a través de la demoscopia. Esa pérdida de terreno a nivel nacional frente al PSOE consolida la tendencia a la baja para Feijóo que los resultados de los últimos comicios autonómicos no han hecho más que agravar. Aquellas citas electorales, planteadas por la calle Génova como la antesala indiscutible de su asalto a la Moncloa han terminado ofreciendo un balance muy deficiente en votos y unos compañeros de viaje que los atan de pies y manos a la extrema derecha. Barones como Ayuso o Moreno Bonilla son plenamente conscientes de que la coalición a nivel nacional con Vox no logra alcanzar la mayoría absoluta necesaria para gobernar, lo que convierte el liderazgo de Feijóo en un callejón sin salida.
Ante este bloqueo demoscópico, la consigna dictada desde los centros de poder de la derecha sigue a rajatabla el mandato que en su día enunció José María Aznar: el que pueda hacer que haga.
Una orden que se traduce en una ofensiva total por tierra, mar y aire para desprestigiar las instituciones, debilitar las bases del sistema democrático y minar la credibilidad del PSOE mediante una pinza judicial y mediática.
La derecha española opera bajo la premisa patrimonial de que el poder les pertenece por derecho natural, y la perspectiva de una nueva legislatura progresista genera una evidente intolerancia a la realidad en sus filas.
Como suele recordar el propio José Luis Rodríguez Zapatero, la fortaleza histórica del PSOE reside en la gente común, en los trabajadores y en quienes entienden que el progreso colectivo es muy superior al individualismo. Frente al ruido de quienes nunca han sabido construir libertades ni respetar los resultados cuando no les favorecen, la última palabra la tendrá la ciudadanía en las urnas.
En el colegio electoral, el voto de un empleado de clase media equivale exactamente al de un gran banquero o un juez, una realidad democrática que la derecha sigue sin asimilar y que volverá a situar a este Partido Popular en el espacio de la oposición hasta que recupere la decencia, la responsabilidad y la dignidad exigibles para aspirar al Gobierno de España.
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