A pocas semanas de que acudamos a las urnas el próximo 29 de noviembre, el debate político ha saltado por los aires con la revelación de una incómoda verdad que la derecha trataba de mantener oculta. Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal está allanando el camino para meter mano de forma drástica al sistema público de pensiones, mediante una estrategia de erosión calculada que amenaza con recortar las prestaciones o retrasar el retiro de millones de trabajadores españoles. Sin embargo, la consigna estratégica en sus filas políticas y entre sus terminales mediáticas afines es unánime: silenciar la jugada a toda costa, evitar el tema en precampaña y esconder la tijera hasta que las papeletas estén depositadas en las urnas.
Esta maniobra ha quedado totalmente al descubierto tras las precipitadas declaraciones de varios dirigentes del Partido Popular y las insólitas recomendaciones públicas realizadas por sus principales altavoces de opinión. Detrás del recurrente discurso catastrofista de que el sistema va “a petar” se oculta una hoja de ruta para justificar recortes y abrir la puerta al lucrativo negocio de los planes privados para la banca financiera. La realidad es implacable: los votantes, los pensionistas de hoy y los trabajadores a punto de jubilarse tienen derecho a conocer al detalle qué pretenden hacer antes de ejercer su derecho al voto en las elecciones.
El nerviosismo en la derecha mediática no se ha podido disimular. El polémico episodio vivido en platós de televisión, donde tertulianos afines como Eduardo Inda o Iker Jiménez aconsejaban (“casi ordenaban”) abiertamente al PP que no volviera a nombrar la palabra pensiones durante toda la campaña porque la terminan liando, no es una simple anécdota. Es la constatación de una consigna política deliberada: callar ante los ciudadanos para no espantar al electorado sénior.
¿Por qué se impone semejante ley del silencio? La respuesta es clara: si los más de nueve millones de pensionistas de nuestro país descubrieran lo que se está cocinando en los despachos de Génova y en las sedes de la ultraderecha, la ola de indignación ciudadana borraría de un plumazo sus aspiraciones de acceder al poder. Hay un pavor evidente a que la ciudadanía conecte los puntos y comprenda lo que significa esa reconstrucción de la que tanto hablan.
Aunque intenten moderar el tono tras comprobar el daño causado, las costuras del relato conservador saltaron por los aires cuando la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, afirmó sin ningún tipo de filtro ni ambigüedad que el sistema público de pensiones va a petar y que es urgente ser valientes para cambiar el modelo. La frase no fue un patinazo aislado, sino un reflejo del marco ideológico que la derecha busca imponer.
Instantes después, el responsable de Hacienda del PP, Juan Bravo, terminaba de enseñar la patita al condicionar la revalorización de las pensiones con conforme al IPC a que la economía se encuentre en una situación adecuada. Esto rompe por completo la garantía por ley acordada en el marco del diálogo social y devuelve al primer plano el fantasma del nefasto 0,25 por ciento de la era de Mariano Rajoy. En el momento en que la subida de las pensiones deja de ser un derecho consolidado por ley para depender de la interpretación arbitraria que la administración de turno haga de la coyuntura económica, el bienestar de los jubilados pasa a convertirse en una concesión graciable.
El argumento del colapso inminente es el clásico subterfugio del liberalismo económico para desmantelar lo público. Para justificar el tijeretazo, primero hay que infundir miedo. Sin embargo, los alarmismos catastrofistas agitados por PP y Vox chocan frontalmente contra la realidad técnica. Ni la Comisión Europea ni la AIReF respaldan la tesis del colapso. Bruselas ha avalado la reforma del sistema público español y la AIReF considera sostenibles las cuentas sin necesidad de aplicar tijeretazos dramáticos. El sistema no está al borde del abismo; lo que está en riesgo es la decisión política de mantenerlo fuerte mediante aportaciones e ingresos equitativos.
Detrás de la insistencia en que el modelo público es inviable se esconde un apetito mercantil voraz. Convertir las pensiones en un bien de mercado implica transferir miles de millones de euros de las cotizaciones públicas hacia los fondos de pensiones privados gestionados por la gran banca y las aseguradoras. Vox y el PP abren de par en par la puerta a este modelo importado de capitalización. Bajo la promesa tramposa de rebajar las cuotas o conceder deducciones fiscales a quienes contraten planes privados, lo que realmente proponen es descapitalizar la Seguridad Social.
El resultado de este experimento ya se conoce en otros países: pensiones públicas menguadas, comisiones bancarias desorbitadas y una vejez vulnerable para quienes no ganaron lo suficiente como para acumular un fondo privado significativo.
Es perfectamente comprensible que la inquietud recorra las casas de millones de familias, pensionistas y personas de más de cincuenta años que ven tambalearse el esfuerzo de toda una vida. La incertidumbre no es fruto de la casualidad, sino del calculado juego de ambiguas amenazas y silencios dirigidos.
Es intolerable y vergonzoso pedir el voto a la ciudadanía jugando al escondite con su pan y su tranquilidad futura. Feijóo y Abascal tienen la obligación democrática de dar la cara. Deben aclarar de manera tajante si van a mantener el poder adquisitivo de las pensiones mediante su revalorización conforme al IPC, tal y como establece la ley, o si aplicarán el recorte soterrado que demandan sus sectores más duros.
Esconder la tijera debajo de la mesa hasta el día posterior a la votación es una falta de respeto a la democracia y una trampa para los electores. El 29 de noviembre no solo se eligen partidos; se vota entre blindar un derecho público conquistado o entregar el futuro de nuestras jubilaciones a la ruleta del mercado privado. La ciudadanía no merece ir engañada a las urnas.
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