Hay imágenes que resumen una política entera. Un alumno dando clase con el abrigo puesto en pleno invierno. Un aula precintada por riesgo de derrumbe. Un techo de escayola desplomado sobre pupitres vacíos por pura casualidad. No son escenas aisladas ni anécdotas puntuales: son el retrato de siete años de abandono de la educación pública en Andalucía bajo el gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla.
Porque cuando el frío se cuela en las aulas y los techos se vienen abajo, el problema no es meteorológico ni accidental. Es político. Y la pregunta es inevitable: si Andalucía recibe más dinero que nunca del Gobierno de España, ¿por qué los colegios e institutos están peor que nunca? La respuesta no está en Madrid. Está en San Telmo.
El último episodio lo deja en evidencia. El pasado 20 de enero de 2026, al menos cinco alumnos resultaron heridos en el IES Miguel de Cervantes, en el barrio sevillano de la Macarena, tras el desprendimiento de un falso techo en un aula de 3º de ESO. La Junta intentó minimizar lo ocurrido hablando de un “incidente” provocado por una silla lanzada por un alumno. Pero esa explicación no se sostiene. Un techo no se desploma por el impacto de una silla si no existe un deterioro previo, fruto de años sin mantenimiento ni inversión.
La comparación es tan sencilla como reveladora: si ese mismo golpe se hubiera producido en el Palacio de San Telmo, el techo no se habría movido. El problema no es la silla. El problema es la ruina silenciosa de demasiados centros educativos públicos en Andalucía.
Este caso no es una excepción. Días antes, se produjo otro desprendimiento en el IES Vicente Aleixandre, en Triana. En Linares, el CEIP Andalucía sufrió en octubre de 2025 el derrumbe del techo del comedor y del gimnasio durante un fin de semana. Los sindicatos hablaron entonces de “milagro”. Meses después, las grietas siguen ahí y las soluciones han sido simples parches.
En Ayamonte, el CEIP Padre Jesús continúa este inicio de 2026 con zonas precintadas tras el hundimiento del techo de un aula por filtraciones. En Jerez, el IES Lola Flores lleva años esperando un edificio digno mientras su alumnado estudia en barracones con paredes agujereadas, baños insalubres y patios que se inundan con cualquier lluvia. Y en La Puebla de Cazalla, el IES Castillo de Luna acumula siete años funcionando íntegramente en módulos prefabricados, con suelos que ceden y sistemas eléctricos que saltan cuando se intenta encender la calefacción.
Este es el mapa real de la educación pública andaluza en 2026. Un mapa de abandono que no puede justificarse por falta de recursos. Nunca Andalucía había recibido tanta financiación del Estado. Desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno, la comunidad ha percibido 54.000 millones de euros, un 47 % más que durante los gobiernos de Mariano Rajoy. Sin embargo, esa mejora no se ha traducido en las aulas. La pregunta es clara: ¿dónde ha ido ese dinero?
Solo con los 4.850 millones de euros adicionales planteados recientemente para Andalucía con el nuevo modelo de financiación se podrían haber construido decenas de colegios e institutos, eliminado barracones y reforzado plantillas docentes. ¿Por qué Moreno Bonilla rechaza estos recursos del Gobierno de Pedro Sánchez?
La respuesta empieza a aclararse cuando se conoce que la Junta dejó 236 millones de euros del presupuesto educativo sin ejecutar en un solo año. Fondos aprobados por el Parlamento andaluz que no llegaron a los centros. El problema no es la financiación; es la falta de voluntad política.
Este abandono se hace especialmente visible durante este invierno. Andalucía está viviendo temperaturas inusualmente bajas, con registros bajo cero en varias provincias. Y, sin embargo, el plan de bioclimatización avanza a un ritmo desesperante. Según USTEA, la Ley de Bioclimatización de 2020 apenas se ha aplicado en un 10 % de los centros educativos.
Miles de alumnos siguen dando clase con abrigos, bufandas y manos heladas. La Junta anunció inversiones millonarias y planes como “Mejora tu centro”, pero descargó la responsabilidad sobre los propios colegios, con dotaciones de alrededor de 15.000 euros por centro, claramente insuficientes para reformas estructurales. A ello se suma la falta de previsión en el mantenimiento, que ha generado problemas de humedad, riesgos sanitarios y equipos inutilizados.
Los datos son contundentes. Un estudio de CSIF revela que el 87,5 % del profesorado considera ineficaz el sistema de refrigeración adiabática implantado por la Junta. Más del 80 % de los centros carece de sistemas adecuados de climatización o de zonas de sombra suficientes. En muchos casos, las mejoras han dependido de AMPAs y ayuntamientos, no del Gobierno andaluz.
No es casualidad que el Defensor del Pueblo Andaluz haya iniciado una nueva actuación de oficio para fiscalizar el cumplimiento real de la ley. Cuando una institución de este nivel interviene, es porque los derechos del alumnado están siendo vulnerados.
A este panorama se suma el problema crónico de los barracones. Moreno Bonilla llegó al poder prometiendo erradicarlos. Han pasado casi siete años y la promesa fue falsa. Miles de alumnos siguen escolarizados en módulos prefabricados, mientras la Junta ni siquiera ofrece datos actualizados. La precariedad se ha normalizado.
Todo ello ocurre mientras el Gobierno andaluz recorta en la educación pública y favorece a la concertada, rechaza reducir ratios y vota junto a Vox contra iniciativas destinadas a reforzar el sistema público. No es improvisación. Es un modelo político consciente: debilitar lo público para beneficiar lo privado.
La educación pública andaluza no se está deteriorando por casualidad. La están dejando caer. Cada aula helada, cada techo que se desploma y cada barracón que se perpetúa es el resultado de una decisión política. Gobernar es asumir responsabilidades. Y en educación, Moreno Bonilla lleva siete años mirando hacia otro lado.