El "negocio" de Ayuso con nuestros hijos: cómo desguazar la educación pública para alimentar a la privada

Isabel Díaz Ayuso ha convertido la Comunidad de Madrid en el laboratorio definitivo del neoliberalismo salvaje, donde la educación ha dejado de ser un derecho para transformarse en un suculento botín. Bajo su mandato, el dinero de todos fluye sin control hacia manos privadas mientras las familias y los docentes ven cómo el sistema público se asfixia entre barracones y precariedad absoluta.

No es falta de gestión, es un plan perfectamente ejecutado para segregar a la sociedad madrileña desde la cuna. Al externalizar servicios esenciales y fomentar el trasvase de alumnos hacia la concertada y privada, el Gobierno regional no solo está recortando recursos, sino que está perpetrando un ataque frontal contra la igualdad de oportunidades que debería garantizar la democracia.

Uno de los puntos más sangrantes de la gestión de Ayuso es, sin duda, la gestión del servicio de becas. Recientemente, se ha denunciado que la Comunidad ha destinado un millón de euros a empresas privadas para externalizar la gestión de las ayudas escolares. Lo que antes se gestionaba desde lo público de forma eficiente, ahora se entrega a dedo a compañías externas, un movimiento que muchos no dudan en calificar como un "robo de dinero público" legalizado.

Este desvío de fondos no es un hecho aislado. Es la culminación de una política que busca vaciar de contenido las instituciones madrileñas. Mientras se riega con millones de euros a estas gestoras privadas, los trámites para las familias se vuelven más opacos y farragosos. La pregunta es evidente: ¿Por qué pagar a una empresa privada por un trabajo que los funcionarios de la Comunidad podrían realizar si tuvieran los medios adecuados? La respuesta es siempre la misma: favorecer el negocio de unos pocos a costa del esfuerzo de todos los madrileños.

La deshumanización de este sistema ha llegado a extremos intolerables. Mientras la administración se externaliza, la burocracia se convierte en una barrera ideológica. Recientemente, ha saltado el escándalo: el Gobierno de Ayuso ha negado la beca de comedor a las hijas de una mujer asesinada por su expareja.

Esta decisión, protegida tras tecnicismos administrativos, demuestra que la Comunidad de Madrid ha perdido el norte ético. Se prefiere mirar hacia otro lado ante el drama de la violencia machista que garantizar un plato de comida a menores en situación de vulnerabilidad extrema, confirmando que en el Madrid de Ayuso, si no eres rentable, no existes.

Además, el sectarismo político de la Puerta del Sol está perjudicando directamente el avance tecnológico de las aulas. Los sindicatos han denunciado que Ayuso malgasta voluntariamente los fondos educativos que le envía el Gobierno de Pedro Sánchez solo para boicotear y justificar el “Código Escuela 4.0”.

Es una irresponsabilidad sin precedentes: se rechaza o se gestiona mal el dinero destinado a la digitalización y a la reducción de la brecha de género solo por pura confrontación partidista. Prefieren que los alumnos madrileños pierdan trenes de futuro antes que admitir una buena gestión del Ejecutivo central.

La situación en la etapa de 0 a 3 años ha llegado a un punto de no retorno. La huelga indefinida convocada por las trabajadoras de las escuelas infantiles no es solo una reclamación salarial; es un grito de auxilio ante lo que denominan “violencia institucional”. Madrid es la región con las cuotas más altas y, a la vez, con las condiciones más precarias para sus profesionales. Las docentes denuncian que "no se puede vivir con estos sueldos" mientras la privatización de los centros sigue avanzando imparable.

Si analizamos los datos de evolución escolar entre 2019 y 2025, la "radiografía" es desoladora para lo público. Mientras la educación pública absorbe todos los ajustes y recortes presupuestarios, la privada y la concertada crecen de forma exponencial, especialmente en las etapas de Bachillerato y Formación Profesional (FP). Este trasvase no es casual. El Gobierno de Ayuso ha potenciado el uso del “cheque escolar” para familias con rentas altas, permitiendo que personas que no lo necesitan reciban subvenciones para pagar centros de élite.

Es una redistribución de la riqueza a la inversa: quitamos a los que menos tienen para financiar el privilegio de los que más tienen. En la FP, la situación es crítica: miles de jóvenes madrileños se quedan cada año sin plaza en los centros públicos, viéndose obligados a endeudarse en centros privados si quieren seguir formándose. No podemos olvidar tampoco el caos de la construcción por fases y los barracones, que obliga a niños y profesores a convivir con grúas y ruidos de obra durante años.

A esto se suma la insostenible falta de inversión en climatización y mantenimiento, obligando a niños y profesores a soportar temperaturas extremas en edificios obsoletos mientras la Presidenta prefiere gastar el presupuesto en campañas de marketing político. Esta desidia no es accidental; es una forma de empujar a las familias hacia el sector privado ante la desesperación.

Otro tema que ha cobrado especial relevancia es la drástica reducción de orientadores y personal de apoyo para alumnos con necesidades especiales. En un contexto donde la salud mental de los jóvenes está en niveles de alerta roja, Madrid recorta en los profesionales encargados de detectar y prevenir estos problemas. La falta de recursos para la inclusión escolar es una forma silenciosa de segregación: si tu hijo necesita un apoyo que el centro público no puede dar, la Administración te está invitando a irte.

El modelo educativo de Isabel Díaz Ayuso no busca la excelencia, busca la rentabilidad. Para ella, el alumno no es un ciudadano en formación, es un cliente. Y el sistema educativo no es un pilar del bienestar, sino un nicho de mercado por explotar. La "libertad" de la que tanto presume la Presidenta es la libertad de elegir centro para quien tiene la cartera llena, y la condena a una educación precarizada para el resto.

La movilización social es la única vía para frenar este desguace. Las huelgas en infantil y el malestar de las familias en los barrios nuevos son la prueba de que Madrid está despertando. No se puede jugar con la educación, porque cuando se destruye lo público, lo que se está destruyendo es el propio corazón de la igualdad social. Ayuso podrá seguir "regando" con millones a sus amigos, pero la historia - y las urnas - terminarán pasándole factura por haber vendido el futuro de nuestros hijos al mejor postor.