Andalucía arde. Y no sólo por los incendios forestales de Tarifa, Zahara, Huelva, la Sierra Norte de Huelva, ni el de la Mezquita-Catedral de Córdoba, ni porque Moreno Bonilla haya estado desaparecido semanas sin dar la cara por el fuego y ahora aparezca solo para ferias y toros. También lo hace por el incendio sanitario que han provocado sus políticas. Cada día, un nuevo frente se abre en hospitales, centros de salud y urgencias. Cada día, pacientes y profesionales sufren un deterioro intolerable en la atención sanitaria. Y, como gasolina sobre las llamas, la Junta anuncia un nuevo macroconcierto con la sanidad privada por valor de 533 millones de euros.
La paradoja es tan brutal como insultante: no hay dinero para abrir el Hospital de Día Oncohematológico del Clínico de Málaga, acabado desde hace meses porque faltan sillones, pero sí lo hay para alimentar a la privada. No hay dinero para reforzar las urgencias del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, donde los pacientes se hacinan en pasillos, pero sí para engordar las cuentas de clínicas concertadas. No hay dinero para aliviar el colapso sanitario de la Costa Tropical de Granada, desbordada cada verano, pero sí para que los “amiguetes” del sector privado hagan negocio con la salud de los andaluces.
En Málaga, el nuevo Hospital de Día Oncohematológico del Clínico está terminado desde enero, es fundamental para duplicar la capacidad de tratamientos de quimioterapia. Sin embargo, sigue cerrado porque, según la Junta, “falta el mobiliario”. Apenas unos 700.000 euros en sillones, ordenadores y equipos. Mientras tanto, los enfermos reciben sus tratamientos hacinados en un espacio provisional, sin intimidad, sin condiciones dignas, soportando esperas interminables en pasillos atestados.
Los testimonios son demoledores. Una mujer en tratamiento lo resume con crudeza: “Esto es inhumano, está abarrotado. Hay un sitio nuevo y no se abre. Hay pacientes que pasamos aquí horas y ni siquiera podemos reclinar el sillón”. La asistencia profesional es impecable, nadie lo duda. Pero las condiciones son indignas. Y lo más sangrante: el espacio nuevo existe, pero está cerrado. ¿Por qué? Porque Moreno Bonilla prefiere reservar la foto electoral para más adelante. Para él, la salud de los pacientes puede esperar.
En Huelva, el Hospital Juan Ramón Jiménez se ha convertido en otro ejemplo del despropósito. Urgencias saturadas, pacientes que pasan más de 24 horas esperando en sillones, alas cerradas pese a la presión asistencial y enfermos oncológicos soportando temperaturas insoportables por una climatización deficiente. El sindicato SATSE denuncia que la situación es insostenible: profesionales exhaustos, falta de camas y una gestión que bordea la negligencia.
No hablamos de anécdotas aisladas, sino de un patrón repetido en toda Andalucía. La atención primaria cerrada por las tardes en verano, lo que dispara la presión sobre hospitales; las bolsas de empleo paralizadas; las listas de espera disparadas a niveles históricos. Mientras tanto, Moreno Bonilla anuncia con orgullo el nuevo concierto privado de 533 millones, como si fuera una solución y no la causa del problema.
La Costa Tropical de Granada es otro territorio en el que la sanidad pública se desangra. Cada verano, la población se triplica y los recursos siguen siendo los mismos. El Hospital de Motril atendió más de 25.000 urgencias en 2024, un 10% más que el año anterior, sin refuerzo de personal suficiente. Médicos que deberían ser 25 en urgencias y apenas llegan a 8, enfermeras doblando turnos sin descanso, cupos de atención primaria que superan las 1.500 tarjetas por médico.
Los profesionales lo repiten con desesperación: “Esto no es una emergencia puntual, es un problema estructural”. Y lo pagan con estrés, ansiedad y, en muchos casos, con su salud mental. Mientras tanto, la Junta se limita a hablar de “planes de contingencia” que no solucionan nada y que sólo buscan ganar tiempo. El deterioro es tan evidente que los propios vecinos han protagonizado caceroladas frente al hospital, denunciando que la asistencia está en caída libre.
En este contexto, anunciar un macroconcierto con la privada por 533 millones de euros es un auténtico “atraco”. Es un saqueo a la sanidad pública. Con esa cantidad podrían contratarse más de 10.000 profesionales sanitarios, reforzar plantillas, abrir alas cerradas, equipar hospitales terminados y aliviar listas de espera. Pero Moreno Bonilla prefiere regar a la sanidad privada, imitando el modelo de Ayuso en Madrid.
UGT lo ha resumido con claridad: “La única apuesta de Moreno Bonilla para mejorar la sanidad pública es dar más dinero a la privada”. SATSE ha sido igual de tajante: “Sale mucho más caro concertar una operación que contratar personal para que se haga en un quirófano público”.
Estamos ante una estrategia calculada: dejar caer la sanidad pública para justificar después que “no queda más remedio” que recurrir a la privada. Es un plan de privatización encubierto, lento pero implacable. Y mientras tanto, los pacientes sufren. Cuando un enfermo de cáncer tiene que recibir quimio en un pasillo, cuando un anciano pasa dos días en urgencias sin cama, cuando un médico tiene que atender cinco consultorios en la Alpujarra en una sola mañana, el mensaje es claro: A Moreno Bonilla le da exactamente igual la salud y la vida de los andaluces.
Moreno Bonilla se esconde detrás de discursos de moderación y promesas vacías. Pero la realidad no engaña: desde 2018, su gobierno ha destinado 3.500 millones de euros a la sanidad privada. Mientras tanto, la sanidad pública andaluza se hunde. Es un expolio planificado, un trasvase de recursos públicos a bolsillos privados.
Cuando tu hijo, tu padre o tú mismo no podáis ser atendidos en la sanidad pública, recordad que hay un responsable con nombres y apellidos: Juanma Moreno Bonilla. Y no está solo. Lo acompaña la complicidad de quienes, sabiendo lo que ocurre, siguen votándole.
La sanidad pública no es un lujo, ni un capricho: es un derecho conquistado durante décadas de lucha ciudadana y profesional. Y no podemos permitir que Moreno Bonilla la convierta en un negocio para unos pocos. No vamos a aceptar que se condene a pacientes y profesionales a una lenta agonía, mientras se abre la chequera para engordar a la privada.
Andalucía merece hospitales abiertos, urgencias reforzadas, personal suficiente y condiciones dignas para los pacientes. Y lo tendrá si se apuesta de verdad por lo público. La ciudadanía debe alzar la voz. Porque la presión social y el voto son las únicas armas que pueden frenar este expolio.
Que nadie se engañe: la sanidad pública andaluza se está jugando su supervivencia. Y cada día que pasa bajo el modelo Moreno Bonilla, retrocede un poco más. La elección es clara: o resignarse al incendio y al saqueo, o plantar cara y defender lo nuestro. Y Andalucía ya ha demostrado demasiadas veces que no se resigna.