La nueva Formación Profesional Dual en Andalucía se ha convertido en un gran problema para miles de estudiantes, docentes y empresas. No por la ley estatal que la regula, sino por la manera en que el Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla ha decidido implementarla. Sin planificación, sin información previa y con cambios a mitad de curso, la Junta ha generado un caos organizativo que pone en riesgo que muchos alumnos puedan completar sus estudios y obtener su título.
Este desorden no es accidental. Se da en un contexto de crecimiento acelerado de la Formación Profesional privada en Andalucía, mientras que la oferta pública se estanca o incluso retrocede. El resultado es claro: estudiar FP en el sector público se vuelve cada vez más difícil, y en el privado, más caro. Con Moreno Bonilla, el acceso a la formación deja de ser un derecho garantizado, y pasa a depender cada vez más de la capacidad económica de las familias.
El problema comienza con la implantación de la Ley Orgánica 3/2022 de Formación Profesional, una normativa estatal que introduce el nuevo modelo de FP Dual y que debe ser desarrollado por las comunidades autónomas. En Andalucía, esta adaptación se ha hecho de manera precipitada y desordenada, afectando de manera directa a la organización de los centros educativos.
Uno de los principales desencadenantes del conflicto ha sido la exigencia de realizar 500 horas obligatorias de prácticas en empresas para obtener el título. No es tanto el número de horas, sino que la Junta ha impuesto este requisito de forma retroactiva, afectando a los estudiantes que comenzaron sus estudios en 2024 sin conocerlo. El cambio se produjo cuando el curso ya había empezado, alterando las condiciones bajo las cuales miles de estudiantes se matricularon.
El resultado ha sido una gran incertidumbre. Estudiantes que ya habían aprobado módulos con prácticas evaluadas han descubierto meses después que esas prácticas “ya no cuentan”. Otros, aunque aprueben todas las asignaturas, podrían no titular si no encuentran una empresa donde completar las horas exigidas. En la práctica, esto les obliga a alargar sus estudios con un tercer año no previsto inicialmente.
Esto es especialmente grave en la FP a distancia, diseñada para personas adultas que trabajan o tienen responsabilidades familiares. En estos casos, aprobar todos los módulos ya no garantiza el título. Si no hay empresa para realizar las prácticas, no hay titulación. Para muchos estudiantes, compatibilizar trabajo, estudios y 500 horas de prácticas en pocos meses es simplemente inviable.
El profesorado también se ve afectado por esta gestión improvisada. La tarea de buscar empresas para las prácticas recae casi por completo sobre los docentes, quienes disponen de un tiempo claramente insuficiente: solo tres horas por curso para gestionar plazas para grupos de 50 o 60 estudiantes.
A esta falta de tiempo se suma la realidad del tejido empresarial andaluz. La mayoría de las empresas son pequeñas o autónomos, que no tienen la capacidad de asumir prácticas para grandes cantidades de estudiantes. El resultado es una creciente presión sobre los centros públicos, que no pueden garantizar un requisito obligatorio para la titulación.
Sindicatos y miembros de la comunidad educativa coinciden en que no se trata de casos aislados, sino de un problema estructural. La normativa llega tarde, la planificación es deficiente y los recursos no cumplen con las exigencias del nuevo modelo. Sin embargo, el Gobierno de Moreno Bonilla insiste en negar que haya un problema generalizado.
Todo esto ocurre en un contexto donde la Formación Profesional privada sigue creciendo en Andalucía. Los datos oficiales muestran que este año se han autorizado casi cuatro veces más plazas privadas que públicas. Desde la llegada de Moreno Bonilla a la Junta, las plazas en FP privada han aumentado más de un 100%, mientras que la oferta pública crece de manera muy limitada.
Este crecimiento privado se concentra en los ciclos más demandados y con mayor empleabilidad, como Sanidad, Informática, Administración o Deporte. Además, estos ciclos tienen matrículas elevadas, que pueden superar los 6.000 euros por curso. Hoy en día, uno de cada tres estudiantes de FP en Andalucía paga por una formación que debería ser pública y accesible. ¿Es justo que el futuro de nuestros hijos dependa de los recursos económicos de las familias?
La educación no puede ser un negocio. No puede convertirse en una mercancía como pretende Moreno Bonilla. La educación es un derecho que debe ser garantizado por los poderes públicos. El PP está llevando a Andalucía de vuelta a una época en la que solo estudiaban quienes tenían recursos. Es un retroceso brutal, una renuncia al progreso, a la igualdad y a la justicia social.
En este contexto, la mala gestión de la FP Dual actúa como un factor más que expulsa al sistema público. Si no hay prácticas, si los horarios son incompatibles o el título se pone en riesgo, la alternativa para muchas familias es clara: acudir a la FP privada, si pueden permitírselo. No es casualidad, es el efecto directo de un modelo.
El Partido Socialista de Andalucía ha denunciado esta situación con firmeza. Su secretaria de Educación, Patricia Alba, ha acusado al Gobierno andaluz de utilizar la FP como un “campo de negocio para unos pocos”, causando caos en los centros, perjudicando a los estudiantes y empeorando las condiciones laborales del profesorado. También ha alertado sobre el desplazamiento forzoso de docentes y el traslado de ciclos públicos a turnos de tarde, mientras centros privados ocupan el turno de mañana.
Según el PSOE-A, estas decisiones se toman sin diálogo con la comunidad educativa y con un impacto social evidente: estudiantes que ya no pueden estudiar cerca de su hogar, jóvenes que deben abandonar por falta de conciliación y un aumento de la desigualdad.
Es especialmente llamativo que, mientras la inversión del Gobierno de España en Formación Profesional es la mayor de la historia, en Andalucía los recursos transferidos se han multiplicado en los últimos años. Sin embargo, en lugar de aprovechar este impulso para reforzar la FP pública, la Junta ha optado por un modelo que favorece la privatización y la segmentación social.
La FP Dual podría ser una herramienta clave para mejorar la empleabilidad y fortalecer el tejido productivo. Pero para que funcione, necesita planificación, recursos y respeto por los derechos del alumnado y del profesorado. Pero con Moreno Bonilla nada de esto está sucediendo hoy en Andalucía.
La pregunta es sencilla: ¿Queremos una Formación Profesional que garantice igualdad de oportunidades, o un sistema donde estudiar dependa del dinero? Porque son estas políticas las que se deciden en las urnas. Y cuando el acceso a la educación se convierte en un privilegio, no solo se perjudica a quienes se quedan fuera, sino que se empobrece toda la sociedad.