Moreno Bonilla destina cantidades indecentes a publicidad y propaganda en campañas como el “Andalusian Crush”, para tratar de ocultar la realidad, y esta realidad pasa porque miles de personas luchan por algo tan básico como respirar. No es una metáfora. Es la realidad de más de 120.000 pacientes andaluces que sufren Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), una patología que ya es la cuarta causa de muerte en España y que alcanza en Andalucía una de sus peores expresiones.
La EPOC no es un resfriado mal curado ni una tos molesta. Es una enfermedad respiratoria crónica provocada por la inflamación de los pulmones que bloquea la entrada y salida de aire, reduce el oxígeno en sangre y condena a quien la padece a vivir con fatiga, bronquitis recurrentes, flemas constantes, dolor en el pecho al toser y una pérdida progresiva de autonomía.
Según el Informe Anual del Sistema Nacional de Salud, la prevalencia en mayores de 40 años en Andalucía es de 46,1 casos por cada 1.000 habitantes, frente a la media nacional de 33,9. Es la segunda comunidad con mayor número de casos y la primera en mortalidad asociada. ¿Sr. Moreno Bonilla y usted qué hace por mejorar esta realidad? Poco, muy poco.
Aunque la EPOC no tiene cura, su diagnóstico precoz y un tratamiento adecuado puede frenar su avance y mejorar la calidad de vida. Pero aquí comienza el drama en Andalucía. La atención primaria está colapsada, las listas de espera son interminables y la falta de especialistas suponen una sentencia anticipada para miles de pacientes.
El infradiagnóstico es alarmante: más del 70% de los casos no se detectan a tiempo. Cuando el diagnóstico llega, muchas vidas ya han cambiado para siempre: oxígeno las 24 horas, ingresos hospitalarios continuos, aislamiento social y dependencia absoluta.
Pero como si no bastase con el colapso asistencial, Moreno Bonilla ha decidido añadir un obstáculo más: el llamado índice de Calidad de la Prescripción (ICP). Este indicador, incluido en el Contrato Programa 2025 del Servicio Andaluz de Salud, funciona en la práctica como un visado encubierto que limita la libertad de los médicos para recetar los tratamientos más adecuados.
La Asociación de Pacientes con EPOC (APEPOC) lo ha denunciado con contundencia: “Lo que en otras comunidades se receta sin trabas, aquí en Andalucía está restringido”. Su campaña “Andalusian Crush: No Surrender, Juanma” es un dardo directo al presidente andaluz del PP. Mientras la Junta gasta dinero público en autobombo para vender fuera la imagen idílica de una Andalucía irresistible, dentro, una norma administrativa, está asfixiando -literalmente- a miles de personas.
Sr. Moreno Bonilla, ¿Por qué se está impidiendo a los profesionales sanitarios aplicar su criterio médico? Esto quiebra la confianza con el paciente, pone en riesgo su salud y normaliza una medicina de segunda para quienes no pueden pagar una alternativa privada. Y las consecuencias no son solo clínicas: son humanas, sociales y económicas. Cabe destacar que la adherencia al tratamiento en patologías respiratorias es vital. Interrumpirla o modificarla sin criterio médico no solo agrava los síntomas y provoca más ingresos hospitalarios, sino que dispara el gasto sanitario.
Los datos son escalofriantes: en 2024, la EPOC causó más de 29.000 muertes en España -tres cada hora, una cada veinte minutos-. Y aún así, en Andalucía no solo no se facilita el acceso a los mejores tratamientos, sino que se incentiva a los médicos a ceñirse a una lista cerrada. La pregunta es inevitable: ¿hay algún interés político o comercial oculto en esta decisión?
APEPOC no se ha quedado de brazos cruzados. Ha lanzado la web www.nosurrenderjuanma.com, ha iniciado una recogida de firmas en Change.org y ha movilizado a miles de ciudadanos a exigir la eliminación inmediata del ICP. Su mensaje es claro: “No pedimos favores, exigimos el mismo derecho a respirar que el resto de España”. Y tiene razón. Negar un tratamiento que un médico considera el más adecuado no es eficiencia: es negligencia institucional.
El impacto de esta política va más allá de lo clínico. La adherencia al tratamiento en patología respiratorios es vital: interrumpirla o modificarla sin criterio médico puede agravar los síntomas, multiplicar las hospitalizaciones y aumentar el gasto sanitario.
Cada año, la EPOC cuesta al Sistema Nacional de Salud unos 1.700 millones de euros, y las hospitalizaciones son el principal componente de ese coste. Negar tratamientos eficaces no ahorra dinero: lo multiplica. Y lo más sangrante: lo hace a costa de la vida de los más vulnerables.
El Gobierno andaluz ha intentado justificar el ICP como una medida de eficiencia. Pero lo cierto es que ni la evidencia científica ni la experiencia de los profesionales lo respaldan. Lo que sí está claro es el efecto que produce: discriminación territorial, desigualdad en el acceso a los tratamientos, deterioro asistencial y pérdida de confianza en el sistema. Lo que en otras comunidades autónomas se prescribe sin trabas, en Andalucía está vetado.
Sr. Moreno Bonilla, la EPOC y el asma afectan a seis millones de personas en España. Y cada día que pasa bajo este modelo, hay andaluces que mueren antes de tiempo o que ven que su vida se reduce a contar cada paso para no quedarse sin aire.
La sanidad andaluza no necesita publicidad. Necesita que Moreno Bonilla deje de destrozarla. Necesita médicos con libertad para tratar, diagnósticos rápidos y tratamientos actualizados. Sr. Moreno Bonilla, entérese, detrás de cada cifra hay un nombre, una familia y una historia que merece algo más que propaganda.
La política no es neutra y restringir el acceso a tratamientos vitales no es una cuestión técnica, es una decisión ideológica, con consecuencias medibles en sufrimiento y en muertes evitables. Sr. Moreno Bonilla, el derecho a respirar no debería depender del código postal.