En Andalucía, el negacionismo de Vox sobre la violencia machista no lo impulsa únicamente Vox. Lo aplica, punto por punto, el Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla. Aunque cuente con mayoría absoluta y no necesite a la ultraderecha para gobernar, el presidente andaluz ha asumido su agenda en materia de igualdad, desmontando desde dentro los avances que durante años colocaron a Andalucía a la vanguardia de las políticas contra la violencia de género. Hoy, 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, debemos denunciar que esas políticas retroceden como no ocurría desde hace décadas.
Las mujeres andaluzas no solo arrastran la indignación por la negligencia en los cribados de cáncer de mama o por una sanidad pública cada vez más rota, sino que deben soportar una deriva institucional que resta importancia a la violencia machista, la diluye y la invisibiliza. Y lo hace con plena conciencia. La Junta dice una cosa, pero hace la contraria: mientras proclama que la igualdad es prioritaria, recorta, abandona y —lo más grave— deja sin ejecutar millones de euros destinados a combatir la violencia machista.
La secretaria de Igualdad del PSOE-A, Olga Manzano, ha denunciado el desinterés real de la Junta en las políticas de igualdad: afirma que las medidas “brillan por su ausencia” y reclama un incremento de los recursos propios para combatir la violencia machista, especialmente porque percibe un recorte encubierto pese a los fondos que llegan del Pacto de Estado del Gobierno de Pedro Sánchez.
Por otro lado, el informe anual de CCOO es contundente: Moreno Bonilla solo ejecutó el 44% del presupuesto contra la violencia machista en 2024. Es decir, más de la mitad del dinero destinado a proteger a las mujeres se quedó guardado en un cajón. Para la secretaria general del sindicato, Nuria López, este incumplimiento no es casual: es una “política de escaparate”. Mucha propaganda, mucha foto, mucha frase amable, pero sin compromiso real con la igualdad.
Y hablamos de una comunidad especialmente golpeada. Desde 2003, 278 mujeres han sido asesinadas en Andalucía, la cifra más alta de España. En lo que va de 2025, 12 de las 39 mujeres asesinadas en el país eran andaluzas. La última en Rincón de la Victoria (Málaga). Con estos datos, ¿cómo puede justificar la Junta que deje sin ejecutar el 56% de los fondos destinados a combatir esta violencia? La respuesta es demoledora: porque ha asumido la hoja de ruta de Vox.
El primer gran pago del PP andaluz a Vox llegó en 2019. A cambio del apoyo de la ultraderecha, Moreno Bonilla aceptó sustituir el teléfono específico contra la violencia de género por uno genérico de “violencia intrafamiliar”. El objetivo era claro: diluir el concepto de violencia machista, negar su especificidad y equiparar agresiones que no son equiparables. La consecuencia también fue clara: ese teléfono apenas recibió una llamada al día durante tres años, convirtiéndose en un servicio inútil que, sin embargo, la Junta mantiene y financia con entusiasmo. Y para mayor inri, más del 80% de las llamadas tuvieron que ser derivadas a otros servicios ya existentes. Es la prueba del negacionismo práctico que comparten el PP andaluz y Vox.
La Junta repite que “la educación en igualdad es la herramienta más potente”, pero en la práctica incumple el mandato de la Ley Orgánica 1/2004, que exige formación especializada para todo el personal que atiende directamente a víctimas de violencia de género. No existe una formación obligatoria con perspectiva de género para buena parte de la plantilla pública, según han denunciado persistentes quejas institucionales.
Mientras la Administración mira para otro lado, se consolidan dinámicas preocupantes. En provincias como Huelva, según CCOO, el 90% de las empresas incumple la obligación legal de tener protocolos contra el acoso sexual, sin que la Junta intervenga. La impunidad avanza porque las instituciones que deberían vigilarla no lo hacen.
El Gobierno andaluz prometió un pacto andaluz contra la violencia de género. Nunca llegó. Prometió el Plan Integral de Sensibilización y Prevención 2021–2025. Aprobado en octubre de 2020, sigue sin existir. Un retraso injustificable que demuestra el desinterés absoluto por parte de Moreno Bonilla.
Mientras tanto, el Instituto Andaluz de la Mujer ha sufrido un recorte de nueve millones de euros y en 2025 de las 2.300 asociaciones feministas registradas, solo 58 van a recibir financiación y el Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres permanece prácticamente paralizado.
El contraste entre el Gobierno andaluz y el Gobierno de España es evidente. En 2025, Andalucía volvió a ser la comunidad que más fondos recibió del Pacto de Estado contra la violencia de género: 26,8 millones de euros, tres más que en 2024. Nunca antes había tenido tantos recursos y nunca antes se hizo tan poco.
¿Y qué hace la Junta? Recortar sus fondos propios —un 23% menos—, congelar partidas y dejar sin ejecutar millones: 15 millones tirados a la basura el año pasado; 20 millones este año. Es la fórmula perfecta del desmantelamiento silencioso: pedir dinero al Gobierno de España para aparentar compromiso mientras se recorta todo lo que depende del presupuesto autonómico.
Mientras recorta derechos de las mujeres, la Junta multiplica la financiación de asociaciones antiabortistas. Desde 2020, Moreno Bonilla ha concedido 1,7 millones de euros a estos colectivos; en 2024, otros 700.000 euros adicionales. Si el PP ya no necesita a Vox para gobernar, ¿por qué sigue financiando su agenda? La respuesta es simple: porque comparte su ideología en materia de igualdad.
El retroceso se nota también en el empleo. La brecha salarial en Andalucía es del 20%. Las mujeres cobran de media 4.300 euros menos que los hombres. El paro femenino supera en siete puntos al masculino. Y la Junta no ha puesto en marcha ningún plan específico para reducir esta desigualdad estructural y tampoco cumple con la aprobación del I Plan de Acción contra la desigualdad salarial entre mujeres y hombres en Andalucía que aprobó el Consejo de Gobierno el 9 de octubre de 2018.
En sanidad, las mujeres son las principales perjudicadas del deterioro: revisiones de cáncer de mama retrasadas más de seis meses, reconstrucciones mamarias que tardan 900 días, listas de espera interminables para patologías como la endometriosis. Mientras tanto, el Gobierno de Moreno Bonilla destina miles de millones a la sanidad privada.
Y luego está la dependencia, uno de los mayores fracasos sociales de esta legislatura. 51.547 personas siguen en lista de espera, según el Observatorio Estatal. De ellas, 44.253 están pendientes de recibir la prestación ya reconocida. El tiempo medio de tramitación es de 574 días, más de tres veces lo que marca la ley. La espera es tan larga que más de 5.000 personas han muerto en Andalucía sin llegar a recibir la ayuda. La mayor parte de estas dramáticas estadísticas son mujeres.
Cada 25N, Moreno Bonilla se cuelga el lazo violeta. Pero ya no convence a nadie. Porque la foto no puede ocultar la realidad: ni cree en la igualdad ni trabaja por ella. Ha asumido la agenda de Vox, ha desmontado políticas esenciales, ha dejado sin ejecutar millones dedicados a proteger a las mujeres y ha financiado a quienes atacan sus derechos. En igualdad, muchas mujeres en Andalucía lo dicen sin dudarlo: No, Moreno Bonilla. Yo tampoco te creo.