Alfonso Fernández Mañueco y Alfonso Rueda deben dimitir. No hay excusas. No hay justificación posible. Han mentido, han ocultado información, han improvisado en plena emergencia y han demostrado que no están a la altura. Y en política, cuando se traiciona a los ciudadanos, lo decente es marcharse y no volver.

Lo de Mañueco, en Cádiz de vacaciones mientras Castilla y León ardía durante tres días, es un escándalo. Y lo de Rueda en Galicia, ocultando incendios y retirando bomberos en plena ola de fuego, es intolerable. Ambos repiten la misma actitud que vimos en Mazón con la DANA: indiferencia ante la tragedia y propaganda después.

En el PP la receta nunca cambia. Cuando hay una crisis, primero miran hacia otro lado y no hacen nada. Después, culpan al Gobierno de España. Es lo mismo que pasó con las inundaciones. Es lo que pasa ahora con los incendios. Su estrategia es sencilla: lavarse las manos, evitar responsabilidades y convertir la catástrofe en arma política.

Estamos conociendo, a través de varios medios de comunicación nacionales, informaciones alarmantes y gravísimas. El País y ElDiario.es se hacen eco de que, en Castilla y León, Mañueco pedía más medios al Gobierno de la nación mientras tenía recursos propios sin utilizar. Disponía de cinco puestos de mando, pero solo activó dos. Uno de ellos, ya instalado, se trasladó a otro punto, perdiendo tiempo y energías. El Ejército había preparado camas, logística y avituallamiento para 180 personas… y no se usaron. Se montaron instalaciones en Cistierna y Bembibre para acoger a los equipos de refuerzo… y se quedaron vacías.

Mañueco dijo que tenía “todos los medios” y presumía de que el operativo era “suficiente”. Cuando la situación se desbordó, cambió de discurso y empezó a reclamar a Sánchez más ayuda. Pero la realidad era otra: la Junta improvisaba, descoordinaba y dejaba a bomberos forestales sin lo que necesitaban para trabajar. El fuego, mientras tanto, avanzaba.

En Galicia la gestión tampoco resiste una mirada seria. Según informa Cadena SER la Xunta retiró a bomberos de las cuatro provincias justo en plena ola de incendios. Algunos ya iban de camino a Ourense cuando recibieron la orden de volver. Nadie entendía nada. En ese momento, Ourense ardía con siete fuegos activos y más de 70.000 hectáreas calcinadas.

A la vez, el Gobierno gallego reclamaba más medios al Estado. ¿Cómo se entiende que pidan ayuda mientras retiraban efectivos? Es simple: irresponsabilidad política y cálculo partidista. Primero recortan, luego desorganizan y, cuando todo se complica, culpan al Gobierno central.

Lo más grave es que además la Xunta ocultó incendios. Según informaciones periodísticas, el Ejecutivo de Rueda no notificó hasta 447 incendios en lo que va de agosto. Incluso el desastre de Peña Trevinca, la cumbre más alta de Galicia, donde existen bosques de tejos centenarios, se ocultó durante días. Una comunidad ardiendo mientras su gobierno manipula los datos. Eso no es un error: es un engaño.

El patrón es claro. Donde gobierna el PP, la gestión de emergencias es un desastre. En Galicia boicotean brigadas contra incendios. En Castilla y León tachan de “absurdo” y “despilfarro” un operativo anual. En Extremadura llegan a decir que la protección ambiental es un “lastre”. Y en todas partes la misma receta: recortes, desprecio a lo público y privatización de los servicios básicos.

Porque esa es la obsesión del PP: privatizarlo todo. Sanidad, educación, universidades, residencias de mayores, pensiones… y también la lucha contra los incendios. El resultado es que, en lugar de reforzar servicios públicos, los debilitan hasta que colapsan. Y en medio de esa ideología, quienes pierden son los ciudadanos.

El contraste es llamativo. Durante un apagón de unas horas, todas las comunidades gobernadas por el PP pidieron activar el nivel 3 de emergencia para que interviniese el Estado. Pero cuando el fuego arrasa montes y amenaza pueblos, no lo solicitan. ¿Por qué? Porque no quieren que la gente vea que dependen del Gobierno central. Cálculo político. Nada más.

A todo esto, se suma lo de siempre: las mentiras. Gabriel Rufián lo dijo con claridad: el PP mintió con Irak, con la crisis financiera, con las preferentes, con el rescate a la banca, con el Prestige, con el Yak-42, con el Metro de Valencia, con el Alvia de Galicia, con las 7.291 personas que murieron en residencias de Madrid, con la DANA… y miente ahora con los incendios. Es su marca de fábrica.

El problema no es un error puntual de Mañueco o Rueda. Es un modelo de gestión. El PP gobierna con propaganda en lugar de acción, con cálculo electoral en lugar de responsabilidad, con privatización en lugar de servicio público y con mentira en lugar de transparencia. Y cuando ese modelo se pone a prueba en una emergencia, lo que aparece es incapacidad, improvisación y deshumanización.

En democracia, las responsabilidades no solo se dirimen en los tribunales. También deben asumirse políticamente. Y cuando se gestiona tan mal una crisis, cuando se engaña a la gente, cuando se deja arder el territorio mientras se está de vacaciones o se ocultan datos, la única salida digna es la dimisión.

Mañueco y Rueda no están preparados para proteger a sus comunidades. Han fallado a quienes juraron servir. Han mentido, han improvisado, han despreciado a sus propios efectivos y han preferido convertir la tragedia en propaganda política. No se trata de un fallo aislado: es una forma de gobernar.

Por eso deben dimitir. Ahora la prioridad es acabar con el fuego. Pero después debe irse. Porque la política no puede permitirse dirigentes que juegan con la seguridad de la gente. Porque la ciudadanía no merece gobernantes que convierten el fuego en propaganda y el dolor en oportunidad electoral. En política, cuando uno no está a la altura, lo correcto es marcharse. Y cuando además se engaña y se pone en riesgo a la población, lo justo es no volver jamás.

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