Legalizar el fraude. Eso es lo que ha aprobado el Consejo de Transportes de la Unión Europea por la mínima, por solo 57 centésimas, después de que durante semanas el lobby de las compañías aéreas haya estado desarrollando todos los esfuerzos posibles para convencer a nada menos que 21 estados miembros.
Solo se han opuesto España, Alemania, Portugal y Eslovenia, más la abstención de Estonia y Austria. Ahora tenemos sobre la mesa una propuesta para modificar los reglamentos europeos en materia de transporte aéreo que recortarían derechos a los pasajeros, y convertirían en legales prácticas que hoy son claramente ilegales.
Ahora las propuestas llegarán al Parlamento Europeo, se formularán enmiendas, y en unos meses nuestros europarlamentarios tendrán que retratarse. Tendrán que aclarar si están al servicio de la ciudadanía o de los intereses de las grandes empresas del sector aéreo. Si están dispuestos a ayudarlas a aumentar sus multimillonarios beneficios todavía más a costa de abusos legalizados hacia los consumidores.
El lobby aéreo estaba viendo cómo empezaba a perder la partida en esa lucha que tenemos emprendida contra ellos ante sus fraudes masivos hacia los consumidores. Fraudes que han sido respondidos recientemente por el Gobierno de España a través del Ministerio de Consumo y otras cosas de Pablo Bustinduy. Una multa de 179 millones de euros como consecuencia de prácticas que llevamos años denunciando desde FACUA. El recargo ilegal por viajar con equipaje de mano, y de otras irregularidades que el ministerio ha decidido que son infracciones a la normativa de consumo, como por ejemplo, el cobro de un extra por viajar con una persona dependiente o un niño pequeño.
Lo que se va a poner sobre la mesa de nuestros europarlamentarios son cinco movimientos estratégicos del lobby de las aerolíneas. Primero, legalizar el recargo por viajar con equipaje de mano después de la multa histórica del Ministerio de Consumo y de que en España tengamos ya más de 60 sentencias contrarias a los intereses de las aerolíneas donde se les obliga a devolver el dinero a los consumidores. Tenemos incluso una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de hace unos años que no era precisamente favorable a los intereses del sector.
El segundo, aumentar el número de horas con las que tenemos que llegar a destino para que tengamos derecho a que nos paguen una compensación y reducir el importe de dichas compensaciones. Hoy son tres horas, mañana podrían ser cuatro o seis en función del número de kilómetros del vuelo. Y además, se verían recortadas las cantidades que tendrían que pagarnos las aerolíneas para compensarnos por el problema causado.
El tercero, que sea legal cobrarnos por rectificar un error en los datos personales que hemos introducido al comprar el billete, algo de cuya ilegalidad ya había advertido la Agencia Española de Protección de Datos porque contraviene uno de los derechos básicos que tenemos los consumidores en materia de protección de datos personales, que es el derecho de rectificación.
El cuarto fraude que pretenden legalizar, el cobro de un cargo extra por sentarnos al lado de una persona dependiente de la que tenemos que estar atentos durante todo el trayecto.
Y por último, una de las mayores aberraciones en las que incurre el sector. La conocida como cláusula “no show”. Si no te puedes presentar al vuelo de ida por cualquier motivo, el vuelo de vuelta te lo cancelan, te deniegan el embarque. Eso pretenden que también esté recogido en la normativa europea como un derecho de las aerolíneas.
En resumen, las compañías han visto cómo había multitud de denuncias de los consumidores, empezaban a lloverle las sanciones y las sentencias judiciales en su contra, y en lugar de asumir que tienen que cumplir la legislación, lo que plantean es convencer a los políticos de que diseñen esa legislación a la medida de sus intereses. Del interés de ganar millones y millones extra cada año como consecuencia de sus abusos.
