¿En qué estaría pensando Mariano Rajoy al lanzar este mensaje? ¿Será una de las medidas de recorte con la que pretenden sorprender a la ciudadanía cada viernes en Consejo de Ministros? De momento, anuncia que el sistema autonómico debe ser repensado pero no desandado.
Puestos a desandar , el presidente del Gobierno podría desmontar unas instituciones tan decimonónicas como son las Diputaciones provinciales y los Cabildos Insulares, cuya función ha quedado reducida a organizar hechos culturales puesto que el grueso de sus competencias ha sido trasferido a los gobiernos autonómicos. Para darnos una idea del coste que supone la existencia de esta doble administración solo hay que enumerar los cargos que viven gracias a este “aparato” del Estado. En los últimos comicios de hace un años fueron elegidos 1040 diputados, 157 consejeros de cabildos, en total se calcula que más de ochenta mil personas trabajan para Diputaciones y Cabildos. Se comprende así que la mitad de los presupuestos vaya destinada a gastos de personal.
Los españoles pagamos, con nuestros impuestos, esta estructura intermedia de la Administración con muchas funciones solapadas. Esas, que a juicio de Rajoy, hay que suprimir. Pues ya tiene por dónde empezar. Su desaparición supondría un ahorro de más de 22.000 millones de euros. Más de la mitad del recorte impuesto por Bruselas y Ángela Merkel a los últimos presupuestos. Este ahorro supondría no tener que recortar en Educación ni en Sanidad, no habría sido preciso el medicamentazo ni el apelotonamiento de los niños en las aulas de la enseñanza pública. Ni los recortes anunciados, de aquí hasta el verano, que van a dejar para la historia el estado del bienestar, puede que de forma irrecuperable.
Las Diputaciones son una herencia de la Constitución de Cádiz, de 1812. En doscientos años han cumplido largamente su papel que ahora ha perdido sentido por la nueva configuración del Estado. El problema, el verdadero problema, es que son el regalo para todos los cargos de los partidos que no han alcanzado puestos de mayor relevancia. Es un destino cómodo y bien remunerado donde se coloca a quienes hay que agradecer servicios. El cargo de presidente y vicepresidente lleva aparejado despacho, secretaria y coche oficial: una ganga.
Antes de “corregir” el estado autonómico, Mariano Rajoy debería tener el coraje de suprimir esta doble administración aunque deje en la calle a sus colegas de partido tan cómodamente colocados. Pero de esto, como de otros gastos, ni se habla.
Victoria Lafora es periodista y analista política
Puestos a desandar , el presidente del Gobierno podría desmontar unas instituciones tan decimonónicas como son las Diputaciones provinciales y los Cabildos Insulares, cuya función ha quedado reducida a organizar hechos culturales puesto que el grueso de sus competencias ha sido trasferido a los gobiernos autonómicos. Para darnos una idea del coste que supone la existencia de esta doble administración solo hay que enumerar los cargos que viven gracias a este “aparato” del Estado. En los últimos comicios de hace un años fueron elegidos 1040 diputados, 157 consejeros de cabildos, en total se calcula que más de ochenta mil personas trabajan para Diputaciones y Cabildos. Se comprende así que la mitad de los presupuestos vaya destinada a gastos de personal.
Los españoles pagamos, con nuestros impuestos, esta estructura intermedia de la Administración con muchas funciones solapadas. Esas, que a juicio de Rajoy, hay que suprimir. Pues ya tiene por dónde empezar. Su desaparición supondría un ahorro de más de 22.000 millones de euros. Más de la mitad del recorte impuesto por Bruselas y Ángela Merkel a los últimos presupuestos. Este ahorro supondría no tener que recortar en Educación ni en Sanidad, no habría sido preciso el medicamentazo ni el apelotonamiento de los niños en las aulas de la enseñanza pública. Ni los recortes anunciados, de aquí hasta el verano, que van a dejar para la historia el estado del bienestar, puede que de forma irrecuperable.
Las Diputaciones son una herencia de la Constitución de Cádiz, de 1812. En doscientos años han cumplido largamente su papel que ahora ha perdido sentido por la nueva configuración del Estado. El problema, el verdadero problema, es que son el regalo para todos los cargos de los partidos que no han alcanzado puestos de mayor relevancia. Es un destino cómodo y bien remunerado donde se coloca a quienes hay que agradecer servicios. El cargo de presidente y vicepresidente lleva aparejado despacho, secretaria y coche oficial: una ganga.
Antes de “corregir” el estado autonómico, Mariano Rajoy debería tener el coraje de suprimir esta doble administración aunque deje en la calle a sus colegas de partido tan cómodamente colocados. Pero de esto, como de otros gastos, ni se habla.
Victoria Lafora es periodista y analista política