De los tres poderes del Estado: legislativo, ejecutivo y judicial, los dos primeros están sometidos a la exigencia de transparencia y han de hacer públicos patrimonio e ingresos durante todo su mandato. No ocurre así en el caso del poder judicial, por lo que se necesita aumentar su transparencia. Y eso implica dar a conocer quienes son los que abonan honorarios a jueces en ejercicio por el concepto que sea.
El tema está de actualidad, porque como ha dicho el maestro Iñaki Gabilondo “la justicia española no es ciega, es tuerta; ve muy bien con un ojo: el derecho” y esto se ve casi a diario en las resoluciones, autos y sentencias que emanan de los juzgados. En la balanza con la que también se representa a la justicia, el plato derecho pesa más por los intereses ideológicos y empresariales de los poderes fácticos.
Partiendo de que la independencia del poder judicial la tiene cada uno de los jueces cuando actúa, habremos de concluir que las decisiones que tomen no pueden estar mediatizadas por personas, empresas o fundaciones con intereses ajenos al general.
La magistratura y la judicatura defienden su menor transparencia porque tienen prohibido por ley ejercer casi cualquier otra actividad económica remunerada (salvo la docencia o investigación con límites estrictos), y porque exponer la situación financiera exacta de un juez podría vulnerar su seguridad o la de su familia frente a partes procesales (crimen organizado, grandes patrimonios, etcétera).
En España, sólo el presidente y los vocales del Consejo General del Poder Judicial (así como el secretario general) deben presentar su declaración de bienes y derechos en el portal de transparencia conforme a la normativa de altos cargos.
La regulación de la transparencia patrimonial de la judicatura varía notablemente entre países, oscilando entre modelos de máxima publicidad digital (como en Estados Unidos) y esquemas más restringidos de control interno e institucional (como ocurre en España, Francia o Italia).
Hay, por lo tanto, un amplio márgen de mejora. La participación de jueces en jornadas y seminarios es una de las grietas por las que se cuelan regalos, pagos, viajes y otras dádivas que no están reguladas en ninguna norma todavía. El digital OKdiario ha celebrado la semana pasada la tercera edición de sus jornadas jurídicas en Marbella a gastos pagados para los intervinientes en las mesas redondas: magistrados del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional y de tribunales superiores de justicia.
Ningún colectivo profesional está vacunado contra las “malas prácticas” o las infracciones de sus códigos deontológicos, y los jueces no son una excepción. Lo que ocurre es que el corporativismo judicial es mayor que el de otros sectores y está dominado por la APM (Asociación Profesional de la Magistratura), de marcado carácter conservador.
Dicen los jueces que ellos son funcionarios de carrera que acceden por oposición o concurso de méritos, que su función no es gestionar fondos públicos, sino aplicar la ley a casos concretos. Pero hay que recordarles que en la mayoría de sus decisiones está en juego el dinero de todos, sea público o privado, como en los contenciosos administrativos, en los juicios laborales y mercantiles. En definitiva, en sus decisiones está en juego la vida de los demás, la vida de todos, y eso exige saber en manos de quién estamos.
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