Hospitales desbordados, sanitarios al límite y 7,4 millones para sacerdotes en la sanidad pública: las prioridades de Moreno Bonilla

Hay una imagen que resume bastante bien el estado de la sanidad pública andaluza este verano. Mientras los hospitales afrontan una presión asistencial cada vez mayor, los profesionales denuncian falta de personal, camas y espacios y los pacientes sufren esperas y dificultades para ser atendidos, el Gobierno de Moreno Bonilla sí ha encontrado 7,4 millones de euros para financiar sacerdotes que prestarán asistencia religiosa en los hospitales públicos. Quizá no haya una mejor manera de entender cuáles son las prioridades del presidente de la Junta de Andalucía.

La última alarma llega desde Málaga y tiene una cifra que debería hacer reaccionar a cualquier responsable sanitario: más de 650 urgencias diarias en el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria durante semanas de especial presión, como la de la Feria. El Sindicato Médico de Málaga denuncia que la situación de las Urgencias y de la UCI se encuentra en niveles “difícilmente sostenibles”, con falta de profesionales, camas y espacios adecuados. También alerta de la fuga de médicos y de las dificultades para retener a profesionales formados en el propio hospital.

No estamos hablando de una estadística fría. Detrás de esos 650 pacientes diarios hay personas que llegan a un hospital porque necesitan atención. Hay familiares que esperan. Hay sanitarios que tienen que atender una presión asistencial extraordinaria. Y hay profesionales que llevan tiempo reclamando más medios para poder hacer su trabajo en condiciones.

La dirección del Clínico defiende que adapta su actividad a la demanda y señala que sus tres puntos de urgencias atienden conjuntamente más de mil casos diarios. Precisamente por eso, el debate resulta todavía más evidente: si la demanda es tan elevada, ¿no debería la respuesta ser reforzar de manera estructural las plantillas, las camas y los recursos?

Porque el problema no se limita a Málaga. El jueves se conoció otra denuncia sobre el Hospital Punta Europa de Algeciras: hasta 40 pacientes permanecieron en Urgencias pendientes de ingreso por falta de camas, mientras los facultativos llegaron a atender entre 60 y 70 pacientes en turnos de 24 horas. CSIF habla directamente de colapso y reclama más plantilla estructural, mejores instalaciones y una planificación capaz de evitar que estas situaciones se repitan.

Es decir, en apenas unos días aparecen dos imágenes difíciles de ignorar: 650 urgencias diarias en el Clínico de Málaga y 40 pacientes esperando cama en Algeciras. Y mientras tanto, ¿cuál es la respuesta política de la Junta?

Aquí aparece la otra cifra que explica perfectamente la paradoja: 7,4 millones de euros para financiar 117 capellanes en hospitales públicos durante esta legislatura. El acuerdo suscrito por el Gobierno andaluz con los obispos contempla esa cantidad para el periodo 2026-2030.

Que nadie confunda las cosas. Nadie está diciendo que un paciente no pueda recibir asistencia religiosa si la solicita. Nadie discute la libertad de cada persona para practicar su religión o pedir acompañamiento espiritual. La cuestión es otra y mucho más sencilla: cuando los recursos son limitados y los profesionales denuncian que faltan manos, camas y espacios, ¿por qué la Junta considera prioritario comprometer 7,4 millones de euros de dinero público para financiar sacerdotes?

Esa es la pregunta que Moreno Bonilla debería responder.

Porque resulta difícil explicar a una familia que tiene que esperar horas en Urgencias que la Administración no dispone de recursos suficientes para reforzar la atención, y al mismo tiempo conocer que sí ha encontrado dinero para mantener durante cuatro años este convenio con la Iglesia.

La contradicción se hace todavía mayor cuando miramos la Atención Primaria. Durante el verano se han denunciado cierres de centros de salud por las tardes y dificultades para cubrir las vacaciones de los profesionales. El resultado es bastante previsible: si un ciudadano no consigue una cita rápida en su centro de salud, termina recurriendo a Urgencias. Y si las Urgencias ya están sometidas a una presión extraordinaria, el sistema entra en un círculo perverso.

Menos capacidad en Atención Primaria. Más presión sobre los hospitales. Más saturación. Más desgaste de los profesionales. Y el paciente, en medio.

Las listas de espera siguen siendo, por supuesto, otro de los grandes problemas. El deterioro se ve también cuando una persona intenta conseguir una cita, cuando llega a Urgencias, cuando espera una cama o cuando un médico decide marcharse porque considera que las condiciones de trabajo son insoportables.

Moreno Bonilla se comprometió a reducir las listas de espera. Mintió. Según el último dato oficial del Ministerio de Sanidad, Andalucía tiene 200.000 pacientes esperando una intervención quirúrgica, uno de cada cuatro de los que aguardan quirófano en España, y una demora media de 173 días, frente a los 121 de media nacional. Es la cifra de espera quirúrgica más alta del país.

La propia percepción de los ciudadanos ofrece además una fotografía preocupante. Andalucía se encuentra entre las comunidades donde peor se valora la sanidad pública. No es una impresión de la oposición ni una frase de un sindicato. Es el resultado de años de problemas que terminan teniendo una consecuencia muy concreta: la confianza de los ciudadanos en el sistema se deteriora.

También conocemos otras realidades: urgencias sometidas a una presión extraordinaria, profesionales denunciando falta de medios, pacientes pendientes de ingreso por falta de camas y centros de salud que reducen su actividad.

No se trata de enfrentar a médicos contra sacerdotes. Se trata de algo mucho más elemental: decidir qué necesita primero una sanidad pública que está sometida a una presión enorme.

Cuando un hospital supera las 650 urgencias diarias y sus profesionales dicen que están al límite, la prioridad debería ser que haya suficientes sanitarios, camas y recursos.

Cuando un paciente espera para ser atendido, la prioridad debería ser reducir esa espera.

Cuando un médico amenaza con marcharse porque no puede trabajar en condiciones, la prioridad debería ser conseguir que se quede.

Y cuando todo eso ocurre, resulta inevitable preguntarse por qué la Junta tiene tan clara la necesidad de financiar sacerdotes y parece tener tantas dificultades para solucionar los problemas que denuncian quienes están cada día al pie de la cama.

Señor Moreno Bonilla, sanidad pública no necesita más propaganda. Necesita soluciones. Por ahora, las cifras dejan una fotografía difícil de ocultar: hospitales desbordados, sanitarios al límite y 7,4 millones para sacerdotes en la sanidad pública. Esa es la sanidad de Moreno Bonilla.