Más de 172.000 hectáreas arrasadas por el fuego en lo que va de año, seis veces más que en el mismo periodo del ejercicio anterior, y más de 110.000 personas evacuadas o confinadas en sus casas mirando al cielo con pavor. España arde bajo una emergencia climática incuestionable, pero la respuesta de la derecha y la extrema derecha sigue siendo el negacionismo, la desidia y una absoluta falta de responsabilidad institucional.
Nos repiten hasta la saciedad que no hay que politizar los incendios, un mantra tramposo diseñado para esquivar responsabilidades cuando el fuego arrasa. La verdadera vergüenza debería recaer sobre los dirigentes del Partido Popular. Claro que hay que politizar el fuego: las decisiones políticas determinan la prevención, la extinción y la protección de nuestros montes, y la gestión de los recursos públicos puede costar vidas humanas. Los pactos de gobierno entre el PP y Vox nos están saliendo trágicamente caros a todos los españoles.
Mientras el Gobierno de España se vuelca en consolidar un Pacto de Estado contra la Emergencia Climática, una iniciativa transversal e imprescindible impulsada desde el Ejecutivo para coordinar recursos, anticiparse a las grandes olas de calor y dotar de infraestructura verde al país, el Partido Popular ha decidido dar un portazo irresponsable a la propuesta. Dar la espalda a un acuerdo de esta envergadura no es solo una pataleta de oposición; es dejar desprotegidos a los ciudadanos en nombre de un dogmatismo ideológico entregado a la extrema derecha negacionista.
El caso de la Comunidad de Madrid y de Isabel Díaz Ayuso es el ejemplo más flagrante de esta indignante forma de gobernar. La presidenta madrileña presumió públicamente de contar con el mejor operativo antiincendios de Europa apenas 48 horas antes de declarar la incapacidad de su Ejecutivo y exigir al Gobierno de España la declaración de emergencia nacional. Una jugada cínica: renuncia a la competencia desde el primer minuto para endosarle el problema al Ejecutivo central, al que insulta a diario, con la esperanza de que la situación colapse para luego poder criticarlo sobre las ruinas. En realidad, la protección de los montes madrileños nunca le ha importado lo más mínimo.
Los incendios han dejado al descubierto años de sistemáticos recortes en los servicios de emergencias de Madrid. Ya en el mes de abril, los colectivos de bomberos advirtieron que las tareas de prevención y desbroce se habían reducido drásticamente a la mitad por falta de presupuesto y personal. A esto se suma el grave conflicto con los bomberos forestales, sometidos a una precariedad insostenible y amenazados por el propio Gobierno regional con sanciones laborales por el simple hecho de movilizarse y exigir condiciones dignas.
Las prioridades del modelo de gestión del Partido Popular quedan al descubierto cuando se analizan los presupuestos. Isabel Díaz Ayuso llegó a insinuar en su día que Cataluña padecía sequía porque se habían cerrado las plazas de toros, pero la triste realidad es que Madrid arde por inyectar millones en la tauromaquia mientras ahoga a sus trabajadores esenciales. Es una cuestión puramente ideológica cuando se destinan 7,2 millones de euros públicos a subvencionar el sector taurino mientras un bombero forestal se juega la vida en primera línea de fuego cobrando 10 euros la hora.
Este patrón de dejación y soberbia no es exclusivo de Madrid, sino que se extiende por el resto de las autonomías donde gobierna la derecha. En Castilla y León, una de las regiones más golpeadas por el fuego, la paradoja electoral resulta sangrante. Allí donde el año pasado el fuego arrasó comarcas enteras mientras su presidente, Alfonso Fernández Mañueco, tardaba días en reaccionar por estar disfrutando de sus vacaciones, el espacio político de PP y Vox no deja de crecer, como vimos en las últimas elecciones autonómicas de esta comunidad.
Hay algo que no va bien en nuestro ecosistema democrático cuando se premia a quien se tiende a la bartola. El Gobierno central trabaja a destajo desde el minuto uno, moviliza a la Unidad Militar de Emergencias (UME) y asume un desgaste que no le corresponde, mientras los gobiernos autonómicos de la derecha recortan personal, abandonan la prevención y se limitan a apuntar con el dedo a Moncloa a sabiendas de que las competencias directas de gestión forestal son suyas.
El patrón se repite de punta a punta de la península. Andalucía afronta uno de sus meses de julio más trágicos, con miles de hectáreas calcinadas y pérdidas humanas irreparables. Sin embargo, Juanma Moreno Bonilla se niega rotundamente a abrir comisiones de investigación en el Parlamento andaluz para depurar responsabilidades políticas. ¿Qué pretenden ocultar?
Según han publicado varios medios, como El Correo de Andalucía o Público, las informaciones de la Guardia Civil sobre el papel de la Junta en el incendio de Los Gallardos (Almería) son demoledoras, ya que revelan que el plan de evacuación se activó tres horas después de los primeros desalojos vecinales. ¿Alguna explicación al respecto?
Para tapar sus vergüenzas, la maquinaria mediática de la derecha ha vuelto a activar su fábrica de bulos. Pretenden hacer creer a la opinión pública que Europa o el Gobierno central prohíben limpiar los montes o desbrozar la vegetación forestal. Es una mentira categórica. Ninguna normativa comunitaria ni estatal impide el saneamiento de las masas forestales; al contrario, la legislación obliga a las comunidades autónomas a elaborar e implantar planes anuales de prevención, vigilancia y extinción con actuaciones constantes durante los doce meses del año, y no solo mediante “parcheos” cuando las llamas ya rozan las viviendas.
Tanto Ayuso como el resto de los barones territoriales de la derecha han salido en bloque a repetir esa consigna tan demagógica de que “no importa de quién sean las competencias” cuando la tragedia acecha. Claro que importa. Importa porque el modelo autonómico no es un menú a la carta donde un gobierno regional puede exigir la gestión exclusiva para bajar impuestos a los mayores patrimonios y, en cuanto las llamas desbordan su falta de previsión, quitarse de en medio y exigir que el Estado central le resuelva el problema. La responsabilidad institucional no es un uniforme de quita y pon que se utiliza según convenga a la estrategia electoral del día.
Ceder las competencias por la puerta de atrás al Gobierno de la nación, ese mismo al que insultan a diario desde los atriles, para endosarle el desgaste político de la tragedia mientras recortan los retenes de bomberos forestales y abandonan la prevención en nuestros montes, no es lealtad institucional ni gestión de crisis: es una cobardía política que erosiona los cimientos del Estado social y democrático de derecho.
La estrategia de la derecha española es siempre la misma: rebajar impuestos a las rentas más altas, desmantelar y recortar los servicios públicos de prevención, regar con dinero público sus chiringuitos ideológicos y, cuando la catástrofe estalla y las llamas amenazan con devorarlo todo, pedir ayuda desesperada al Gobierno de la nación exigiendo el despliegue inmediato de la UME. Destrozan lo común, privatizan los beneficios y socializan las pérdidas. España no puede permitirse seguir pagando con su patrimonio natural y con vidas humanas la incompetencia de quienes gobiernan contra lo público.
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