Opinión

Feijóo, retratado: interrupciones constantes, bulos en serie y la falacia del millón de viviendas

Las contradicciones de Feijóo quedan al desnudo cuando se revisa lo que sus diputados votan en el Congreso

Feijóo, en Génova tras el debate con Sánchez. EP
Feijóo, en Génova tras el debate con Sánchez. EP

El cara a cara de este jueves dejó al descubierto a un Alberto Núñez Feijóo faltón, moviéndose en el barro como en su casa, con una actitud chulesca y poco educada que lo llevó a interrumpir en más de 40 ocasiones a Pedro Sánchez para impedirle hablar y explicar sus propuestas. Feijóo acudió al plató a reventar el debate, mientras Sánchez compareció con actitud de presidenciable. El presidente fue a buscar el voto moderado y el líder del PP fue a competir con Santiago Abascal por ver quién era más radical.

Feijóo salió muy satisfecho porque no se ha enterado de que un debate electoral no es un combate de boxeo: no gana quien más golpes da por debajo del cinturón, sino quien transmite la solvencia necesaria para que los ciudadanos decidan a quién le confiarían las llaves de su negocio, el futuro de sus hijos o el cuidado de sus mayores. Y, tras apagar las cámaras, la pregunta de fondo sigue resonando con más fuerza que nunca: si ya te mienten y se contradicen sin rubor cuando te están pidiendo el voto, ¿cuánto más nos mentirán si llegan a la Moncloa?

El descaro más insultante de la noche volvió a girar en torno al famoso millón de viviendas. El líder del PP prometió solemnemente en sus mítines y en el punto 144 de su programa electoral que construiría un millón de viviendas; días después, acorralado en una entrevista con el medio internacional Politico, aseguró sin pestañear que él nunca había dicho tal cosa, sino que España las necesitaba; y en el debate volvió a asegurar que las levantaría. ¿Nos toma el pelo o qué? Ese vaivén dialéctico retrata a la perfección una campaña sustentada en la pura impostura y en el desprecio absoluto por la palabra dada.

En materia de pensiones, el guion fue idéntico: evasivas y falta de transparencia para no confesar sus verdaderas intenciones. Feijóo rehuía comprometerse con Sánchez a impulsar conjuntamente un pacto de Estado —e incluso un blindaje constitucional— que garantice por ley la revalorización de las pensiones conforme al IPC. Conviene no perder la memoria: fue el Partido Popular de Mariano Rajoy el que las congeló en el 0,25 %, y fue su propia portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, quien hace apenas unas semanas advirtió de que el sistema público "va a colapsar".

Tampoco dijo la verdad al reprocharle al presidente del Gobierno que los salarios y las rentas no suben. Los datos desmontan su catastrofismo: desde 2018 la pensión media anual ha crecido en más de 6.100 euros, un 44,5%; el Salario Mínimo Interprofesional se ha revalorizado cerca de un 70% y el sueldo de los empleados públicos ha aumentado un 23,9%. ¿De verdad no se ha enterado Feijóo? Peor aún fue su afirmación de que el salario medio neto había perdido casi cuatro puntos de poder adquisitivo. La realidad demuestra lo contrario: los salarios han ganado 2,5 puntos de poder de compra en este periodo.

La fábrica de bulos continuó a pleno rendimiento en el bloque económico y fiscal. Feijóo repitió sin despeinarse la falsedad de que el Gobierno ha subido más de cien veces los impuestos, una cifra manipulada extraída de un informe del Instituto Juan de Mariana —un laboratorio de ideas abiertamente neoliberal— que contabiliza como subidas fiscales el fin de las rebajas extraordinarias y temporales o las actualizaciones vinculadas al alza del salario mínimo.

La realidad es que nadie ha subido más los impuestos en este país que el Partido Popular. Cuando el PP gobierna, acaba cargando el esfuerzo fiscal sobre las clases medias y trabajadoras; es lo que ocurre en las comunidades autónomas donde gobiernan, mientras regalan rebajas fiscales a millonarios y a rentas altas. A eso se suma que Feijóo quiere acabar con los impuestos a los grandes patrimonios y a los millonarios, y liquidar los gravámenes extraordinarios a los bancos, justo lo contrario de lo que exige la justicia fiscal.

En materia de corrupción, el líder del PP cruzó todas las líneas rojas al insinuar que el PSOE está imputado por financiación irregular y organización criminal en dos causas judiciales. Es rotundamente falso. El PSOE no está imputado como persona jurídica en ninguna causa. De hecho, en octubre de 2026, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz rechazó expresamente imputar al partido por financiación irregular. Frente a estas acusaciones sin fundamento, los hechos judiciales hablan por sí solos: el Partido Popular es el único partido condenado en España por delitos de corrupción relacionados con su financiación ilegal, tal y como sentenció la Audiencia Nacional y confirmó el Tribunal Supremo.

Más allá del espectáculo televisivo, las contradicciones de Feijóo quedan al desnudo cuando se revisa lo que sus diputados votan en el Congreso y lo que sus barones ejecutan en las comunidades autónomas. En la Cámara Baja, el PP se ha opuesto sistemáticamente a los decretos que protegían a los hogares vulnerables y ponían límites a las subidas abusivas del alquiler, ha votado en contra de la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública, ha rechazado tanto la reforma del subsidio por desempleo de 2023 como su mejora en 2024, y ha bloqueado normas esenciales como la Ley de Movilidad Sostenible o la Ley de Paridad.

Feijóo defendió en el debate la necesidad de contratar más médicos, pero evitó explicar por qué en las comunidades autónomas gobernadas por el PP se está haciendo precisamente lo contrario: reducir las plantillas sanitarias y debilitar la sanidad pública. Frente a ese modelo de recortes, Sánchez reivindicó la apuesta del Gobierno por fortalecer los servicios públicos, con más inversión en sanidad y educación y mayores recursos para garantizar su calidad.

Tampoco quiso posicionarse con claridad sobre los derechos y libertades que planteó el presidente: el derecho al aborto, los derechos LGTBI, la igualdad, la atención a la dependencia y la ley de eutanasia, que reconoce el derecho a una muerte digna. 

Andalucía, el gran escaparate territorial de Moreno Bonilla, termina de desmontar el relato de una supuesta buena gestión popular. En 2018, el PP prometió reducir al menos un 25% los altos cargos de la Junta; en julio de 2026, su Ejecutivo de coalición volvió a ampliar la estructura política hasta alcanzar los 314 altos cargos frente a los 301 anteriores. Y mientras en los mítines se golpean el pecho en defensa del sector primario, su proyecto de presupuestos autonómicos para 2027 recorta un 18,7% la dotación de la Consejería de Agricultura, que pasa de 1.971 a 1.602 millones de euros.

La conclusión tras el cara a cara del jueves es meridiana. Quien acude a un debate para embarrar e interrumpir, quien cambia de versión sobre su propia promesa estrella de vivienda de un día para otro, quien lanza bulos judiciales y fiscales desmentidos por los jueces y los datos oficiales, y quien hace en sus comunidades justo lo contrario de lo que predica en campaña no merece la confianza de la mayoría. El próximo 29 de noviembre no se elige entre dos estilos dialécticos, sino entre la seriedad institucional y quienes han convertido el engaño en su única estrategia para alcanzar el poder.

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