Hay decisiones políticas que definen a un dirigente y lo acompañan durante toda su trayectoria. La de Alberto Núñez Feijóo votando en contra de la subida de las pensiones es una de ellas. No es una discrepancia técnica ni un debate parlamentario menor. Es un rechazo explícito a que 9,4 millones de pensionistas mantengan su poder adquisitivo y puedan vivir con dignidad en un contexto marcado por la inflación y el encarecimiento del coste de la vida.
La comparación resulta inevitable. Mientras Feijóo, que llegó a acumular hasta tres sueldos públicos de forma simultánea —como senador, líder del PP y presidente del grupo parlamentario popular en el Senado—, alcanzando ingresos cercanos a los 14.750 euros mensuales, vota en contra de una subida media de unos 50 euros al mes para millones de pensionistas. Personas que, en su inmensa mayoría, dependen casi exclusivamente de su pensión para cubrir gastos básicos como la vivienda, la alimentación o los suministros.
El Congreso de los Diputados votó este martes un decreto ómnibus que incluía la revalorización de las pensiones conforme al IPC, un mecanismo esencial para evitar que la inflación siga empobreciendo a quienes ya han trabajado toda su vida. El PP, junto a Vox y con el respaldo de otras fuerzas de derechas, decidió tumbarlo. Una vez más, la derecha parlamentaria votó en bloque contra una medida que beneficia de forma directa a la mayoría social.
La subida prevista estaba claramente definida. Con carácter general, las pensiones debían incrementarse un 2,7% en 2026. Las pensiones mínimas subirían un 7%, mientras que las no contributivas, las de viudedad con cargas familiares y las de cónyuge a cargo alcanzarían una revalorización del 11,4%. No se trataba de un gesto político, sino de una medida de justicia social.
Estas revalorizaciones afectaban al conjunto del sistema: pensiones de jubilación, viudedad, incapacidad permanente, orfandad y en favor de familiares, además de las clases pasivas. En total, 9,4 millones de personas que dependen de su pensión para vivir.
Según las estimaciones oficiales, la subida habría supuesto unos 570 euros más al año para una pensión media. Para quien ha llegado a percibir casi 15.000 euros mensuales puede parecer una cantidad irrelevante. Para millones de hogares, sin embargo, significa poder pagar la luz, comprar medicamentos o llegar a final de mes con algo menos de angustia.
Los datos oficiales son claros. En la última nómina publicada, 9,4 millones de pensionistas percibieron 10,45 millones de pensiones, con una pensión media de 1.363 euros mensuales. Esa es la realidad económica de millones de personas mayores en nuestro país. Y sobre esa realidad votó el Partido Popular.
Pero el decreto ómnibus rechazado no se limitaba a las pensiones. Incluía también medidas de alto impacto social que afectan a cientos de miles de personas en situación de vulnerabilidad. Una de ellas era la subida del Ingreso Mínimo Vital, una prestación clave para hogares sin recursos suficientes, muchos de ellos con menores a cargo, que encuentran en este ingreso la única red de seguridad frente a la exclusión social.
El Ingreso Mínimo Vital no es una ayuda marginal. Es una herramienta fundamental para combatir la pobreza severa y reducir la desigualdad. Su actualización permite que miles de familias puedan cubrir necesidades básicas como la alimentación, el material escolar o el alquiler. Votar en contra de su mejora es dar la espalda a quienes ya viven en los márgenes del sistema.
El decreto incluía también la prórroga del bono social eléctrico y la prohibición de cortar suministros básicos —luz, agua y gas— a personas vulnerables. Medidas imprescindibles en un contexto de precios energéticos elevados. Para muchas familias y personas mayores, estos mecanismos no son un complemento, sino la diferencia entre vivir con dignidad o hacerlo en condiciones de pobreza energética.
Además, se contemplaba la suspensión de desahucios para personas vulnerables, una protección básica en un país con una grave crisis de vivienda. También se incluían incentivos a la movilidad eléctrica, ayudas a personas desempleadas y medidas fiscales para quienes han sufrido las consecuencias de la DANA y de los incendios.
El voto negativo del Partido Popular implica rechazar en bloque todas estas medidas. No una parte concreta ni un aspecto puntual, sino el conjunto del paquete de protección social. El argumento del “decreto ómnibus” vuelve a utilizarse como coartada para bloquear políticas que mejoran de forma tangible la vida de la mayoría.
La votación en el Congreso se cerró con 171 votos a favor y 178 en contra. El decreto decayó. Y con él, la revalorización de las pensiones y el resto de medidas sociales quedaron en el aire. Esto supone que los pensionistas podrían volver a cobrar lo mismo que el año anterior, perdiendo poder adquisitivo. De nuevo las derechas han elegido bloqueo. De nuevo han optado por perjudicar a la mayoría de la ciudadanía.
Conviene recordar, además, un dato fundamental: Pedro Sánchez es el presidente que más ha subido las pensiones en la historia reciente de España. Cuando llegó al Gobierno en 2018, la pensión media rondaba los 1.090 euros mensuales. Hoy se sitúa en 1.363 euros, lo que supone un incremento superior al 25% en pocos años.
Este aumento no es fruto de la casualidad, sino de una decisión política clara: vincular las pensiones al IPC y proteger el poder adquisitivo de los mayores. Justo lo contrario de lo que defendió y aplicó el Partido Popular, que durante su etapa en el Gobierno apostó por subidas simbólicas que condenaban a los pensionistas a perder dinero año tras año. ¿O ya no nos acordamos?
El contraste es evidente. Mientras el actual Gobierno ha reforzado el sistema público de pensiones, el PP ha votado sistemáticamente en contra de su revalorización en 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025. Y ahora vuelve a hacerlo. No es un error, es una posición política coherente con su historial.
PP y Vox han vuelto a votar juntos, una alianza recurrente cuando se trata de frenar avances sociales. En esta ocasión también se han sumado otros votos de derechas, como Junts. El patrón se repite: cuando hay que elegir entre proteger a la mayoría social o bloquear, la derecha opta por el bloqueo.
La pregunta es inevitable: ¿cómo explicará Feijóo esta decisión a los pensionistas que votan al Partido Popular? ¿Qué mensaje traslada a quienes confiaron en él esperando una defensa de sus intereses básicos? ¿Se van a manifestar los pensionistas del PP contra Feijóo ante la puerta de Génova?
La política tiene consecuencias. Y cuando se vota en contra de medidas que afectan directamente al bienestar de millones de personas, esas consecuencias no pueden diluirse en el ruido partidista.
La dignidad de los 9,4 millones de pensionistas está en juego. También la memoria colectiva. Porque los hechos quedan registrados: hay quien trabaja por proteger las pensiones y quien vota para bloquear su revalorización. Conviene no olvidarlo.