A Feijóo le tiembla el pulso. Lo que debía ser una demostración de autoridad se ha convertido en una señal de inseguridad. El líder del PP ha decidido ponerse al frente de las negociaciones con Vox en Extremadura y Aragón. No es un gesto de fortaleza. Es el movimiento de alguien que ya no se fía ni de los suyos.

El mensaje es evidente. Feijóo ha desautorizado a quienes ganaron las elecciones en sus territorios para intentar cerrar personalmente un acuerdo con Vox. Aquella promesa de dar autonomía a los presidentes autonómicos ha quedado atrás. Ya se le olvidó. Ahora todo se decide desde Génova. Y cuando un líder necesita asumir el control porque teme que otros no lo hagan como él quiere, algo se ha roto.

El adelanto electoral se planteó como una jugada estratégica. Feijóo estaba convencido de que el momento era propicio. Quería consolidar liderazgo y reforzar su posición de cara a las generales. Pero la política no siempre responde a los cálculos. Hoy el PP depende más que nunca de Vox para gobernar en varias comunidades.

En Extremadura, María Guardiola ganó las elecciones. En Aragón, Jorge Azcón también. Ambos parecían tener el encargo claro: negociar y formar gobierno. Sin embargo, la dirección nacional ha decidido tutelar directamente esas conversaciones. Feijóo no solo supervisa. Dirige. Y lo hace aceptando, en gran medida, las condiciones que Vox pone sobre la mesa.

Vox ha dicho que no exige entrar en los gobiernos autonómicos. Que no le interesa ocupar consejerías. Es difícil tomar en serio esa afirmación. Puede que no lo hagan de inmediato, pero nadie duda de que exigirán influencia real. Presupuestos, orientación política, decisiones estratégicas. Nada será gratis. La situación deja una imagen clara: quien marca el ritmo y manda es Vox. Y al PP no le queda otra que adaptarse.

Feijóo llegó a la presidencia del partido prometiendo orden y cohesión interna. Cuando aterrizó en la sede nacional habló de confianza en los territorios. Cada comunidad, decía, sabría gestionar su realidad. Hoy ese discurso ha cambiado. Guardiola y Azcón han quedado en segundo plano. Han ganado en las urnas, pero no deciden el marco de la negociación.

Eso debilita a los propios presidentes autonómicos. Un líder territorial que arranca su mandato desautorizado nace condicionado. Y un partido que transmite desconfianza interna proyecta fragilidad hacia fuera.

El riesgo de repetir elecciones en Extremadura y Aragón no ha desaparecido. Si Vox decide tensar la cuerda, la amenaza es real. Y aunque finalmente haya acuerdo, el coste político ya está ahí.

El problema no es solo la dependencia numérica. Es la dependencia política. Vox no necesita superar al PP para ganar influencia. Le basta con ser imprescindible. Cuanto más difícil le resulte al Partido Popular cerrar acuerdos sin ceder, más visible será el peso de la ultraderecha. Cada negociación se convierte en una prueba de fuerza. Cada rectificación pública refuerza la idea de que Vox tiene la llave.

El PP intenta mantener un equilibrio complicado. No quiere perder el voto moderado. Tampoco puede prescindir de los escaños de Vox. Esa tensión genera mensajes contradictorios. Un día se marcan líneas rojas. Al siguiente se negocian excepciones. Los ciudadanos perciben esa ambivalencia. Pueden aceptar pactos si son claros. Lo que desgasta es la sensación de improvisación.

Además, desde un punto de vista estratégico, a Vox le interesa prolongar la tensión. Puede apoyar investiduras y después convertir cada ley en una negociación dura. Puede permitir gobiernos débiles y aprovechar cualquier crisis para marcar perfil propio. Cuanto más condicionado esté el PP, más margen tendrá Vox para crecer de cara a unas futuras elecciones generales.

Feijóo se enmienda a sí mismo. Donde antes había autonomía territorial, ahora hay control centralizado. Donde antes había confianza, ahora hay tutela directa. Es un movimiento defensivo. No parece el gesto de quien domina la situación, sino de quien teme perderla.

El adelanto electoral buscaba acelerar su camino hacia La Moncloa. Sin embargo, el resultado es un partido más condicionado y con menos margen de maniobra. La estrategia pensada para reforzar liderazgo ha terminado mostrando dependencia.

La cuestión de fondo es política y también simbólica. Si el PP asume buena parte del programa de Vox en las comunidades, tendrá que explicar cómo mantiene un discurso moderado a nivel nacional. Si acepta determinadas exigencias en materia social, territorial o ambiental, será difícil convencer al votante centrista de que representa una alternativa equilibrada. El desgaste no es inmediato, pero es constante.

También está en juego la autoridad interna. Cuando un líder aparta a sus propios presidentes autonómicos para dirigir personalmente las negociaciones clave, envía un mensaje potente hacia dentro del partido. Puede cerrar filas a corto plazo, pero deja abiertas preguntas a medio plazo. ¿Quién decide realmente en el PP? ¿Los dirigentes que ganan elecciones en sus territorios o la dirección nacional que teme perder el control?

El escenario actual es claro. Feijóo quiso demostrar que tenía el pulso del país. Pero el pulso político no se mide solo en encuestas o en expectativas favorables. Se mide en capacidad para construir mayorías estables sin quedar atrapado en dependencias incómodas. Hoy, en Extremadura y Aragón, esa estabilidad depende de Vox. Y esa es la paradoja.

El adelanto electoral pretendía fortalecer al Partido Popular. La realidad es que ha reforzado la posición negociadora de Vox. Y en política, cuando quien debía liderar termina adaptándose a las condiciones del socio, la imagen de fortaleza se resiente. La pregunta ya no es si habrá acuerdo. La pregunta es a qué precio y con qué consecuencias a medio plazo.

Porque cuando un líder siente la necesidad de asumir personalmente cada negociación clave, no siempre es señal de seguridad. A veces es la evidencia de que el control ya no es tan firme como parecía. Y en política, cuando el margen se estrecha, se nota.

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