Cuando hablamos de financiación autonómica no hablamos de números abstractos ni de disputas técnicas entre administraciones. Hablamos de derechos: de si hay médicos suficientes en los centros de salud, de si las aulas están masificadas o de si las familias pueden acceder a una vivienda pública. Por eso resulta tan grave que, una vez más, Alberto Núñez Feijóo haya decidido rechazar una propuesta que mejora de forma clara y objetiva la vida de millones de españoles y españolas, no por su contenido, sino por venir del Gobierno de Pedro Sánchez.
Lo que estamos presenciando no es un debate honesto sobre cómo repartir mejor los recursos, sino una estrategia de bloqueo. El Gobierno de Pedro Sánchez ha puesto sobre la mesa una reforma de la financiación autonómica que beneficia a todas las comunidades, también a las gobernadas por la derecha. Y ante esa propuesta, Feijóo responde con un no rotundo, sin alternativa, sin modelo propio y recurriendo, como tantas otras veces, a Cataluña como excusa. Pero la realidad es otra: si no fuera Cataluña, pondría sobre la mesa cualquier otro pretexto. El problema nunca es el qué, sino el quién.
El Gobierno de la nación comienza 2026 como terminó el año anterior: gobernando para la mayoría social. Ese es el sentido profundo de la reforma de la financiación autonómica, el sistema que permite a las comunidades sostener el estado del bienestar. Frente a una derecha que concibe lo público como un gasto a contener, el Gobierno entiende los servicios públicos como una inversión imprescindible para la cohesión social y territorial.
La propuesta es clara y contundente. Supone 21.000 millones de euros adicionales para las comunidades autónomas, destinados directamente a sanidad, educación, dependencia o vivienda. Además, refuerza el fondo de solidaridad interterritorial con 3.000 millones más, garantizando que los territorios con mayor capacidad económica contribuyan a que los que tienen menos recursos puedan ofrecer servicios públicos dignos. Eso es solidaridad. Eso es igualdad real entre ciudadanos, vivan donde vivan.
Nunca antes las comunidades autónomas habían contado con tantos recursos como con el Gobierno de Pedro Sánchez. Las transferencias récord, los fondos extraordinarios durante la pandemia y ahora esta reforma lo demuestran con datos. Y, sin embargo, Feijóo decide decir no. No porque la propuesta perjudique a nadie, sino porque reconocer sus virtudes implicaría admitir que existe una forma distinta de gobernar: una que refuerza lo público en lugar de debilitarlo.
Los beneficios sociales de esta reforma son evidentes. Con estos recursos adicionales, las comunidades podrían incorporar 387.000 profesionales sanitarios, sumar 500.000 docentes al sistema educativo o triplicar el parque público de vivienda. No hablamos de promesas vagas, sino de posibilidades reales que dependen de una decisión política. Y Feijóo ha optado por bloquearlas.
Este dinero representa una oportunidad histórica para corregir desigualdades territoriales y reforzar servicios públicos hoy claramente tensionados. En Andalucía permitiría mejorar los programas de detección precoz del cáncer de mama, actualmente insuficientes. En Madrid podría destinarse a rescatar de forma estructural a las universidades públicas, asfixiadas financieramente mientras se impulsa el negocio de las privadas. Pero Feijóo prefiere el enfrentamiento a los resultados.
Como ocurre con demasiada frecuencia, ante la falta de propuestas propias la derecha se instala en la desinformación. Se repite que el modelo rompe la igualdad entre territorios, cuando en realidad reduce a la mitad las diferencias actuales en financiación por habitante. Lo que rompe la igualdad no es repartir mejor los recursos, sino bajar impuestos a quienes más tienen y recortar los servicios públicos que sostienen la vida cotidiana de la mayoría trabajadoras.
También se insiste en que esta reforma responde a exigencias de ERC o está pensada exclusivamente para Cataluña. Nada más lejos de la realidad. El modelo será debatido en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde están representadas todas las comunidades del régimen común, y posteriormente deberá ser aprobado en el Congreso de los Diputados. Es decir, exige diálogo, negociación y mayorías: justo lo que Feijóo rechaza sistemáticamente.
Cataluña se ha convertido en la coartada perfecta, una palabra que la derecha utiliza para agitar emociones y evitar el debate de fondo. Pero no nos engañemos: si Cataluña no existiera, Feijóo encontraría cualquier otra excusa para oponerse. Porque su oposición no es territorial, es ideológica. Se opone a cualquier iniciativa que refuerce el papel del Estado, amplíe derechos para los ciudadanos o mejore los servicios públicos si eso implica reconocer el liderazgo del Gobierno.
La contradicción de Feijóo es evidente. Afirma ahora que su partido aprobaría “de forma inmediata” un nuevo sistema de financiación. Sin embargo, esa afirmación choca con la realidad: ni siquiera los presidentes autonómicos del Partido Popular son capaces de ponerse de acuerdo en un modelo común. Cada uno defiende intereses distintos, sin una propuesta coherente y compartida.
Y hay una segunda pregunta que sigue sin respuesta. ¿Por qué Mariano Rajoy, con mayoría absoluta, no impulsó ni aprobó una nueva financiación autonómica? Gobernó sin depender de nadie y dejó caducar el sistema sin presentar alternativa alguna. Ni voluntad política, ni consenso, ni reforma. Ese es el verdadero historial de la derecha cuando tiene capacidad de gobernar.
La diferencia entre modelos es clara. Desde el Gobierno se ponen propuestas concretas sobre la mesa, se cuantifican los recursos y se plantea un reparto más justo. Desde la oposición de Feijóo solo hay “noes”, alarmismo y ruido. No hay modelo alternativo, no hay cifras, no hay compromiso con los servicios públicos. Solo una estrategia de desgaste que utiliza a las comunidades autónomas como campo de batalla política.
Este debate vuelve a demostrar que en España existen dos proyectos muy distintos. Uno, el socialista, que apuesta por reforzar el estado del bienestar, la solidaridad entre territorios y una política al servicio de la mayoría social. Otro, el de Feijóo, en el que el interés partidista se antepone sistemáticamente a los derechos de la ciudadanía. Y cuando hay que elegir entre estrategia o bienestar, Feijóo vuelve a elegir lo mismo: bloquear, desinformar y mirar hacia otro lado.